• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Solo entre noviembre y enero pasado, la tasa de ocupación informal se ubicó en 27,6%, lo que se traduce en un total de 2.554.910 personas que trabajan bajo esta figura, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que recogió el Observatorio de Informalidad Laboral de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Esta cifra representa un crecimiento interanual de 4% y aunque en años anteriores, los indicadores han sido más elevados, el comercio ambulante ha proliferado en las calles de Santiago, generando mayor inseguridad y el deterioro de las comunas de la capital, según denuncian los afectados.

De acuerdo a un análisis del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales (UDP), en cuatro años, la tasa de ocupación informal de la población extranjera pasó de 28,6% a 31,8%. En en el estudio tomaron como muestra las cifras del 2019 hasta el mismo periodo del año pasado. Este aumento ha dado como resultado que distintos establecimientos, como el mercado mayorista Lo Valledor de Pedro Aguirre Cerda, anunciara nuevas medidas para el ingreso de las personas. Desde abril, podrán ingresar aquellos que cuenten con carnet de identidad en mano. La Vega Central también se encuentra estudiando la misma posibilidad.

Tras esta prohibición, la ministra del Interior, Carolina Tohá, mencionó que “es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias”.

Hoy lunes, la fiscalización a una mujer en Lo Valledor terminó con personas heridas, cuando ella le arrebató su arma a un guardia y efectuó seis disparos, en un hecho que causó gran comisión y quedó registrado en los matinales que a esa hora cubrían en vivo el inicio de la medida.

La mirada de los especialistas

A juicio de Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la acción de Lo Valledor “es una acción desesperada de parte del establecimiento ante un aumento desbordado de la delincuencia en el sector. Hoy los comerciantes estiman que las inversiones que han realizado en materia de seguridad privada son insuficientes. Así, los guardias de seguridad, las cámaras, las alarmas no bastan hoy para devolver seguridades a la población que trabaja, transita y consume en este recinto”.

“No es novedad que hoy se exija documento de identidad en puertos, aeropuertos e incluso en recintos privados como condominios y centros de esparcimiento. Sin embargo, el control migratorio en sí no es una función que corresponda al privado, sino que es el Estado, por medio de sus instituciones, quienes deben asegurar la correcta aplicación y vigencia de la regulación migratoria”, asevera Morales.

Por su parte, Hugo Contreras, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, menciona que el control a través de la cédula de identidad no apunta al comercio ambulante en el exterior, sino más bien, tener un mayor control de las personas que ingresan al mercado, con el objetivo de reducir los delitos que ocurren dentro del establecimiento: “Un ejemplo de este último caso es lo ocurrido en el mes de enero, con la identificación dentro del mercado y posterior seguimiento que se hizo a dos productores de tomates de la Región de O’Higgins, y que terminó con el asalto, robo de la recaudación y muerte de ellos”.

Control del comercio ambulante y la relación con la inseguridad

Contreras explica que las medidas para el control de los vendedores que se han aplicado como la regularización, mayor fiscalización y control policial han funcionado, sin embargo, “estas son medidas insuficientes, pues no hay cabida para la autorización en el espacio público, más aún, de lugares con alta concurrencia de personas, como las estaciones del metro o los paseos peatonales”, detalla.

Asimismo, agrega que si bien se han realizado fiscalizaciones y el control no ha sido efectivo, “al no tenerlos constantemente controlados, los comerciantes ambulantes vuelven días después reinstalándose nuevamente. A la vez, se observa que en muchos casos el personal se ve sobrepasado en número y por la violencia con la cual son enfrentados por los ambulantes, lo que no permite un control y la erradicación efectiva”, dice Contreras.

Por otro lado, Morales señala que de acuerdo con la última encuesta de victimización de la CNC, en el comercio, un 57,4% de los encuestados considera que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado y un 28,1% dice que se ha mantenido, “esta situación tiene clara incidencia en los niveles de victimización, pues el 70,7% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito, mientras que en aquellos en que no se ha detectado comercio ambulante alrededor, la cifra de victimización baja a un 56%”.

Morales revela que desde la CNC, a través del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad, se han publicado 30 medidas para el control de este tipo de actividades, entre lo que proponen, destacan:

• Mayor coordinación de las municipalidades con las policías y otros servicios públicos especializados como el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Seremi de Salud.
• Aumentar los costos al ambulante por la falta que comete al ejercer comercio sin permiso, por ejemplo, con cobranza efectiva de multas.
• Decomiso de las mercaderías.
• Castigar a los intermediarios que operan detrás de estos vendedores y que, muchas veces, están relacionados con el crimen organizado.
• Eliminar los permisos municipales precarios.