• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El martes de esta semana se registró un momento dramático en el desalojo de la toma en el sector del Cerro 18 de Lo Barnechea, pues alrededor de 30 familias que permanecían en el asentamiento irregular de la Quebrada Las Zorras fueron desalojadas tras el cumplimiento del decreto municipal que declaró la inhabilidad y ordenó la demolición de construcciones sin permiso en terrenos municipales ubicados en una zona de alto riesgo.

El coronel Jaime Parraguez, prefecto Santiago Andes, dijo en un punto de prensa que algunos pobladores reaccionaron con resistencia durante el operativo, lo que incluyó el lanzamiento de objetos contundentes y la instalación de barricadas que interrumpieron el tránsito.

Cifras que definen el problema

Esta situación evidencia el problema estructural de los campamentos en Chile y la expansión de este fenómeno. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, actualmente existen 120.584 familias viviendo en asentamientos de este tipo.

El mismo estudio identificó 1.428 campamentos distribuidos en todo el territorio, la cifra más alta desde 1996. El dato representa un aumento del 10,6% respecto de la medición anterior, lo que equivale a la incorporación de más de 6.000 nuevas familias en el período comprendido entre 2023 y 2025. Además, la investigación reveló que el 35% de las familias en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución definitiva.

Combinación de factores

Desde TECHO-Chile explican que este crecimiento responde a una mezcla de factores estructurales y coyunturales, donde el principal origen es socioeconómico. Entre los factores estructurales, detallan que la dificultad para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o arriendo, es determinante. Más del 80% de los campamentos señala que las familias llegaron porque no podían pagar un arriendo o porque vivían de allegadas.

“Esto ocurre en un contexto donde los salarios no han crecido al mismo ritmo que el valor de la vivienda: en la última década, el precio de las viviendas ha aumentado cuatro veces más rápido que el salario promedio. Como resultado, los arriendos se vuelven prohibitivos, obligando a muchas familias a destinar más de un tercio, y en muchos casos más de la mitad, de sus ingresos solo al pago de alquiler, lo que se vuelve insostenible ante cualquier contingencia”, explican.

Asimismo, comentan que a esto se suman factores coyunturales asociados a eventos excepcionales: “Entre 2019 y 2020, periodo marcado por el estallido social y luego la pandemia, se crearon más de 300 nuevos campamentos, un incremento sin precedentes. La pandemia golpeó con fuerza a los hogares más vulnerables, aunque cerca del 90% de las personas en campamentos trabaja, la mitad lo hace de manera informal, lo que implicó una pérdida abrupta de ingresos durante las cuarentenas y restricciones sanitaria”.

Fallas del Estado

Américo Ibarra, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de Santiago, señaló que el Plan de Emergencia Habitacional ha tenido avances, pero continúa mostrando rezagos importantes, con lentitud en la ejecución y metas incumplidas en varias regiones. Según el académico, la estrategia carece de una mirada integral que incorpore acceso a suelo urbano y prevención de nuevos asentamientos, lo que impide revertir el crecimiento de los campamentos.

Carlos Aguirre, académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, comenta que el Plan de Emergencia Habitacional ha puesto el foco en reducir costos de construcción mediante mayor industrialización, lo que considera un avance relevante. Sin embargo, advierte que el problema de fondo sigue siendo el déficit de suelo bien ubicado para vivienda social.

“El precio del suelo urbano aumenta transversalmente, lo que obliga a emplazar viviendas sociales en zonas alejadas de los centros de trabajo, aun cuando el costo de construcción sea más bajo”, explica. Para enfrentar este problema, afirma, se requieren políticas de gestión de suelo más robustas, como bancos de suelo público y estrategias activas que aseguren terrenos bien localizados para proyectos habitacionales.

Desde la perspectiva de TECHO-Chile explican que si bien el Plan de Emergencia Habitacional es valorado por aumentar la oferta de vivienda y diversificar soluciones, sigue siendo insuficiente para las familias de campamentos. “Entre la meta total de la estrategia se comprometieron 40.599 soluciones habitacionales para familias en campamentos, pero hasta agosto de 2025 solo se habían entregado 4.500 y se estaban gestionando alrededor de 16.500, lo que representa un 52% de avance. Esto refleja un rezago significativo”.