En poco menos de un mes, exactamente el 2 de agosto, la Unión Europea comenzará a aplicar nuevas obligaciones contempladas en su Ley de Inteligencia Artificial, una normativa que busca aumentar la transparencia sobre el uso de sistemas de IA y reducir el riesgo de desinformación y manipulación. Entre las medidas más relevantes se encuentra la obligación de identificar determinados contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial, incluyendo imágenes, videos, audios y, en algunos casos, textos relacionados con asuntos de interés público.

Según explicó la Comisión Europea, “las obligaciones de transparencia ayudarán a las personas a reconocer cuando interactúan con la IA o cuando el contenido ha sido generado o alterado por la IA, reduciendo el riesgo de engaño y manipulación”.

La entrada en vigor de estas disposiciones coincide con un momento de rápida expansión de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. En Chile, por ejemplo, el estudio “La Vida con IA en Chile”, elaborado por Google junto a Ipsos, muestra que el 71% de los chilenos ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, mientras que un 39% afirma emplearlas frecuentemente para apoyar distintas tareas cotidianas.

Un nuevo estándar para empresas y desarrolladores

Diego Fuentealba, doctor en Informática y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago, explica que la regulación europea distribuye las responsabilidades entre quienes desarrollan estas tecnologías y quienes las utilizan y explica que compañías como OpenAI, Google o Anthropic deberán incorporar mecanismos técnicos que permitan identificar el contenido generado mediante inteligencia artificial.

Uno de los aspectos que, según Fuentealba, ha recibido menor atención pública es que estas empresas también deberán facilitar herramientas gratuitas para detectar contenido sintético (creado con IA). Respecto de quienes utilizan estas plataformas para producir contenido, el especialista señala que las obligaciones dependerán del contexto en que se emplee la inteligencia artificial. “Quienes despliegan estas herramientas en un contexto profesional o público deberán informar de forma visible cuando publiquen deepfakes o textos generados con IA sobre asuntos de interés público”, explica. Agrega que existe una excepción cuando el contenido ha sido sometido a una revisión humana sustantiva y existe una persona o institución que asume formalmente la responsabilidad editorial del resultado final.

En ese sentido, sostiene que el objetivo principal de la regulación no es restringir el desarrollo tecnológico. “Más que restringir la tecnología, la norma busca que la gente reconozca cuándo un contenido es artificial. La transparencia no quedará escondida en los términos de uso, sino integrada en cómo se produce y se consume el contenido a diario”, afirma.

Chile y su marco regulatorio

Mientras Europa comienza la implementación de estas exigencias, Chile avanza de forma más gradual. Fuentealba explica que actualmente el país cuenta con proyectos de ley que incorporan principios similares a los europeos, aunque todavía no existe un marco regulatorio equivalente plenamente vigente.

“El principal proyecto sobre la materia ingresó al Congreso en 2024 y adopta un enfoque basado en niveles de riesgo, en la transparencia, en la supervisión humana y en la protección de los derechos”, señala.

Además, recuerda que existen iniciativas específicas relacionadas con los denominados deepfakes y otras normas que, indirectamente, ya abordan aspectos vinculados al uso de inteligencia artificial. “Existen mociones específicas para sancionar la imitación digital no consentida de la imagen o la voz, sumadas a normas sobre propiedad intelectual, derechos del consumidor y la nueva Ley de Protección de Datos Personales”, explica Fuentealba.

No obstante, advierte que el principal desafío no será únicamente aprobar la legislación, sino contar con capacidades reales para supervisar su cumplimiento.
Transparencia sin frenar la innovación

Fuentealba sostiene que el principal desafío para cualquier regulación es encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de las personas frente a los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. A su juicio, ambas dimensiones no son incompatibles y pueden avanzar de manera complementaria si las normas consideran el nivel de riesgo de cada aplicación.

El académico añade que la regulación no puede tratar por igual todos los usos de la IA. “La clave radica en distinguir según el contexto de uso y el daño potencial, no en tratar por igual todas las aplicaciones de IA. No se le puede exigir lo mismo a quien utiliza IA para corregir la redacción de un texto que a una empresa que crea un video falso de una autoridad, replica la voz de una persona o genera desinformación política para influir en una elección”, señala.

Elise Servajean, directora de ADA Plataforma de Investigación Acelerada con IA de la Universidad Andrés Bello coincide en que el desarrollo tecnológico y la transparencia deben avanzar de manera conjunta. “La transparencia e innovación no son fuerzas opuestas. El problema aparece cuando se regula pensando en un caso específico, como puede ser los deepfakes, y luego eso se aplica a contextos donde la IA no busca engañar a nadie”, explica.

La investigadora destaca que incluso la ley europea contempla excepciones para la investigación científica precisamente para evitar que una regulación demasiado rígida termine limitando el desarrollo de nuevas tecnologías.