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La reciente desarticulación de una organización dedicada al tráfico de armas en distintas regiones del país volvió a mostrar una modalidad delictual que hasta hace pocos años parecía lejana para Chile: la fabricación y comercialización de armas mediante impresión 3D. El operativo, encabezado por la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió detener a cerca de 70 personas, entre ellas ocho adolescentes, e incautar armas de fuego, incluyendo impresoras 3D e insumos para la elaboración de municiones.

Aunque la fabricación de armas mediante impresión 3D todavía no constituye la principal fuente de abastecimiento del mercado ilegal, especialistas advierten que el reciente procedimiento marca un punto de inflexión.

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián y exfiscal, sostiene que “la fabricación de armas mediante impresión 3D todavía no parece representar una proporción significativa del armamento ilegal que circula en Chile. Sin embargo, el último procedimiento demuestra que ya no estamos ante una curiosidad tecnológica ni frente a casos meramente experimentales. La existencia de una organización capaz de fabricar piezas, ensamblar armas, ofrecerlas por plataformas digitales y distribuirlas en distintas regiones revela que este fenómeno comenzó a incorporarse al mercado criminal”.

El especialista explica que actualmente las principales fuentes de abastecimiento continúan siendo las armas robadas, desviadas desde circuitos legales, modificadas artesanalmente o ingresadas clandestinamente al país. Sin embargo, advierte que la impresión 3D podría transformarse rápidamente en una alternativa para las organizaciones criminales, ya que permite fabricar componentes en un domicilio.

La irrupción de esta tecnología también modifica la forma en que las policías deben enfrentar el tráfico ilegal de armas. Toledo explica que una impresora 3D es un dispositivo completamente legal, utilizado en ámbitos industriales, educacionales y domésticos, por lo que su sola tenencia no constituye un delito. En consecuencia, para acreditar responsabilidades penales es necesario reunir evidencia que vincule la impresora con archivos digitales, piezas fabricadas, componentes adquiridos, comunicaciones entre vendedores y compradores, pruebas de funcionamiento y la intención de fabricar o comercializar armas.

A ello se suma que muchas operaciones comienzan en plataformas abiertas y luego migran hacia grupos privados de WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones de mensajería cifrada, donde se utilizan identidades falsas, pagos electrónicos y mecanismos de entrega fragmentados que dificultan el trabajo investigativo. Según el exfiscal, perseguir estas redes requiere combinar análisis criminal, infiltración digital autorizada judicialmente, inteligencia financiera, peritajes informáticos y conocimientos balísticos especializados.

Una visión similar plantea Eduardo Labarca, prefecto (R) de la PDI, quien sostiene que, aunque aún no se trata de un fenómeno masivo, sí constituye una amenaza creciente. “En Chile ya existen casos concretos que demuestran que estas armas dejaron de ser una posibilidad y pasaron a ser una realidad. Lo complicado es que la tecnología para fabricarlas es cada vez más accesible”, señala.

Respecto de la labor policial, agrega que “la principal dificultad es que no se requiere una fábrica clandestina. Una impresora 3D y sus materiales son relativamente fáciles de conseguir, permiten fabricar piezas en un domicilio. Además, la comercialización suele realizarse mediante redes sociales, lo que dificulta la detección temprana”.

El desafío de la legislación

Uno de los aspectos que preocupa a los especialistas es la velocidad con que evoluciona esta tecnología respecto de la capacidad regulatoria del Estado. Toledo sostiene que la Ley de Control de Armas permite perseguir la fabricación, tenencia, porte y comercialización de armas impresas mediante tecnología 3D, además de armas artesanales o sin número de serie. No obstante, advierte que el principal desafío aparece antes del ensamblaje, cuando solo existen archivos digitales, planos o piezas individuales que, por separado, no necesariamente constituyen un arma según la legislación vigente.

Por ello, considera necesario revisar la regulación de la distribución de archivos destinados específicamente a fabricar armas, además de fortalecer el control sobre kits de ensamblaje y componentes esenciales, procurando no afectar los usos legítimos de la impresión 3D en ámbitos productivos, académicos o científicos.

Labarca coincide en que la legislación enfrenta un escenario complejo. “La ley chilena sanciona la fabricación y tenencia ilegal de armas, pero el desafío está en que muchas piezas impresas, por separado, no siempre son consideradas armas hasta que son ensambladas. La tecnología avanza más rápido que la regulación y eso obliga a actualizar las herramientas legales”, afirma.

Los expertos señalan que las denominadas “armas fantasma” representan un desafío adicional porque carecen de trazabilidad, dificultando reconstruir su origen o establecer su recorrido una vez utilizadas en un delito. Aunque pueden dejar evidencia balística, genética o digital, desaparece uno de los mecanismos tradicionales de investigación: seguir el historial del arma desde su fabricación hasta su último propietario.