• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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El 18 de octubre de 2019 trajo consigo una serie de costos para las infraestructuras públicas y privadas, el transporte y el comercio, lo que generó un impacto económico considerable, tanto en materia de daños y reparación, así como en la variación del PIB e, incluso, produjo una serie de costos sociales.

“Desde esa fecha a la actualidad han cerrado en torno a 800 comercios, los que son muy difíciles de recuperar debido a que persisten focos en algunas arterias y al avance que ha tenido el comercio ilegal, que ha copado, con todas sus externalidades negativas, áreas anteriormente ocupadas por actividades formales y comunitarias”, manifestó el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever.

¿Qué cifras se registraron?

Con respecto a los datos del 2019, George Lever planteó que:

• En torno a infraestructura, el gobierno calculó en su momento que los daños totales llegaron a los US$ 4.500 millones de dólares.
• Se catastraron cerca de 2.400 infraestructuras dañadas en las primeras semanas.

“Entre las áreas más dañadas se ubicaron, la denominada “zona cero” y áreas periféricas de Santiago, sobre todo en locales comerciales, como supermercados, estaciones de Metro en diversas locaciones, y zonas urbanas a lo largo del país”, asevera Lever.

Según afirma, en torno al PIB de 2019, hasta el 17 de octubre se proyectaba que crecería un 2,5% y terminó creciendo solo un 0,8%, y asegura que esto supuso un costo de unos 4.700 millones de US$ por menor crecimiento para el comercio, sumados a los US$ 4.500 millones en infraestructura directa. En esa línea, el gerente de estudios de la CCS afirma que esa pérdida de infraestructura produjo una menor actividad económica, pero que debido a la llegada de la pandemia meses después, es muy difícil estimarla.

Louis De Grange, ex director del Metro en ese entonces y actual Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP, asegura que el costo total de la reconstrucción del Metro de Santiago, el cual aún no finaliza, se proyectó en US$ 255 millones aproximadamente. “Esto incluyó no solo la recuperación de las estaciones incendiadas y vandalizadas, sino que además refuerzos e innovaciones en materia de infraestructura y tecnología, tanto en estaciones, viaductos y talleres”, explica.

La ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, sostiene que sólo en el sistema de transporte fueron más de 300 millones de dólares invertidos, producto de los daños de Metro, las estaciones, paraderos y buses. Y señala que el daño en infraestructura fue mucho más amplio, en destrucción de edificios, mobiliarios públicos, los semáforos y redes de comunicaciones.

¿Qué implicaron estos daños?

El docente de la Escuela de Postgrado FEN U. Chile, y Director del Diplomado en Finanzas U. Negocios FEN, Jorge Berríos, argumenta que, a nivel de comercio no solo hay un efecto de las ventas y de los daños a la infraestructura, sino que, “además el costo que significa volver a instalar la infraestructura de un negocio”.

Frente a esto, explica que generalmente hay negocios que, por la capacidad instalada, es difícil de recuperar en el corto plazo, y que a veces se requieren a lo menos 5 a 10 años para volver, como es el caso de las empresas que fueron incendiadas o saqueadas.

Gloria Hutt enfatiza en la implicancia de los daños para el tiempo de transporte de las personas, que por muchos meses tuvo un tiempo mayor al habitual. “Esa valoración puede incluso llegar a ser equivalente o superior a aquella de la destrucción de los bienes físicos, así que el daño fue monumental, no sólo en estos elementos de infraestructura, sino también en la alteración de vida de las personas y en el consumo de tiempo en su desplazamiento”, agrega.

En esa línea, Jorge Berríos señala que otro costo social para las personas se refiere a las empresas incendiadas y que las personas perdieron sus fuentes laborales. Y argumenta en torno al caso de supermercados que no volvieron a abrir, generando un impacto para las personas en términos de acceso a servicios básicos.

Además, Berríos asegura que el estallido social generó una pérdida de confianza en las instituciones, junto con la credibilidad de ser un país seguro, y afirma que aún no se recupera. También, se refiere a la pérdida de la confianza económica y política de las instituciones del país. “Esto dio origen a un proceso constitucional fallido, lo que generó a nivel internacional perspectivas negativas para nuestra economía, disminución de la inversión extranjera, se violaron las reglas de profundidad del mercado de valores, perdimos el liderazgo económico dentro de la región”, añade.

¿Qué esperar para el tercer aniversario del 18-O?

Louis De Grange, hace hincapié en la importancia de que el Gobierno respalde a las instituciones, como Carabineros, ya que asegura que es una medida necesaria para iniciar la recuperación de los espacios públicos, y enfrentar con mayor efectividad la delincuencia.

George Lever, asegura que existe un temor respecto al nivel de violencia que puedan mostrar grupos extremos que han producido daños y violencia en el pasado, y señala que se han adoptado medidas de resguardo, como los cierres adelantados. También, asevera que el nivel de apoyo a ese tipo de expresiones violentas ha disminuido notoriamente, por lo que se espera que su intensidad “sea aislada”.

Gloria Hutt sostiene que aún no se puede tener una perspectiva objetiva de análisis de la situación completa, desde su origen hasta el término del proceso. Y manifiesta que esto sólo ocurrirá cuando se legitime una nueva Constitución, y se incorpore una forma de regular la convivencia, a modo de resolver algunos de los problemas que hoy enfrenta la ciudadanía, como seguridad, salud, pensiones y educación.

“La voluntad popular indica que se valora el equilibrio, los acuerdos y especialmente las soluciones a los problemas que las personas han planteado. En eso deberíamos concentrarnos. Y aislar la violencia, la violencia que nos produjo muchos daños a todos, y que no ha resuelto ningún problema”, añade Hutt.