• Katherine Correa, equipo de Facts
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Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, aseguró informó que el gobierno de Boric sigue expulsando a migrantes ilegales o con antecedentes, confirmando que entre marzo y abril se concretaron 316 casos. Detalló que, a pesar de esto, continúan aumentando, en paralelo, los casos de ingresos no permitidos.

“Seguimos priorizando las expulsiones judiciales y las administrativas en que las personas hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales. En ese sentido, no haremos cambios de criterio”, estableció, refiriéndose a que están manteniendo el sistema originado en el mandato de Sebastián Piñera.

De las 316 personas expulsadas, se obtienen las siguientes cifras, según la Policía de Investigaciones (PDI):

• 228 se efectuaron en marzo
• 88 se llevaron a cabo en abril
• Como anexo, hubo 80 expulsados en enero
• A su vez, 30 personas en febrero
• En total, se han concretado 427 expulsiones en lo que va del año

“Es el ritmo que llevamos”, indicó Thayer: “Hemos optado por ir realizando las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales, dándole curso a dos contratos con agencias de viajes, de alrededor de 300 millones de pesos cada uno. Esto permite agilizar el proceso y bajar los costos. Seguiremos expulsando personas, pero no haremos un espectáculo de aquello”, concretó.

Ante esta normativa, Álvaro Bellolio, ex director del Servicio Nacional de Migraciones, dijo que “el actual gobierno solo ha materializado las expulsiones judiciales y en la menor medida posible, ya que es un mandato del Poder Judicial”.

Precisa que, según los datos entregados por la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones “no está realizando expulsiones administrativas de extranjeros que ingresan clandestinamente o que tengan antecedentes penales en el país de origen, lo que es contrario a la normativa vigente. Hoy existen más de 20 mil expulsiones pendientes de extranjeros que se encuentran en este estatus”.

El experto indica que “las señales apuntan a que se generará un perdonazo a quienes ingresaron de forma clandestina, independiente si es una fecha anterior o próxima”, determinando que aún no se llevan a cabo los siguientes puntos importantes:

• La falta de gestión con Bolivia para materializar los procesos de reconducción de las fronteras.
• Se sigue teniendo a Carabineros y FF.AA. como “meros espectadores de este proceso”.
• Sigue –a su juicio- la sensación de impunidad en el país, lo que deriva a una migración descontrolada.

Cifras relevantes

Según el Informe de la Plataforma Nacional de Chile –entidad que apoya las necesidades de refugiados y migrantes- se estima que en 2022 la población venezolana llegará a 561.876 personas. Actualmente, ellos representan el 30% de las migraciones en el país.

Por otro lado, en 2021 Chile se convirtió en el cuarto Estado receptor de venezolanos, además de los siguientes países, con gran cantidad de migrantes de esa nacionalidad:

• Colombia (1,84 millones)
• Perú (1,29 millones)
• Ecuador (508.930)

En estadísticas nacionales, el Servicio Nacional de Migraciones dictaminó que en los primeros meses del 2021 ingresaron 24 mil inmigrantes de manera clandestina, pero no se tiene un registro directo de sus antecedentes, solo un aproximado estadístico de sus llegadas.
Bajo el mismo organismo, se estableció que:

• Hay 1,46 millones de inmigrantes en Chile, cifra que podría subir en los últimos meses.
• El 62% de estos vive en la Región Metropolitana.
• La primera razón para tener este fácil acceso es el bajo control de las fronteras, por lo que el expulsar no puede tener peso suficiente si, de los que sacan, ingresan el doble.
• La otra razón para este aumento, es que la gente viene con visa, pero se le vence y exceden los 90 días, quedándose irregularmente en la nación.

Las fronteras

Para Thayer hay una “inexistencia de formas regulares de ingreso”, ya que “el cierre de la frontera decretado como medida sanitaria supuso una clausura casi total de las posibilidades de ingreso regular al país, ya sea de turistas, personas que buscan trabajo, refugiados, habitantes de zonas fronterizas, etc., lo que dejó al país expuesto a enfrentar una movilidad de personas por vías irregulares”, aseguró.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, explica que estas medidas tomadas por el gobierno actual para controlar las fronteras “deben considerar los derechos de las personas que emigran, entender quiénes son, por qué razones vienen o si son personas que llegan como refugiados (…) por lo que es importante que haya control entendiendo esto”, establece. Además, explica que así se podría diferenciar a la persona que lo necesita, de la que ingresa con propósitos delictivos.

Este punto también fue abordado por el Gobierno actual. En Canal 13, la ministra del Interior, Izkia Siches, estableció que están considerando tanto a las personas chilenas perjudicadas como a las que no en el proceso de regulación.

“Estamos invirtiendo en el norte para las comunidades de acogida, que son los vecinos y vecinas que han sido más golpeados por el fenómeno migratorio, pero también reconducir y redefinir el rol de las personas que vienen en situación de migración en Chile”, indicó.

“Estamos haciendo un trabajo multilateral con Perú, Bolivia y con Argentina para poder abordar esto (…) Estamos haciendo el trabajo, las reconducciones, pero no son fenómenos sencillos. Hay que conversar con los países que van a recibir a estas personas, para que efectivamente sean recepcionados en los países de retorno”, concretó.