• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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En la edición del domingo de El Mercurio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al preocupante aumento de menores asesinados entre 2022 y el 2023. En la entrevista la autoridad advirtió que existe una “preocupación pública evidente respecto de la cantidad de homicidios de los que estaban siendo víctimas, niños, niñas y adolescentes. Tiene sustento en la realidad: en 2023 aumentó la cantidad de niños víctimas de homicidios respecto de 2022 (…) En 2022 tuvimos 54 casos de niños que fallecieron en homicidios, en 2023 pasamos a 66. Eso representa un alza de la tasa de cerca del 20 %”.

Precisamente, tras la publicación de la entrevista, un niño de 8 años murió dentro de su departamento en la comuna de Puente Alto tras recibir un impacto de bala. El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto con la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron las pericias para determinar las causas en el caso, y a pesar de que el menor fue trasladado a un centro asistencial, se confirmó su muerte.

De acuerdo con la información de las policías, el hermano del niño de 8 años, un adolescente de 14 años fue detenido tras confesar el hecho. Todo sucedió cuando los menores de edad se encontraban solos en el domicilio, mientras sus padres estaban en un funeral. Según el fiscal de ECOH, Sergio Soto, en la noche del domingo ocurrió un tiroteo entre bandas rivales en el sector, luego de ello, uno de los participantes dejó el arma en un árbol y precisamente, el adolescente la buscó y la manipuló durante la noche, quitándole la vida a su hermano.

Antecedentes de la situación

En enero de este año, la Defensoría de la Niñez, a través del Observatorio de Derechos, informó que solo hasta la última semana del año 2023, un total de 38 niños, niñas y adolescentes (NNA) fallecieron producto de lesiones producidas con armas de fuego. Asimismo, en el análisis compartieron que existe un aumento de diversos indicadores de violencia hacia la niñez y adolescencia.

Solo cinco meses más tarde, Valencia advierte que es un indicador que genera gran inquietud por los hechos que se han registrado. En dicho informe de la Defensoría de la Niñez, se registra que en 2020 murieron 33 NNA, en 2021 fueron 29 casos y para el 2022, la cifra se ubica en 49 fallecidos; un aumento significativo que refleja no solo el incremento de la violencia hacia la niñez, sino también la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Las posibles causas

Pilar Lizana, investigadora en AthenaLab y experta en seguridad, menciona que en la actualidad existe un fenómeno que antes no ocurría y que se debe añadir al análisis para referirse al tema. La experta señala que esto tiene que ver con el hecho de que los menores de edad están cometiendo más delitos, “Esto está relacionado con el hecho de que existen bandas criminales que utilizan a los menores de edad para cometer ilícitos, porque la justicia en ellos se aplica distinto”.

Adicionalmente, Lizana apunta a que “tenemos el hecho que se está dando cada vez con más fuerza que los jóvenes están prefiriendo muchas veces integrar bandas de narcotráfico barrial, porque eso le da estatus, le da poder, le da acceso a dinero y a bienes muchísimo más rápido, que si siguieran la vía tradicional y legal de estudiar en un colegio, en una carrera de formación universitaria o técnica. Muchos jóvenes están siendo captados por grupos criminales, mucho más organizados, que salen de la delincuencia común (…) y esto los expone muchísimo más”.

Por su parte, Matías Garretón, académico del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señala que “la mayoría de los adolescentes que han sido víctimas de homicidios han sido víctimas en situaciones delictivas, esto quiere decir que los adolescentes se están exponiendo a más situaciones de riesgo, principalmente por delinquir”.

“Lo que hay detrás de esto es que hay una mayor participación de adolescentes en ilícitos violentos. Ahora esto no es espontáneo. Es una práctica bien establecida en organizaciones criminales que cuando están expandiendo su negocio y necesitan más recursos humanos, van y reclutan adolescentes, son más baratos, tienen menos inhibiciones, suelen ser más violentos y además los pueden entrenar de pequeño para que, a medida que crecen, vayan siendo cada vez más eficientes en su actuar”, detalla Garretón.
Asimismo, debido al contexto de crisis de seguridad y las posibles causas del aumento, apunta a que “probablemente siga siendo una tendencia al alza”.

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, advierte que de no “adaptarse medidas de prevención eficaces, persecución penal y de reparación de diverso tipo, podría seguir al alza” esta tendencia. Añade que “el aumento del crimen organizado se verifica a nivel mundial y Chile no está ajeno a ello. Este logra entrar en contextos de inexistencia o baja calidad de políticas públicas no solo en materia de prevención y posterior persecución eficiente del delito; sino que también de políticas públicas en general, en donde el Estado se encuentra ausente generando exclusión social y territorial, y que transforman el pertenecer a bandas delictuales en la única alternativa y expectativa de vida para muchos niños, niñas y adolescentes”.

¿Qué dicen las autoridades?

Natalia Romero, diputada de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados, señala que el aumento en un 20% de los homicidios de menores en Chile “demuestra que nadie, ni por su edad, género o condición social, está exento de la grave crisis de seguridad que actualmente estamos viviendo. Por supuesto que pueden existir múltiples razones, que esperamos sean aclaradas lo antes posible por las autoridades, pero una de ellas puede ser la mayor presencia de menores en organizaciones delictivas. Todos sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado utilizan a menores como “soldados”, ya sea por su condición de inimputabilidad o por las penas menores que reciben, y allí es fundamental perfeccionar la actual legislación”.

El Defensor de la Niñez apunta que existen acciones para disminuir este indicador y comenta que a nivel social, es necesaria la ejecución de políticas públicas de prevención, las cuales no solamente deben basarse en medidas de seguridad de corto plazo, sino que políticas públicas de protección social reforzada, como por ejemplo: apoyo al cuidado, revinculación escolar, salud mental, apertura de espacios públicos protegidos, inserción laboral, reinserción social; que permitan trabajar sobre los factores protectores de la niñez y adolescencia, ante la entrada del crimen organizado.