• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Siete fueron los gendarmes formalizados de la cárcel de Puerto Montt por delitos de narcotráfico, cohecho, asociación criminal y lavado de activos, revelando el complejo escenario sobre la corrupción al interior de Gendarmería y la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario.

Desde Gendarmería, la directora nacional (s), María Angélica Aguirre, confirmó que la institución colaboró activamente en la investigación y subrayó que “refuerza el trabajo que tiene la institución como auxiliar de investigación, a través de los departamentos correspondientes para aclarar y aportar en todas las situaciones donde se vean involucrados funcionarios”. En la misma línea, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, destacó que el operativo permitió “dar un nuevo golpe, acá en la región, a las estructuras criminales que operan y que estamos tratando de evitar que se asienten en Los Lagos”.

Los hitos de la crisis

Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, explica que la crisis responde a factores estructurales acumulados en el tiempo. Entre ellos, menciona la politización de la función penitenciaria, que llevó a designaciones por cuoteo político en cargos estratégicos, muchas veces sin conocimiento técnico del sistema. A esto se suma, detalla, la exclusión histórica de Gendarmería del núcleo duro de la seguridad pública, pese a su rol clave en el control del crimen organizado, y la escasa formación continua del personal para enfrentar fenómenos delictuales complejos.

Otro elemento crítico, comenta es un sistema de ascensos basado, principalmente, en el cumplimiento de años de servicio, y no en la aprobación de cursos rigurosos que acrediten competencias para desempeñar funciones de mayor complejidad y responsabilidad. Así como también, la subestimación del poder del crimen organizado y de su interés estratégico por controlar las cárceles, “a pesar de la abundante evidencia existente en la región sobre este fenómeno”.

Repetición de patrones

Alveal sostiene que los patrones de corrupción se repiten de forma sistemática y responden a una combinación de vulneración de los procedimientos institucionales y graves déficits en los mecanismos de supervisión y control. Advierte que los internos vinculados a estructuras criminales complejas buscan de manera permanente corromper o extorsionar a los funcionarios penitenciarios, un riesgo que el Estado debe anticipar. En ese sentido, subraya la necesidad de proteger activamente a los funcionarios y, al mismo tiempo, expulsar de la institución a quienes se apartan de su deber funcional.

Para ello, plantea como indispensable avanzar en regímenes diferenciados de reclusión, una mayor incorporación de tecnología y una clasificación penitenciaria más rigurosa, actualmente limitada por los altos niveles de hacinamiento y las restricciones de infraestructura.

Jaime Abedrapo, exsubdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y académico de la Universidad San Sebastián, comenta que en el período 2022-2023, cuando el Ministerio Público comenzó a intensificar investigaciones por corrupción en distintos recintos del país, dejó en evidencia que los casos no eran excepcionales.

Una de las modalidades más frecuentes es el denominado “delivery carcelario”, un sistema mediante el cual funcionarios cobran tarifas previamente fijadas para permitir el ingreso de mercancías ilegales. Estos bienes van desde alimentos y cigarrillos hasta teléfonos celulares, drogas y otros elementos prohibidos, lo que permite a los internos mantener comunicación con el exterior y seguir operando redes criminales desde prisión. La evidencia, agrega el experto, era conocida incluso públicamente, ya que muchos reclusos exhibían estos objetos en redes sociales, sin que se lograra cortar el circuito de ingreso.

A esta práctica se suman otras formas de corrupción, como la facilitación de ingresos irregulares de personas a los recintos, incluidas personas no documentadas, y la omisión deliberada de controles. Todo ello configura un mercado ilícito interno que genera incentivos económicos permanentes para funcionarios vulnerables, ya sea por presión, amenazas o por la expectativa de obtener ingresos adicionales. Para Abedrapo, cuando estas conductas se instalan en la cultura institucional, las sanciones individuales resultan insuficientes y se vuelve imprescindible una reestructuración profunda, que incluya cambios legislativos, fortalecimiento de la fiscalización y una depuración efectiva del personal.

Respecto a las capacidades del Estado para revertir esta situación, los expertos coinciden en que no existen soluciones rápidas. Se requiere un plan de modernización integral, de carácter estructural y de largo plazo, que trascienda los ciclos políticos. Este plan debe combinar persecución penal efectiva, reformas institucionales profundas, fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, uso intensivo de tecnología y un respaldo real a la mayoría de los funcionarios que cumplen su labor con probidad. De lo contrario, advierten, la corrupción seguirá siendo una de las principales puertas de entrada del crimen organizado al corazón del sistema penitenciario chileno.