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Colusión entre empresas en Chile: Lo que implica este delito y cómo se investiga

¿Qué dice la ley y cómo se sanciona?

La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) donde se acusa a tres empresas de transporte de valores de acordar sus precios durante los años 2017 y 2018. La colusión habría sido entre Brink’s, Prosegur y Loomis y la sanciones suman un total de US$63,4 millones, siendo la primera de estas compañías la más afectada. Junto con eso, también se aplicarían multas a los gerentes generales de las empresas que funcionaron como un cartel para manejar la competencia y afectar el mercado.

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¿Qué es una colusión?: En términos sencillos es un acuerdo que “afecta el mercado”, dice Gustavo Balmaceda, abogado y director académico de Tutores Derecho Capacitaciones. En la biblioteca del congreso se explica que una colusión puede incluir:

- “Celebrar u ordenar celebrar, ejecutar u organizar, un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados”.
- También puede ser limitar la producción de ciertos productos.
- “Asignar o repartir zonas o cuotas de mercado”
- O afectar el resultado de licitaciones, mediante los acuerdos

“Si bien la base del delito es un acuerdo, no basta solo con eso, lo que se necesita es que se celebre o se ordene organizar algo y que eso decante en un acuerdo, entre competidores de un mismo rubro”, dice el abogado Rodrigo Zapata, especialista en derecho penal y miembro del estudio Ruiz Salazar.

La colusión va en contra de la libre competencia, se explica, por lo mismo, normarlo va en la línea de la defensa de esta práctica económica. “En el planeta jurídico se habla de un bien jurídico protegido, quiere decir, qué estoy protegiendo con el delito en sí. En este caso ese bien jurídico es la libre competencia”, agrega Zapata.

Si bien en el caso de las transportadoras de valor se habla de grandes empresas, Balmaceda explica que “podría ser considerado delito en cualquier nivel de afectación al mercado”, pero “es una práctica destinada a grandes capitales”, aclara Zapata.

Normativa del tema en el país: Este delito está tanto en el Código Penal como en el Decreto de Ley 211. Además, está la Ley 19.911 que crea el TDLC.

- En el Código Penal el artículo 285 describe la conducta para que sea tipificado como delito. Ahí se explica que “los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas (…), sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
- Por su parte el Decreto de Ley “fija las normas para la defensa de la libre competencia”. En este se explica que “corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica (…) dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados”.
- Por su parte, la ley que crea el Tribunal de Libre Competencia explica que este es “un órgano jurisdiccional especial e independiente (…), cuya función será prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia”.

¿Cómo se inicia una acción judicial de este tipo?: La manera de empezar una investigación penal sobre colusión es a través, necesariamente, de requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica.

“El fiscal nacional económico se dedica a investigar potenciales delitos de colusión en el país”, explica Zapata, que además de abogado tiene un diplomado en derecho penal económico. “Si este cree que puede existir el crimen, presenta requerimientos ante el TDLC (dependiente de la Corte Suprema), que debe determinar si existió o no el delito, y de ser así, emitir una sentencia condenatoria, que no tiene que haber sido modificada de ninguna forma y ahí regresa al fiscal nacional que decide si se querella penalmente o no”, agrega.

“El Fiscal Nacional Económico deberá interponer querella en aquellos casos en que se tratare de hechos que comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados”, dice en el sitio de la biblioteca del Congreso.

Casos similares: Esta no es la primera vez que ocurre un hecho así en el país y recordadas son algunas colusiones pasadas.

- Farmacias: En 2008 Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand fueron declaradas culpables por el TDLC, en la colusión de precios de 220 medicamentos. La sanción fue económica con multas para dos de las tres cadenas involucradas. Farmacia Ahumada llegó a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica por el pago de un millón de dólares, exculpándola del juicio.
- Confort: En 2015 CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA) fueron acusados de conformar un cartel para fijar los precios de sus productos. La compensación fue de siete mil pesos para todos los chilenos mayores de 18 años de la época.
- Pollos: En 2011 la FNA presentó un requerimiento ante el TDLC contra cuatro empresas agrícolas. Cuatro años después se cobraron multas a las compañías involucradas y se disolvió su gremio.

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