• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Encabezada por la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, este martes se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Dentro de los primeros acuerdos que se pactaron en la reunión, se estableció el “estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa”.

Además, la instancia dictaminó que las decisiones que determine la comisión deberán ser bajo consenso de sus integrantes y no por votación. Los comisionados emitirán un informe a finales de agosto y otro a fines de noviembre, para la posterior disolución de la entidad, por lo que su funcionamiento es de carácter transitorio.

“La Comisión Asesora contra la Desinformación será un espacio liderado por nueve académicos e investigadoras de universidades privadas y estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking que analizarán y evaluarán el fenómeno global de la desinformación en plataformas digitales, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos. Su trabajo será ad honorem”, explican desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Desde dicha cartera enfatizan que la instancia:

• No definirá qué es y qué no es verdad.
• Se abstendrá de emitir opiniones respecto de los contenidos.
• No está llamada a recibir denuncias de fake news.
• Tampoco se encargará de generar regulación.

En el comunicado recibido por el ministerio se expresa que la comisión tiene como única facultad y objetivo el abordar la arista del conocimiento especializado sobre el fenómeno de la desinformación, lo que hará mediante la elaboración de los dos informes que serán públicos.

“Dichos informes buscarán contribuir como insumos a una reflexión de la sociedad y a posibles políticas públicas que pueden manifestarse eventualmente, como herramientas de fomento, de capacitación, programas o iniciativas legislativas que deberán ser objeto de una discusión colectiva en el Congreso. El primer informe de la Comisión analizará el estado de la investigación internacional y local sobre el fenómeno de la desinformación, considerando las definiciones propuestas por organismos como la OCDE, Unesco, entre otros”, agregan desde la cartera ministerial.

María José Labrador, docente investigadora de la Facultad de Comunicaciones UDD, sostiene que la comisión, más que tener facultades para combatir la desinformación, pretende generar una discusión de diagnóstico, primero frente a la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. Y posteriormente, hará frente a los desafíos que se plantean como fundamentales, por ejemplo, la alfabetización digital.

Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y Doctor en Comunicación, destaca que la entidad buscará comparar la experiencia local con lo que sucede en otras realidades a nivel de causas, enfoques, medidas y algunas políticas públicas.

“La desinformación es un fenómeno multifactorial y por lo tanto de enorme complejidad en su análisis, por lo que este tipo de comisiones busca elaborar en una primera instancia un diagnóstico del estado de la cuestión. No es posible hablar de un sistema democrático sin que haya medios de comunicación libres. Creo que se entiende que preservar la libertad de los medios de comunicación es una prioridad para la ciudadanía y para las instituciones”, añade María José Labrador.

La experiencia comparada

En octubre del año 2020, el gobierno español publicó el Procedimiento de actuación contra la desinformación, que consideraba una Comisión Permanente para combatir este fenómeno.

Según informó El Mercurio, esta decisión por parte del país ibérico generó críticas, debido a que el gobierno no informó la identidad de sus participantes, declarando que se trataba de “una composición variante en el tiempo”. Además, pese a tener carácter de permanente, se acusó que sus integrantes solo se juntaron cuatro veces en casi 10 meses, realizando informes que no tuvieron conocimiento público.

Dicho procedimiento contemplaba representantes de presidencia, de distintos ministerios y expertos del sector público y privado. Luego de las críticas, durante el 2022 se creó el “Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional”.

Otro caso ocurrió en Argentina, donde existió una comisión para las buenas prácticas en redes sociales, que generó el rechazo por parte de académicos y del periodismo, debido a que se criticaban posibles atentados contra la libertad de expresión.