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Comisión de la Convención aprueba expropiación a “precio justo”: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?

“Incerteza jurídica” es uno de los conceptos que más se repite a la hora de abordar, por parte de expertos, los potenciales efectos de esta medida.

Tres artículos que tienen relación con el derecho de propiedad y poseen incisos referidos al tema de la expropiación, fueron aprobados el lunes pasado por la comisión de Derechos Fundamentales, y buscan ser ratificados en el pleno para incorporarse al borrador de la nueva Constitución. El detalle de las normas aprobadas en esa instancia por la Convención Constitucional es el siguiente:

• Artículo 20, Indicación N°154: “Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada.”.
• Artículo 20, Indicación N°137: “El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.
• Artículo 20, Indicación N°142: “El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley.”

Dentro de los incisos, el más polémico fue el que menciona el pago de un “precio justo”, que debe efectuarse antes de la toma de posesión de la expropiación. Esto se debe a que no se establece, ni se tomará en cuenta una indemnización a precio del mercado. ¿Pero qué significa un precio justo? El abogado, profesor de derecho constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, José Ignacio Martínez, lo explica:

• La expresión “precio justo” puede catalogarse según Martínez como un caso de concepto indeterminado que se utiliza en el ámbito del derecho, para referirse a todas aquellas expresiones que no son jurídicas. En este caso “adquirirá contenido y sentido cuando sea regulado por un legislador.

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Diferencia entre la Constitución vigente y el borrador

La actual Constitución respecto al derecho de propiedad, establece que “en caso de expropiación la indemnización deberá responder al daño patrimonial efectivamente causado”, el cual al no estar integrado en el borrador genera diversas consecuencias, según los expertos:

• El abogado especialista en derecho constitucional de Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, Jorge Barrera, es categórico es mencionar que “resulta un retroceso a la protección del derecho de la propiedad de todas las personas (…), ya que el enunciado de la actual legislación responde más a la posibilidad de que sea el valor comercial del inmueble el cual sea parte del precio que deba pagar el Estado en caso de expropiación”.
• Para el abogado del Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, “evidentemente este concepto (precio justo) es menos garantista para las personas que el parámetro para el precio que fija la actual Constitución. Sin embargo, Martínez menciona que los parámetros que puede fijar el legislador en esta materia “pueden ser mejores al incorporar el daño moral que no estaba antes” o podría ser peor, porque genera incerteza e inseguridad, y “parece transformar a la indemnización en un concepto abierto”.

Pero ¿por qué se decidió no proponer el precio del mercado? Según Martínez, no existe un único y óptimo parámetro para esta materia, ya que pueden ser varios, tales cómo:

• Precio justo
• Precio del mercado
• Daño efectivamente causado, incluyendo el daño moral

Sin embargo, el académico de la UANDES enfatiza que el parámetro que contempla la actual Constitución y se refiere a temas de expropiación “es bastante preciso desde el punto de vista jurídico y es el más óptimo”.

Consecuencias en casos de expropiación

Para el abogado de Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, Jorge Barrera, “establecer una medida como
ésta en la Constitución puede:

• “Limitar la indemnización o entrega de indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, lo que disminuye las probabilidades de éxito también de los propietarios que son expropiados”.
• “La norma permite al juez intercalar criterios subjetivos, discrecionales e incluso abusivos a fin de homologar situaciones y establecer una serie de condonaciones. Esto quiere decir que en virtud del juez que pueda encontrar que se está frente a un precio justo, esa discrecionalidad en base a la nueva normativa que se acaba de aprobar es un peligro para el resguardo efectivo del derecho de propiedad”.

En cambio, para Martínez quien enfatiza que al ser una normativa genérica y tener un concepto indeterminado de “precio justo”, se deberá esperar a lo que diga una legislación respecto a las expropiaciones y conocer los parámetros específicos. Es por esto, que una de las consecuencias según el profesor de derecho constitucional de la UANDES es la siguiente:

• “Vamos a tener incerteza jurídica y desde luego es sinónimo de inseguridad, y eso repercutirá en decisiones económicas como, por ejemplo, a la hora de invertir”. Es por eso que menciona que, si un inversor se da cuenta que en cuanto al estatuto de propiedad del país “si hay indemnización, no hay claridad en qué va a consistir el pago de la expropiación”, podría incidir en su decisión de invertir o no. “La gente quiere certeza, y una norma como la que se propone genera incerteza”, concluye.

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