• Sofía Reyes - Equipo de Facts
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Hace más de una año y medio la mayoría de los partidos políticos chilenos firmaron el “acuerdo por la paz” para redactar una nueva constitución. Hoy, la resolución se ve cuestionada por algunos de los mismos constituyentes que deben escribir la carta magna.

Lo que se sabe: La madrugada del 15 de noviembre podría ser catalogada por muchos como histórica. Ese día representantes de todos los partidos políticos, excepto el comunista, firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, que permitiría a la ciudadanía decidir si querían una nueva constitución y cómo se escribiría. Con el documento presentado en noviembre se dictaminó que el órgano constituyente aprobaría las normas y reglamentos con un quórum de dos tercios del total y en un plazo de nueve meses, prorrogable hasta tres.

Uno de los elementos más discutidos antes de las elecciones de mayo pasado (cuando se escogieron los 155 encargados de redactar la nueva constitución) fue el nivel de acuerdo que debían tener los convencionales para hacer los cambios.

Lo que se ha dicho: En la última semana, un grupo de 33 constituyentes han exigido reformular algunos aspectos del acuerdo, con seis garantías democráticas para el desarrollo de la constitución. Esto lo hicieron a través de un documento denominado la “Vocería de los pueblos”, que tiene por objetivo hacer efectiva “la soberanía popular”, ya que justamente el pueblo no habría sido parte del acuerdo por la paz de noviembre de 2019.

Agustín Squella, constituyente electo por el distrito siete afirmó que “las reglas solo las podría cambiar el que las estableció: El Congreso Nacional”, en una entrevista en radio ADN.

El candidato presidencial del partido comunista, único que no fue parte del acuerdo de noviembre, Daniel Jadue, afirmó que “todo aquello que ponga en riesgo el proceso hay que discutirlo y ponernos de acuerdo: ¿es este un proceso constituyente soberano o uno acotado y mandatado por el Congreso?, una de las instituciones más desprestigiadas del país”.

La mirada del experto: José Ignacio Núñez, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Central, afirma que cualquier cambio en el acuerdo es “posible, pero es improbable”, ya que para hacer una modificación habría que reformar la carta magna. El especialista explica que “actualmente en la constitución, en el capítulo 15, están establecidos los elementos principales del proceso constituyente: los límites, los temas que no se pueden tocar, o que no se pueden afectar los tratados internacionales y el acuerdo de los dos tercios”.

El abogado José Ignacio Núñez cataloga los cambios propuestos como “posibles, pero muy poco probables” – Imagen del sitio gob.cl

Para cambiar alguno de estos elementos tendría que hacerlo el Congreso, que fue justamente quien aprobó la normativa hace más de un año y medio atrás. “Además, si la convención decidiera adoptar una medida de ese tipo estaría actuando al margen de esas normas y eso sería objetable desde el punto de vista jurídico”.

Por lo mismo, el abogado señala que todo es “posible, pero objetable”, por lo tanto, él ve detrás de estas presiones una intención del grupo de constituyentes de actuar como una bancada, que en términos numéricos tampoco alcanza el quórum para tomar decisiones, pero que sí podrían conformarse luego de este proceso como un partido político y participar en las próximas elecciones parlamentarias.