• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2023 se registraron 4.502 denuncias por “maltrato entre estudiantes”, que a pesar de ser un 12 % menos que la cifra de 2022 (5.115), es la segunda más alta desde 2014. Este indicador, los recientes casos de bullying tanto dentro como fuera de las salas de clases que se han registrado en el país y la crisis de seguridad reflejan una realidad, por lo que el Ministerio de Educación (Mineduc) actualizó la Política Nacional de Convivencia Educativa y lanzó el programa “Comunidades Educativas Protegidas” junto a la Superintendencia, la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Subsecretaría de la Niñez.

Entre los cambios más relevantes de la Política Nacional de Convivencia Educativa, se señala una actualización en el proceso participativo, donde añaden estrategias de convivencia a través de 12 cartillas. Asimismo, incorpora un Plan de Acción 2024-2030 que integra 42 medidas para la correcta instalación de las nuevas políticas. Entre los lanzamientos más relevantes está el “Programa Comunidades Educativas Protegidas”, el cual tiene como objetivo prevenir y abordar la violencia en los contextos educativos tanto en el interior del establecimiento educativo como en el entorno inmediato de las comunidades.

El programa está dirigido a 50 comunas que fueron seleccionadas con base en criterios que tienen relación con hechos delictivos de violencia y situaciones de connotación social pública relacionadas con la violencia. Los sectores fueron priorizados con base en la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación.

Alejandra Arratia, Subsecretaria de Educación, mencionó el jueves 9 de mayo en la presentación del programa que “las comunidades educativas no son ajenas al fenómeno de la violencia y lo que pasa en la sociedad, naturalmente permea a la escuela, lo que es una parte muy importante del quehacer educativo. Es por esto que, en un esfuerzo intersectorial, hemos asumido el desafío de prevenir y abordar la violencia en contextos educativos, para resguardar que las comunidades educativas sean espacios protegidos, que resguarden el aprendizaje y el desarrollo integral”.

Programa Comunidades Educativas Protegidas

Desde la Subsecretaría de Educación señalaron a Emol Facts que en la actualidad, “la sociedad sufre una intensificación de los hechos de violencia y un aumento de las situaciones de alta connotación social, fenómenos que requieren una respuesta sistémica e integral, que aborde desde la especificidad de cada sector las distintas aristas del problema”. Por ello, la iniciativa cuenta con cuatro ejes principales:

• Articulación intersectorial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia de Educación con la finalidad de que “los sostenedores sepan cómo enfrentar situaciones de violencia crítica”.
• Acompañamiento a comunidades educativas de las 50 comunas priorizadas.
• Apoyo especializado para niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia crítica.
• Ingresos de indicaciones a proyectos de ley de seguridad comunal y proyecto de ley de convivencia escolar para el fortalecimiento de la articulación a partir de los Consejos Comunales de Seguridad.

En todas las regiones del país se registra al menos una comuna dentro del programa, y de las 50 priorizadas, 21 están en la Región Metropolitana: Maipú, La Florida, San Bernardo, Santiago, Puente Alto, Estación Central, Providencia, Ñuñoa, Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Quilicura, Pudahuel, Quinta Normal, Melipilla, Renca, San Miguel, Cerro Navia, La Cisterna, Lo Prado y La Pintana.

Complicaciones y desafíos

Camila Leigh, académica e investigadora de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, comenta que uno de los desafíos de la implementación del programa está en la coordinación intersectorial: “La efectividad del programa se va a visualizar en la medida que la coordinación entre las diferentes entidades y niveles de gobierno sea efectiva, que exista fluidez en el traspaso de información y alineación de criterios en término de cómo abordar ciertas problemáticas propias de la implementación”.

La académica menciona que otra dificultad pudiese vincularse a la perspectiva territorial: “Dado que el programa se focaliza en comunas específicas y en distintas regiones, es importante considerar no solo la mirada territorial, sino también específica de cada comunidad, lo que “sirve” en una comunidad puede no funcionar en otra”. Asimismo, detalla que en este tipo de propuestas existe una necesidad de los grupos de oposición a los gobiernos a exigir resultados rápidos, “en este marco, el mantenimiento a largo plazo del programa y su financiación pueden ser desafiantes, especialmente si los resultados no son inmediatos o si hay un cambio de gobierno que instale otras prioridades”.

A juicio de Pablo Castro, doctor en psicología y posdoctorado en estudios de infancia y familia, “una de las dificultades que presentan en general este tipo de programas —y que, como equipo, hemos investigado—, es la sobrecarga de trabajo y la escasez de tiempo que enfrenta el sistema educativo. La queja más frecuente al interior de las comunidades escolares es lo altamente demandado que se encuentran los establecimientos en términos de proyectos y requerimientos administrativos desde los organismos superiores. Otra complicación podría ser la no articulación con los distintos programas del Mineduc, por ejemplo, con el programa “A convivir se aprende”, ejecutado por la Universidad de La Serena y otras instituciones de educación superior del país”.

Añade que es “riesgoso sensibilizar respecto a la violencia escolar desde lo policial. Pues, sin desconocer desde luego la gravedad de algunos hechos en los que se ha atentado contra la seguridad y bienestar de otros estudiantes, el abordaje solo desde la “seguridad” no es el camino. Entender la violencia escolar como un hecho delictual no es, a nuestro juicio, la solución, pues no se debe perder de vista que son estudiantes y que, por lo tanto, la mirada debe ser principalmente educativa y no punitiva”.