• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La reciente formalización de un ejecutivo de Banco Santander por su presunta vinculación con integrantes del Tren de Aragua marcó un nuevo capítulo en la expansión del crimen organizado en Chile. El caso surgió en el marco de la denominada Operación Tokio, un masivo operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Sur que permitió desarticular una célula de la organización criminal transnacional y detener a 19 personas acusadas de diversos delitos, entre ellos lavado de activos, extorsión y tráfico de drogas.

La investigación reveló que la estructura criminal operaba a través de una productora utilizada como fachada para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas. Según los antecedentes recopilados por los investigadores, la organización habría movilizado cerca de 85 millones de dólares mediante distintos mecanismos financieros destinados a ocultar el origen de los recursos.

El operativo tuvo su origen en las diligencias desarrolladas tras el denominado “Parcelazo” de Lampa, donde se registró un quíntuple homicidio. Durante las pesquisas, la policía encontró un teléfono celular que contenía información clave para reconstruir el funcionamiento de la red y sus conexiones financieras.

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre las autoridades fue la presunta participación de José Carlos Pérez Ascencio, ciudadano venezolano que trabajaba desde hacía algunos años como ejecutivo bancario en Banco Santander. Según la investigación, el imputado habría facilitado distintas cuentas recibieran dinero proveniente de actividades ilícitas, para transferirlo rápidamente al extranjero o convertirlo en criptomonedas para dificultar su trazabilidad.

Imagen referencial

Para diversos especialistas, estos episodios reflejan una tendencia observada en distintos países de la región: La búsqueda sistemática de organizaciones criminales por infiltrarse en instituciones públicas y privadas para facilitar sus operaciones.

Una transformación del fenómeno criminal

Nicolás Martínez, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, explica que el crimen organizado es un fenómeno global cuyas manifestaciones dependen de las características institucionales, económicas y criminales de cada país.

Según el académico, durante años Chile estuvo marcado principalmente por dinámicas asociadas al narcotráfico. Sin embargo, la evolución reciente de delitos como la extorsión, el secuestro, el sicariato y el lavado de activos evidencia una transformación progresiva del fenómeno.

“El secuestro extorsivo de un empresario ferretero en la Región Metropolitana o la misma investigación del ejecutivo del Banco Santander en una red de lavado vinculada al Tren de Aragua permiten observar un cambio cualitativo en el fenómeno del crimen organizado en el país”, señala.

A juicio de Martínez, la formalización del ejecutivo bancario constituye una señal relevante de la creciente profesionalización de estas organizaciones y de su capacidad para conectar economías ilegales con circuitos financieros completamente legales.

Los mecanismos de infiltración

La literatura especializada identifica múltiples estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para penetrar estructuras institucionales y económicas. Martínez explica que una de las principales consiste en utilizar intermediarios profesionales dentro de organizaciones formales. Abogados, contadores, notarios y proveedores de servicios societarios pueden ser empleados para crear estructuras complejas destinadas al lavado de activos o a ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de determinadas operaciones.

Otra modalidad frecuente es la infiltración en procesos de contratación pública mediante sobornos, manipulación de licitaciones o vínculos con funcionarios estratégicos. Asimismo, las organizaciones suelen adquirir o utilizar negocios con alto flujo de efectivo, como locales de eventos, estaciones de servicio o peluquerías, que permiten mezclar recursos de origen ilícito con ingresos legítimos, explica el experto.

Según explica el investigador, organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Mundial han advertido sobre el uso de múltiples cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros o empresas controladas indirectamente por organizaciones criminales. Estas estructuras permiten mover recursos ilícitos, compensar operaciones realizadas en distintos países y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

A ello se suma el uso creciente de criptomonedas, herramienta que ha sido aprovechada por redes criminales para realizar transacciones fuera de los sistemas bancarios tradicionales y reducir la capacidad de seguimiento de los flujos financieros.
Corrupción y vulnerabilidades institucionales

Para Pedro Valdivia, consultor de seguridad y coronel (r) de Carabineros, una de las principales debilidades que han favorecido la expansión del crimen organizado en Chile es la insuficiente cultura de inteligencia preventiva dentro de las instituciones. El experto sostiene que históricamente el concepto de inteligencia ha sido asociado únicamente a experiencias traumáticas del pasado, cuando en realidad su función consiste en generar información que permita anticipar amenazas y desarrollar sistemas de defensa eficaces.

A su juicio, las organizaciones criminales realizan verdaderos estudios de mercado antes de instalarse en un territorio, evaluando fortalezas y debilidades institucionales. En ese análisis, señala que, consideran factores como la estabilidad económica, el funcionamiento del sistema judicial, las capacidades de fiscalización y las condiciones regulatorias existentes. Lo que para un país constituye una fortaleza institucional puede transformarse en una oportunidad para organizaciones capaces de identificar vacíos de control o supervisión.

Valdivia advierte que la infiltración no afecta únicamente al sector financiero. Casos detectados en puertos, aeropuertos, organismos públicos e incluso instituciones vinculadas al sistema judicial demuestran que las organizaciones criminales buscan posicionar colaboradores en espacios estratégicos que faciliten sus actividades. “El crimen organizado es una actividad empresarial, entre comillas, que estudia cuidadosamente dónde instalarse y cómo operar”, sostiene.