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Aborto en Chile: Implicancias y proyecciones de la norma aprobada en la Convención Constitucional

El tema provino de la iniciativa popular de norma “Será Ley” y generó amplias repercusiones en diversos sectores.

Este martes el pleno de la Convención constitucional (CC) aprobó con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones el segundo inciso de la norma de derechos sexuales y reproductivos, que podría abrir las puertas para que la futura legislación discuta sobre el aborto libre en el país. ¿En qué consiste el inciso aprobado y cuáles podrían ser sus implicancias?

El segundo inciso del artículo n° 16 del informe estipula que el “Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.

Tomás Jordán, abogado constitucionalista y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, explica que el inciso aprobado tiene varias dimensiones que deben ser analizadas. “Primero, en materia de derecho constitucional, los derechos son dispuestos de manera horizontal, sin jerarquías. Por ello, lo que se tiene que regular y establecer bajo parámetros definidos es cómo se va a ejercer el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo. Esto necesariamente requiere de la participación del poder legislativo”.

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Jordán agrega que “el texto habla de ‘las condiciones’, lo que obliga al Estado a disponer, a través de sus órganos, la manera en que este derecho será ejercido. Además, eventualmente se puede generar una colisión con la libertad de consciencia y lo que las facultades prácticas que este derecho implica. En concreto, si el personal de salud no quisiera realizar una interrupción voluntaria del embarazo y decidiera ejercer la objeción de conciencia, la legislación estaría obligada a resolver situaciones de colisiones entre los distintos derechos”.

El informe, aprobado el 15 de marzo, contiene normas referentes a las siguientes temáticas:

• Libertad personal ambulatoria.
• Derechos sexuales y reproductivos.
• Derecho a la vida y la integridad física y psíquica.
• Libertad de asociación.
• Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero.

Claudia Moraga, doctora en derecho y académica de la Universidad de Tarapacá, enfatiza en que “la relevancia del inciso aprobado es que el Estado deberá garantizar el ejercicio de esa prestación. Es sumamente importante que para llevar a cabo los procesos exista la información necesaria y que se cumplan con las condiciones que sean determinadas en la ley”.

La académica agrega que “el inciso no chocaría con el derecho a la vida, como muchos plantean. Esto, debido a que en la posible colisión entre ambos, el derecho de la mujer a la interrupción de su embarazo es superior porque nuestro ordenamiento jurídico no reconoce al que está por nacer como un sujeto de derecho. La Constitución mantendrá la defensa del derecho a la vida y de la criatura que está por nacer, pero como un principio, por lo que no serían dos sujetos de derecho discutiendo por sus derechos”.

El pleno de la Convención Constitucional aprobó además el inciso primero de la misma norma, que estipula que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y el placer”.

Pese a que los incisos primero y segundo obtuvieron la mayoría necesaria, el tercero no alcanzó el quórum necesario para ser incluido en el texto de la nueva Constitución. Este decía que el “Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del proceso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos”. Así, deberá ser modificado en la comisión de origen para someterse a votación en una nueva instancia.

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