• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Este miércoles, en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, se conformó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la cual fue promovida por el Gobierno a modo de establecer soluciones a mediano y largo plazo, en torno a las tierras y reparación del pueblo mapuche. De esta manera, se buscará una vía para solucionar los problemas que afectan a algunas comunas del sur del país.

A pesar de que no es la primera vez que se intenta llevar a cabo este tipo de medida, en esta ocasión se cuenta tanto con el apoyo del Ejecutivo como de todos los partidos políticos, por lo que existe un compromiso desde todas las fuerzas y coaliciones. La lista de los ocho integrantes de la Comisión está constituida por:

• Alfredo Moreno, excanciller (Primer gobierno de Piñera) y ex ministro de Desarrollo Social y Obras Públicas (Segundo gobierno de Piñera).
• Francisco Huenchumilla, senador DC.
• Carmen Gloria Aravena, senadora republicana.
• Emilia Nuyado, diputada PS.
• Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.
• Adolfo Millabur, ex alcalde de Tirúa.
• Gloria Callupe, jefa de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío.
• Juan Pablo Lepín, jefe de gabinete del gobernador de La Araucanía.

El mandato de la Comisión contempla seis objetivos: La sistematización de la situación actual e histórica de las tierras mapuches; establecer canales de diálogo entre los actores involucrados (Gobiernos regionales y locales, agricultores, ciudadanía, gremios empresariales, comunidades, etc.); una propuesta para establecer acuerdos sobre la demanda existente de tierras; iniciativas de justicia al pueblo mapuche, a víctimas de violencia, y mecanismos para mejorar la vida y desarrollo de los habitantes de la zona.

También, se buscará un consenso entre las fuerzas políticas y el pueblo mapuche, a modo de establecer reformas necesarias y conciliar las expectativas existentes en cuanto a reparación; y hacer entrega de un informe al Presidente y al Congreso, para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas, incluida la Ley 19.253 (que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

“Con todo, hay una realidad relevante, sí hay una deuda no totalmente satisfecha correspondiente a los títulos de merced. Desde 1993 a la fecha, según información de la CONADI, se habían comprado y transferido por el mecanismo del artículo 20 B de la Ley Indígena, 218.900 hectáreas con una inversión de $ 530.032.315.161”, señala el ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur (Gobierno de Sebastián Piñera), Pablo Urquízar.

Ante esto, el experto asegura que hoy no se sabe cuánto queda por pagar ni a quiénes, argumentando que hay un problema porque “no existen las deudas sin límites” y debido a que hay comunidades mapuches que “legítimamente esperan una respuesta pronta, íntegra y adecuada del Estado”. Urquízar critica que se debió explicitar cuál es la deuda actual de los títulos de merced y su solución, ya sea a través de entrega o compensación a quien corresponda.

“Nos parece pertinente la creación de esta comisión, existe un consenso transversal (de) que la política actual tiene grandes problemas, y existe la necesidad de cambiar radicalmente el enfoque, tal como se ha hecho en países con problemas similares. Respecto de los integrantes, nos hubiera gustado la participación del Senado en la nominación, pensando es que es un problema de Estado, y de forma que refleje mejor los equilibrios políticos existentes y particularmente de la opinión pública regional y nacional, que se han visto claramente expresados en todas las votaciones recientes”, expresa el Presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.

La efectividad de la instancia y sus proyecciones

Santibáñez indica que, más que optimismo o pesimismo al respecto, todo dependerá de la calidad de las propuestas que haga la comisión. Y comenta que esta es una mejor oportunidad que los intentos anteriores, argumentando que el conocimiento del problema hoy es mucho mayor por parte de la ciudadanía regional y nacional, y están muy a la vista los errores cometidos, el fracaso de la política actual, lo que también se traduce en que en principio cuenta con un apoyo político transversal.

A pesar de lo anterior, el Presidente de la Multigremial de La Araucanía señala que los plazos de trabajo son excesivos (el informe de los comisionados se presentará a finales del 2024).

“Se supone que es una comisión resolutiva y de gente capaz. Se debe pensar que después de la propuesta el tema debe pasar por el Parlamento, donde en definitiva corresponde que se legisle, y posterior a eso recién se podrá empezar a implementar, lo cual es un proceso largo. Se requiere una actitud más ejecutiva para un problema grave y urgente”, manifiesta Santibáñez.

Con respecto a los enfoques de la instancia, destaca que se debería dar respuestas ligadas a aspectos como: Cuándo la reclamación de tierras es válida o aceptada, cómo se compensará a las víctimas y quiénes son los beneficiarios. Y agrega que la respuesta a esas inquietudes no debiera tomar más allá de 6 meses.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile (Acoforag), afirma que esta comisión será efectiva en la medida que sólo se limite al objetivo para la cual fue creada, catastrar y dimensionar la actual demanda de tierras. Y argumenta que, si en ese camino se abren otras aristas y/o nuevas demandas, o se reabren otros requerimientos, la instancia será un proceso fallido.

“También creo que será efectiva en la medida que cierre definitivamente el tema y sea una comisión de punto final, aceptada en un gran acuerdo por todos, comunidades, habitantes de las zonas y especialmente por las víctimas. La diferencia con otras comisiones anteriores es que este Gobierno ha sido más valiente y ha definido los objetivos que persigue”, agrega Muñoz.

Claudia Subiabre, presidenta de la Asociación Gremial Cámara de Turismo, Servicios y Comercio de Malleco y Multigremial Malleco – Cautín, sostiene que habrá que ver el desarrollo y resultado final de la comisión para evaluar la efectividad. Y enfatiza en la importancia del diálogo como herramienta preponderante y cómo se exprese a la ciudadanía el trabajo que se realice.

Subiabre apunta a que no debería producirse confrontación ni imposición de posturas ideologizadas ni populistas. “Está en juego el desarrollo de una región, con comunas con baja actividad económica en donde en el diario vivir convivimos y trabajamos todos los habitantes sin distinciones”, comenta.

“El terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la Macrozona Sur, principal problema, no se soluciona con esta comisión bajo ningún aspecto porque, aunque se haya planteado así por algunos, no es su objetivo ni tiene las atribuciones para ello. Se requiere de una vez por todas una Estrategia Antiterrorista de Estado que aborde la problemática desde los 4 pilares fundamentales: prevención, protección, persecución y respuesta a las víctimas”, añade Pablo Urquízar.