• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Los alcaldes de Estación Central, Lo Espejo y San Ramón son algunos de los ediles que han recibido amenazas por parte de la delincuencia en los últimos meses, en un escenario que confirma el aumento sostenido de la presión criminal sobre las autoridades locales en la Región Metropolitana. No se trata de hechos aislados ni de episodios puntuales: según las cifras disponibles, casi el 70% de los alcaldes de la capital reconoce haber sido víctima de algún tipo de amedrentamiento, desde mensajes intimidatorios hasta amenazas directas de muerte. Un fenómeno que avanza en paralelo al fortalecimiento de bandas vinculadas al narcotráfico, al control territorial y al comercio ilegal, y que comienza a instalar nuevos desafíos para la gobernabilidad local y la seguridad democrática.

El diagnóstico fue planteado públicamente por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien advirtió que más de un tercio de los alcaldes de la Región Metropolitana enfrenta amenazas de muerte. Según explicó días anteriores, esta situación está directamente relacionada con las acciones impulsadas desde los municipios para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos, recuperar espacios públicos y restringir actividades ilícitas.

El fenómeno no se restringe a la capital. En regiones, alcaldes de distintas comunas han comenzado a enfrentar situaciones similares, aunque con distintos niveles de intensidad. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, relató que tras la aplicación de una ordenanza que prohíbe el comercio ambulante en el centro de la ciudad, fue amenazado de muerte. “Es lamentable que el crimen organizado se haya instalado en nuestro país con prácticas que antes sólo veíamos en la televisión o en series”, señaló, advirtiendo que estas conductas buscan intimidar a autoridades democráticamente electas y frenar decisiones de política local.

Para Wainraihgt, el caso de la alcaldesa de Lo Espejo es ilustrativo de un problema mayor. A su juicio, el Estado debe actuar de manera distinta y con mayor coordinación para enfrentar a organizaciones que operan con lógica de poder territorial. “La única manera de enfrentar al crimen organizado es que el Estado esté más organizado que los delincuentes”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que cuando las instituciones se ven permeadas por la extorsión o la amenaza, todo el sistema democrático comienza a resentirse, especialmente si no existe certeza sobre la aplicación efectiva de las penas.

Desde comunas más pequeñas, el diagnóstico es similar, aunque con matices. El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, reconoció que su territorio, mayoritariamente rural, no enfrenta niveles de violencia comparables a grandes centros urbanos, pero alertó que las cifras nacionales son preocupantes. “Ningún territorio está completamente ajeno a esta realidad”, afirmó, subrayando la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y destinar recursos especializados para anticiparse a estas nuevas formas de intimidación. Para Urrutia, permitir que bandas criminales intimiden a autoridades locales implica debilitar directamente la gobernabilidad.

En la misma línea, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, apuntó a la sofisticación creciente del modus operandi criminal. Según explicó, las bandas ya no actúan al margen de la comunidad, sino que operan con conocimiento detallado del territorio, de las rutinas de las autoridades y de sus entornos familiares. “Las amenazas no solo buscan coaccionar decisiones específicas, también tienen el objetivo de establecer poder en determinadas zonas”, señaló. En la práctica, esto se traduce en alcaldes que evitan visitar ciertos barrios sin coordinación policial o que postergan planes de recuperación urbana por falta de condiciones de seguridad, lo que a su juicio implica un retroceso del Estado de derecho.

Desde una mirada experta, el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y analista en seguridad, Eduardo Labarca, explica que el aumento de amenazas responde a un cambio en el foco del crimen organizado. Los alcaldes se han empezado a posicionar como actores relevantes en el combate al crimen, llenando vacíos que el Estado dejó durante años, señala. Según Labarca, cuando algunos jefes comunales comenzaron a utilizar herramientas administrativas —como ordenanzas, demoliciones o clausuras— para intervenir en territorios controlados por bandas, estas reaccionaron desplazando su presión desde las policías hacia las autoridades locales.

El experto advierte que las amenazas también han evolucionado en su forma. Ya no se trata solo de advertencias genéricas, sino de mensajes que incorporan información personal, direcciones, rutinas y datos familiares, lo que evidencia un trabajo básico de inteligencia criminal. “Eso obliga a que algunos alcaldes cuenten con escoltas policiales permanentes”, explica. Sin embargo, aclara que el objetivo principal de estas bandas no es necesariamente hacerse visibles, sino lograr que las autoridades “los dejen trabajar” y no interfieran en sus economías ilegales.

La relación entre amenazas y control territorial es directa. Según Labarca, los grupos criminales buscan ejercer dominio absoluto sobre determinados sectores, donde toda actividad ilícita debe tributar a una estructura superior. En ese contexto, las autoridades locales representan un obstáculo cuando intentan recuperar espacios, regular el comercio o reforzar la fiscalización. El problema, advierte, es que los alcaldes no cuentan con herramientas estructurales para enfrentar este fenómeno: no son responsables de la persecución penal ni del combate directo al crimen organizado, pero terminan expuestos por llenar un vacío estatal.