• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La crisis de seguridad que enfrenta Chile ha llevado a los ciudadanos a realizar cambios importantes en sus rutinas. Lo que antes era el trayecto habitual del trabajo a la casa, las salidas nocturnas o el hecho de frecuentar ciertos sitios, hoy se ha transformado: muchas personas evitan salir a determinadas horas o cambian sus recorridos habituales. A esta tendencia de nuevos hábitos, se suma el interés creciente de algunos en adquirir un arma para la defensa propia.

Por ejemplo, según consignó El Mercurio, esta semana en la madrugada, en Cerrillos, seis hombres entraron a la casa de una familia para robar y solo huyeron cuando un vecino disparó al aire. De igual forma, en La Pintana, un grupo de delincuentes amenazó con armas a un exmagistrado, quien señaló que, de haber tenido un arma, la habría utilizado.

En medio de la crisis de seguridad, crece el ánimo ciudadano por armarse como mecanismo de defensa frente a la delincuencia, lo que configura una posible nueva tendencia. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, sostiene que el aumento de personas dispuestas a armarse refleja principalmente la desconfianza hacia el Estado y la sensación de que este no es capaz de protegerlas, “es el síntoma de una sociedad que empieza a buscar en la autodefensa armada lo que no encuentra en la presencia policial y en la eficacia de las instituciones”.

El experto advierte que esta situación representa un riesgo mayor, ya que la presencia de más armas en contextos civiles eleva la probabilidad de delitos, riñas, accidentes o conflictos domésticos, especialmente en un país donde más de la mitad de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Dilemas y riesgos

Toledo añade que el dilema legal y social es complejo. El derecho a la legítima defensa en Chile está limitado por exigencias claras de racionalidad y proporcionalidad. Disparar al aire o contra delincuentes en fuga no siempre cumple esos criterios y puede exponer al ciudadano a querellas, responsabilidad penal e incluso civil. A esto se suma el riesgo del desvío: una mayor tenencia de armas legales en hogares facilita su robo y su posterior llegada al mercado ilícito, un fenómeno ya documentado que alimenta el poder de fuego de organizaciones criminales. Socialmente, la evidencia demuestra que más armas en casa no reducen la delincuencia, pero sí aumentan la probabilidad de accidentes y la letalidad en casos de violencia intrafamiliar.

En ese sentido, Toledo explica que el marco regulatorio en Chile “ha ido en la dirección opuesta al ánimo ciudadano de armarse”. La Ley 17.798, reforzada por la Ley 21.412 en 2022, establece requisitos estrictos: inscripción, exámenes, controles de salud mental y reacreditación periódica para obtener un arma.

La Dirección General de Movilización Nacional es la entidad encargada de la fiscalización. En los últimos años, según Toledo, se ha intensificado la destrucción de armas incautadas y los controles para reducir filtraciones. A septiembre de 2024, en Chile había más de 864 mil armas inscritas. Sin embargo, el especialista subraya que la sola tenencia de un arma no garantiza mayor seguridad y, por el contrario, puede aumentar los riesgos para quienes la poseen y su entorno.

Por su parte, Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad, señala que este fenómeno refleja los altos niveles de temor frente al delito y la baja confianza en las instituciones encargadas de controlarlo. En este escenario, muchas personas sienten que deben autoprotegerse, lo que se traduce en cambios de rutina, como evitar ciertos sectores u horarios.

Agrega que, dentro de esas medidas, algunas familias optan por alarmas o seguridad privada, pero que el uso de armas es la más peligrosa, pues puede tener consecuencias letales. “Hay países donde la tenencia de armas está más extendida, como en Estados Unidos, y vemos cómo esos niveles de violencia son significativamente más altos”, apunta.

Droppelmann también enfatiza que portar un arma no asegura una mejor defensa, ya que puede incrementar el riesgo de accidentes domésticos, el acceso por parte de menores de edad o su robo para ser usado en delitos. Por lo tanto, afirma, más que una solución, la autodefensa armada resulta una amenaza para la seguridad de las propias familias.

Desde la perspectiva de Toledo, el desafío es múltiple. Primero, cerrar las brechas por donde las armas legales terminan en el mercado negro, lo que requiere trazabilidad de municiones, registros más precisos y fiscalización inteligente. Segundo, comunicar con claridad los límites de la legítima defensa y las consecuencias legales de su mal uso. Y tercero, reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, con tiempos de respuesta policial más rápidos y estrategias de prevención situacional que devuelvan a las comunidades la sensación de seguridad. “El país debe enfrentar este debate con datos y evidencia, evitando que la percepción de inseguridad derive en soluciones individuales que, lejos de proteger, terminen agravando la violencia”, concluye.