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Convención aprobó crear las Autonomías Territoriales Indígenas: ¿Qué son y cómo cambiarían la conformación del Estado?

Según los expertos, la inclusión por primera vez de este concepto modificaría la conformación del Estado en su diseño, estructura organizacional y distribución del poder.

El pasado martes, el pleno de la Convención Constitucional aprobó la creación de las Autonomías Territoriales Indígenas (ATI), las cuales son entidades dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su autonomía. Dentro de las normas que pasan al borrador de la Carta Magna, y que tienen relación a estos organismos, están las siguientes:

• Artículo 19.- De las Autonomías Territoriales Indígenas: “Son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines”.

Artículo 21.- De la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas: “La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus autoridades representativas”.

Artículo 22.- De las competencias de las Autonomías Territoriales Indígenas: “La ley deberá establecer las competencias exclusivas de las Autonomías Territoriales Indígenas y las compartidas con las demás entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta Constitución. Las Autonomías Territoriales Indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas”.

Según el abogado constitucionalista y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, los tres artículos y la inclusión de estos en el borrador de la Carta Magna radican en que se cambiará en el Estado su:

• Diseño

• Estructura organizacional

• Distribución de poder

Esto se debe, según el experto, a que “se reconocen como una entidad política dentro del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuestión que es equivalente a una entidad administrativa y política como lo es el estado regional y la comuna autónoma”.

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Para el abogado constitucional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Guillermo Jiménez, la aprobación de estas normas no debería causar “excesivo pánico”, ya que la Autonomía Territorial Indígena no significa que dejen atrás el estado unitario, “significa que solo tienen un espacio de decisión administrativa dentro del marco legal, pero con algún grado de decisión propia (…). Va a cambiar porque se introduce una categoría nueva, pero operan al nivel que hoy lo hacen las municipalidades”, asegura Jiménez.

La diferencia, según el académico de la UAI, es que “las municipalidades actualmente son uniformes a lo largo del territorio, pero estas figuras permiten crear entidades de ese nivel, pero adaptadas a la realidad e intereses de estas comunidades”.

¿Cómo funcionarán entonces las ATI?: “La Convención rechazó todas las normas de detalles de la autonomía por lo tanto va a ser el legislador quien va a determinar sus funciones, competencias y la forma en que se va a relacionar con las otras entidades”, dice Jordán. A pesar de no conocerse los ámbitos que abarcará el legislador, ni si se dividirán los pueblos originarios por unidad geográfica o espacio, el experto menciona que seguramente fijará “un criterio de progresividad o de paso a paso para la conformación de cada pueblo”.

Es por esta razón, más lo general que son las normas que por sí mismas “no hacen nada”, afirma el abogado constitucional, Guillermo Jiménez, que requieren de leyes que regulen detalles de cómo funcionan estas autonomías territoriales.

La función del legislador

El hecho de que las normas aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional no detallaran el funcionamiento de las Autonomías Territoriales Indígenas, puede generar los siguientes escenarios e implicancias, según los expertos:

Incerteza jurídica: “Se va a generar esta incerteza porque no se sabrá cuáles son los ámbitos específicos por los cuales va a operar y si podría afectar los derechos de personas que no pertenezcan a los pueblos u otros derechos constitucionales”, dice el coordinador del Observatorio Nueva Constitución.

Creación de bolsones: “Sólo con estas normas se puede tener el temor de la creación de una especie de bolsones libres del Estado de Chile. Pero yo no lo veo así, porque la idea de autonomía no alcanza a crear una autonomía política, sino que se entiende solo como autonomía administrativa”, dice el abogado y académico de la UAI.

• Frustración de expectativas: “Esto puede ser una promesa de algo que se va a hacer y que luego por razones políticas no se puede materializar. Por ejemplo, en la Constitución de 1925 se decía que iban a crear asambleas provinciales y nunca se crearon, entonces hay ocasiones en que las Cartas Magnas dicen que se van a crear ciertas instituciones y finalmente nunca se hacen. Lo que puede haber acá es una frustración de expectativas, si es que no hubiera una ley que implemente esta regla”.

El mayor riesgo: A pesar de los posibles escenarios y consecuencias, si es que se aprueba el borrador de la Carta Magna que dejarían los artículos relacionados con la ATI, “el mayor riesgo”, según el abogado Guillermo Jiménez, sería el caso de una frustración de expectativas. Esto se debe a que “estas autonomías no se pueden constituir sin que exista una ley que cree este procedimiento”, por lo que, si no hay consenso en el Congreso futuro o se “demora mucho tiempo”, será una cláusula dormida en la Constitución, advierte Jiménez.

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