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Acuerdo de Escazú: El pacto firmado por el Presidente y sus implicancias

El gobierno anterior rechazó suscribirlo, pero el Presidente Boric sí se adhirió. ¿Qué razones existen?

Tal como prometió durante su campaña presidencial, el Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley que busca que Chile se sume al Acuerdo de Escazú, pacto medioambiental que fue impulsado por Chile y Costa Rica en 2018 y que fue ratificado y suscrito por diversos países de América Latina y el Caribe en septiembre de 2020. ¿En qué consiste el tratado y qué implicancias podría tener para el país?

Según el documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

El acuerdo ha sido firmado por 24 países de la región y ratificado por 12 ellos: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

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“El objetivo del pacto es avanzar en el derecho a la información, que las personas tengan mejor acceso a los datos y actividades económicas que puedan afectar o vulnerar el medio ambiente y así se puedan generar espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones. Así el Acuerdo de Escazú promueve una participación ciudadana real en la creación de políticas públicas en materia medioambiental”, explica Michael Hantke, experto en derecho ambiental y ex ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Entre los principales artículos e incisos del pacto destacan:

• Acceso a la información ambiental: “Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”.
• Acceso a la justicia en asuntos ambientales: “Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso”.
• Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Hantke agrega que “la suscripción de Chile al acuerdo es un gran avance en materia medioambiental que implicará un gran trabajo en materia legislativa y judicial. Estos poderes deberán garantizar que los artículos especificados en el pacto sean cumplidos en territorio nacional, lo que implicará la generación de normas, protocolos e instancias que hasta hoy no existen, o simplemente no son utilizados en nuestro país”.

Chile fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de Escazú desde 2018, el 22 de septiembre de 2020, cuatro días antes de que los países ratificaran el pacto, el gobierno de Sebastián Piñera decidió no firmar el documento. En la instancia, se explicó que el gobierno consideraba “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación ambiental interna, todo lo que generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.

Sin embargo, Carolina Riquelme, doctora en derecho y magíster en derecho ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, explica que “aún no queda completamente claro por qué el gobierno de Sebastián Piñera no firmó el pacto luego de haberlo impulsado en diversas ocasiones. Una de las opciones que se proyectan al respecto hablan de que el reacondicionamiento empresarial que implica el pacto en términos de costos y compromisos presionó al gobierno anterior a no ser partícipe”.

Finalmente, Riquelme destaca que con la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, “quedamos habilitados como país para participar en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del acuerdo, la que se realizará en la sede de la Cepal en Santiago, el próximo 22 de abril”.

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