• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Las redes de abuso sexual infantil en línea están operando con niveles de coordinación, agresividad y sofisticación inéditos en Chile y el mundo. Ataques simultáneos desde múltiples cuentas, hostigamiento persistente, extorsión sexual y el uso de tecnologías como deepfakes forman parte de un ecosistema delictual que ha escalado con rapidez y que hoy desafía la capacidad de respuesta del Estado, las policías, el sistema judicial y las propias plataformas digitales.

Tal como consignó El Mercurio, en el Congreso Futuro 2026, la experta Lianna McDonald advirtió que los casos de abuso sexual infantil online aumentaron un 228% entre 2023 y 2025. “Hoy les voy a compartir información que es muy sensible”, advirtió Lianna McDonald al iniciar su presentación, antes de mostrar testimonios de mujeres jóvenes que fueron víctimas de abuso infantil sexual.

Según detalló, su organización recibe más de 30 mil reportes anuales relacionados con este tipo de violencia, una cifra que da cuenta de la magnitud del problema y de un registro que sigue siendo alto. El crecimiento explosivo de estos delitos está directamente vinculado al uso cada vez más temprano de entornos digitales por parte de niños, niñas y adolescentes, cuyo promedio de acceso hoy se sitúa en torno a los ocho años.

La preocupación también quedó plasmada en el documento “Violencia sexual digital contra niños, niñas y adolescentes: Hacia una estrategia de abordaje integral”, presentado por la Defensoría de la Niñez en diciembre de 2024. El informe sistematiza estudios nacionales e internacionales y evidencia una serie de brechas estructurales en la prevención, persecución penal y reparación del daño. “Los ambientes digitales desempeñan hoy un rol muy importante en diversos aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes (…) Sin embargo, también hay una serie de riesgos para su integridad”, señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien ha insistido en la urgencia de avanzar hacia una estrategia integral de protección.

A diferencia de los modelos tradicionales de abuso digital, marcados por el contacto individual entre agresor y víctima, las redes actuales operan de forma coordinada. Quesille explica que hoy se observa la acción de grupos que atacan de manera simultánea desde distintas cuentas, generan presión psicológica sostenida y utilizan material manipulado digitalmente para extorsionar. “Las tecnologías de la información han favorecido estrategias de captación cada vez más complejas (…) la ausencia de análisis criminales sobre las violencias sexuales nos coloca en una seria desventaja, pues impide abordar de manera efectiva el fondo del problema”, advierte.

Brechas en persecución penal y fiscalización

Consultado sobre la capacidad de respuesta institucional, Quesille sostiene que el sistema de justicia chileno aún no cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar estas nuevas formas de violencia y garantizar entornos digitales seguros. Persisten vacíos críticos, como la falta de obligaciones legales para empresas digitales: “Actualmente no existen deberes jurídicos que obliguen a los proveedores de servicios digitales a favorecer espacios de prevención. Estas medidas no pueden depender únicamente de la voluntariedad o la ética empresarial, sino que requieren obligaciones legales concretas”.

A ello se suma una fragmentación de las políticas públicas. Actualmente, las iniciativas en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial, protección de la niñez y datos personales avanzan por carriles separados, sin un marco normativo que articule una respuesta coherente frente a la violencia sexual digital. Desde la Defensoría de la Niñez advierten que esta dispersión debilita la gobernanza y retrasa la implementación de medidas preventivas efectivas.

Impacto psicológico profundo y duradero

Más allá del ámbito legal y tecnológico, los especialistas coinciden en que el daño provocado por la violencia sexual digital suele ser subestimado. Ana María Tello, directora de la Escuela de Educación del Instituto Profesional Iplacex, explica que muchas víctimas enfrentan el abuso en silencio, especialmente cuando el agresor es una persona cercana. “El miedo les impide hablar y cuando lo hacen, transitan un largo camino para poder procesar la situación vivida”, señala. La UNESCO consigna que este tipo de violencia con trastornos del sueño, depresión, ideación suicida y conductas de riesgo pueden extenderse durante toda la vida.

Daniela Muñoz, psicóloga y académica de la Universidad San Sebastián, agrega que “desde la formación de fuerzas policiales, sistemas judiciales y plataformas digitales es aún desigual frente a estas nuevas formas de violencia sexual infantil. Si bien existen avances, muchas respuestas siguen pensadas para modelos tradicionales de abuso, lo que dificulta comprender dinámicas grupales, coerción emocional y dependencia afectiva”.

Agrega que “muchas veces el foco está puesto en la prueba y no en el daño psicológico, lo que puede derivar en revictimización y silencio”, advierte. Según la especialista, estas experiencias afectan la autoestima, la identidad y la capacidad de confiar en los adultos, con consecuencias que se proyectan a largo plazo.

A nivel familiar, el impacto también es profundo. Culpa, angustia, quiebres en las relaciones y sobreprotección son reacciones frecuentes frente a un escenario para el cual muchas familias no cuentan con herramientas. De ahí la importancia, enfatizan los expertos, de garantizar acompañamiento psicológico temprano y sostenido, tanto para las víctimas como para su entorno cercano.