• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El último informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros volvió a prender las alarmas sobre un fenómeno que se ha ido consolidando en la Región Metropolitana: los asaltos cometidos por motochorros. De acuerdo con el documento, estos delitos pasaron de 183 episodios en todo 2023 a 248 solo hasta agosto de este año, lo que refleja un aumento sostenido pese a que las detenciones también han crecido. El comportamiento muestra una modalidad delictual en expansión territorial, con desplazamientos rápidos y bajo riesgo percibido por parte de quienes la ejecutan.

El reporte identifica a Santiago Centro como la comuna más afectada, con 85 episodios en lo que va de 2025. Le siguen Ñuñoa (26) y Providencia (17), consolidando un corredor delictual en el sector oriente de la capital. Sin embargo, el fenómeno no se restringe a estas zonas: La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8) también registran cifras importantes, lo que evidencia que la movilidad de las bandas se ha ampliado hacia sectores con alta afluencia de personas, zonas comerciales y accesos directos a autopistas y vías de escape.

El informe también detalla los días y horarios predilectos de los asaltantes, viernes y sábado concentran la mayor cantidad de casos, principalmente entre las 08:00 y 19:59. Mientras que el domingo aparece como el día con menor incidencia. En cuanto al perfil de los detenidos, predominan hombres jóvenes y, mayoritariamente, extranjeros. Según el reporte, en los últimos tres años la nacionalidad extranjera más frecuente ha sido la venezolana.

Factores detrás del aumento

Según David Jara, investigador del Centro UC Justicia y Sociedad, la expansión del fenómeno está directamente vinculada a la baja percepción de riesgo de los delincuentes.

“Un factor que incide en el aumento de este tipo de delitos es la minimización del riesgo de aprehensión frente al beneficio económico obtenido. Aunque aumenten las detenciones, ese incremento no es proporcional al alza de los casos. La tasa de detención sigue siendo baja respecto del total de denuncias”, explica.

Agrega que esto también genera desincentivos a denunciar, sobre todo cuando los robos están asociados a objetos de bajo monto, como celulares o mochilas.

Jara también apunta a brechas estructurales: la fiscalización preventiva continúa siendo insuficiente. “El informe de DIPRES de 2024 mostró brechas persistentes en cobertura de fiscalización vehicular y en patrullajes focalizados. Los vehículos de radiopatrulla siguen siendo menos efectivos que los controles preventivos en áreas prioritarias”, señala.

Mayor vigilancia, desplazamientos criminales y concentración urbana

Para el académico de la Universidad de Santiago y experto en seguridad pública, Jorge Araya, parte del repunte responde a un fenómeno simultáneo: mayor atención policial y un desplazamiento del delito hacia modalidades de bajo riesgo.

“Como han aumentado los casos, también ha habido más fiscalización de Carabineros. Eso genera más persecuciones, más detenciones y un aumento en los partes policiales”, señala.

No obstante, explica que cuando los delincuentes advierten más vigilancia en ciertos delitos –como los portonazos o el narco en sectores específicos– migran hacia delitos que consideran más “fáciles y rápidos”, como los asaltos en moto.

Araya afirma que la concentración de estos delitos en comunas como Santiago, Ñuñoa o Providencia tiene relación con la masiva circulación de personas, trámites, comercio y servicios. “Son zonas con mucha actividad peatonal, pero además con vías principales y accesos directos a autopistas, lo que facilita la huida. En San Miguel o La Cisterna, por ejemplo, puedes tomar una avenida grande en segundos”, advierte.

Brechas en la fiscalización

Araya coincide con Jara en que la fiscalización sigue siendo uno de los puntos más débiles. Recuerda que aún se está a la espera de una evaluación profunda del plan “Calles sin Violencia”, diseñado para intervenir masivamente en zonas críticas con controles vehiculares, especialmente de motos en situación irregular.

Sin embargo, asegura que su implementación ha sido limitada: “Nos topamos con la falta de personal policial y la falta de equipamiento para realizar las fiscalizaciones necesarias. Sin controles permanentes y sin continuidad, el efecto se diluye”.

El experto añade que, en paralelo, un mayor control sobre otros delitos ha llevado a bandas completas a reorientarse: “Cuando hay más control para evitar portonazos o golpes a locales comerciales, los delincuentes buscan otras modalidades. Y esta es una modalidad fácil, rápida, con motos que muchas veces son usadas informalmente”.

En esa línea, Araya considera que el fenómeno podría seguir creciendo en los próximos meses mientras no exista un plan de reacción robusto. “Son grupos que necesitan generar ingresos y, si no tienen espacio en el comercio informal, migran hacia estos delitos. Es probable que sigamos viendo robos rápidos, intimidación en vías principales y más asaltos en moto. No es algo que vaya a detenerse en el corto plazo”.