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¿Cómo puede enfrentar el Gobierno de Boric la violencia de los estudiantes secundarios? Lo que dice la Ley y las opciones

Luego de cuatro días seguidos de protestas estudiantiles, las potenciales acciones.

Durante la jornada del martes y miércoles, Carabineros ha realizado 42 detenciones por desmanes y violencia ocurridos al interior del Metro a causa de movilizaciones dirigidas por estudiantes secundarios.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció el ingreso de seis querellas por parte de la administración de Gabriel Boric en contra los responsables de los daños al Metro de Santiago.

“Prácticamente todos los chilenos las rechaza. La gente, las personas, los ciudadanos que tienen que trabajar, están cansados, están agotados. No quieren más violencia, no quieren más desorden y creo que es muy importante establecer ese criterio”, estableció el subsecretario.

Los delitos detectados en la jornada han sido los siguientes:

• Invasión a diversas estaciones del Metro de Santiago, en especial a la Línea 1
• La quema de dos buses (en la imagen)
• Se han cerrado y detenido estaciones por estudiantes secundarios que se sientan en el borde de la línea
• Para la detención de los involucrados, se considerará el artículo 269 del Código Penal, que aplica para la alteración del orden público y hechos de violencia

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Es importante recordar que entre el 7 y 15 de octubre de 2019, días previos al estallido social, se registraron 52 casos de evasiones masivas; datos que Metro de Santiago presentó en una querella por delitos de desórdenes públicos y daños calificados, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

¿Cómo funciona la ley ante estas situaciones?

El abogado penalista de la Universidad Gabriela Mistral y ex Fiscal del Ministerio Público, Gonzalo Aranda, indica que “en caso de menores de edad, la Ley 20.084 que regula la responsabilidad penal de adolescentes, obliga a rebajar la pena en un grado menos a la que le correspondería a un mayor de edad, con máximos de 5 o 10 años, según se trate de menores que tengan 14 a 15 años o 16 a 17 años, respectivamente”.

Según el experto, las acciones legales en esta materia recaen en el Ministerio Público y las policías, pero no en el Gobierno de turno.

“Si bien el Gobierno tiene obligaciones de coordinación entre los actores del sistema, no son quienes, por mandato constitucional y legal, deban encargarse de la persecución penal”, explica Aranda.

¿Qué medidas pueden llevarse a cabo?

Según el abogado, “debe aplicarse la inteligencia policial, la coordinación entre organismos del Estado y encontrar los métodos que permitan solucionar los conflictos”.

A su vez, argumenta que no se trata únicamente de delitos comunes, sino de conflictos sociales, que abarcan la participación de jóvenes y adultos que expresan sus disconformidades más demandas a través de la violencia.

Aranda explica que algunas medidas que se podrían implementar en este caso serían:

  • Programas de reinserción social, contemplados por la ley, para trabajar en los conflictos sociales que llevan a los adolescentes a cometer delitos
  • Acciones preventivas por parte de las policías para evitar estos delitos reiterativos
  • Acciones preventivas en los sistemas educativos, para identificar problemáticas que lleven a este tipo de conductas, entendiendo que se trata de personas que se encuentran en etapas de desarrollo psicológico a las cuales no se les puede aplicar los mismos criterios que a los adultos

Proyecciones respecto a las movilizaciones

Jorge Araya Moya, ex director de Seguridad Pública entre los años 2009-2010 y académico de la Universidad de Santiago de Chile, establece que “finalmente, sobre este hecho que se están repitiendo cuatro días de protesta, debo decir que acá hay una intencionalidad política e ideológica en ciertos sectores”.

Las diversas interpretaciones que se han visto en estos sectores, serían:

Que el resultado del Plebiscito sería el fin del “octubrismo”
No obstante, otros sectores han sugerido que aquella etapa, el “octubrismo”, en realidad no ha desaparecido, tomándolo como causa para la toma de las calles
Hay una disputa ideológica que “necesita imponerse” desde el desorden público
El Gobierno, antes de sancionar a estos grupos, debería lograr consenso político, con el fin de que estas medidas sean respaldadas por varios sectores y no solo con una parte de esta

Respecto al funcionamiento de Carabineros, Araya indica que se están cometiendo delitos de manera notoria, por lo que esta institución “no debiese esperar las instrucciones de nadie para intervenir, porque tienen el respaldo legal de que se están cometiendo delitos de forma flagrante”.

Según el experto, la forma en que debería operar Carabineros debería ser considerando las siguientes acciones. Esto, con el fin de detener estos casos y que no pase la semana:

Incentivar la detención e identificación de los responsables
También, la institución debe cuidarse y hacer un trabajo profesional, atrapando a los involucrados para no caer ante una poca legitimación
No puede sobrepasar su forma de actuar, porque corre el riesgo de ser juzgado por la opinión pública

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