• Andrea Cova Moore, equipo de facts
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Ante los delitos de alta connotación social que han afectado a la comuna de Maipú en los últimos días, el alcalde Tomás Vodanovic (Revolución Democrática), solicitó apoyo militar para resguardar la seguridad de la zona en una reunión con el Ministerio del interior. “La presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna” con responsabilidades “bien claras y acotadas”, fue la petición del edil, este llamado no es la primera vez que ocurre en el contexto de la crisis de seguridad, ya Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana, ha solicitado lo mismo en reiteradas ocasiones.

Esta petición surge luego de la muerte de un adolescente de 16 años en la Villa San Luis, en la comuna de Maipú, el fin de semana pasado, tras una discusión que, de acuerdo a los antecedentes, inició tras una salpicadura de agua desde la casa de la víctima. “Maipú, por su tamaño, población y características, necesita una intervención más fuerte e integral del Estado”, comentó el alcalde al momento de la noticia. Agregando que, “hay que actuar ya, sin complejos”.

Vodanovic expresó que, debido a la falta de dotación policial tanto en Maipú como en otras comunas de la Región Metropolitana, es esencial la “presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios complejos de Maipú”, estos se refieren a lugares como estaciones de metro, entradas y salidas de autopistas, y el sector industrial de la comuna.

La factibilidad de la petición

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó en una entrevista en TVN que no han decretado Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, porque “cada vez que lo hemos analizado y hablado con los expertos, policías, militares, hemos llegado a la conclusión que para este territorio no es una buena idea, sí lo ha sido en la macrozona sur, sí lo ha sido en la frontera, pero en una zona urbana poner a los militares a cargo de todo el despliegue de seguridad no parece una buena idea”.

Sin embargo, de acuerdo con Tohá, “es una buena idea”, generar un mecanismo nuevo de infraestructura crítica, donde exista una participación específica en ciertos perímetros y los militares “no quedan a cargo de toda la ciudad, pero sí colaboran”.

Sebastián Salazar, coordinador académico de Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, señala que en la normativa actual existen dos formas para desplegar a las Fuerzas Armadas:

• A través de la declaración de un Estado de Excepción Constitucional (asamblea, emergencia y catástrofe), por medio de un decreto firmado por el Presidente y los ministros del Interior y Defensa.
• La segunda vía es a través de la legislación permanente. “Un ejemplo concreto de este es la reciente ley que establece el sistema nacional de emergencias, en el que se autoriza el despliegue de efectivos militares para actividades de recuperación y respuesta ante la ocurrencia de catástrofes de todo tipo”, explica el académico.

Por otro lado, en febrero de 2023 se publicó en el Diario Oficial una reforma que modifica la Constitución y permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Por su parte, el Ejecutivo envió un proyecto de ley, que todavía se encuentra en el Senado en primer trámite, a pesar de la “urgencia” del proyecto.

Salazar explica que esta reforma se trata de una “figura intermedia que corresponde al resguardo de infraestructura crítica”. El académico se refiere a la efectividad y comenta que “la respuesta ya no es normativa, sino de eficacia de la política pública. La pregunta que uno debe efectuar es qué se busca lograr con el empleo de tropas militares para colaborar en labores de orden público, específicamente con rondas, patrullaje y custodia de determinada infraestructura”.

Añade que esta medida es “más bien reactiva, simplista y efectista al problema de seguridad que tenemos, pues dicho despliegue no va a resolver ni solucionar un trabajo en el que deben estar involucradas muchas instituciones y en que se necesita de un acuerdo transversal sustantivo para enfrentarlo políticamente. Insistir con el despliegue de militares es analizar el problema de seguridad únicamente desde una pura arista, la represiva, olvidando la preventiva, la inteligencia y la gestión público privada de estas materias”.

No obstante, este tipo de medidas se han utilizado en otras ocasiones en el país en donde se presentan situaciones de catástrofes, como terremotos, inundaciones e incendios. Así como también para el resguardo del orden público durante el estallido social y en la macrozona sur.

“Desde el año 2019 el Estado de Excepción Constitucional se ha transformado en normalidad constitucional, y ese hecho debe obligarnos a reflexionar por la persistencia de medidas excepcionales”, agrega el académico.

Casos internacionales

Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, ex subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y ex asesor de la comandancia en jefe del ejército, explica que países como México o Colombia han llegado a establecer ciertas colaboraciones o apoyo de las Fuerzas Armadas contra la lucha del crimen organizado, incluso, ingresando a materias que son propias de las policías.

El experto señala que como aprendizaje de estas medidas en los países antes mencionados, ha aprendido que esto “finalmente se ocupa como la última capacidad que tiene el Estado cuando está viéndose superado por las capacidades de fuego o por la inestabilidad e incluso el riesgo que significa para el propio sistema democrático”.

Abedrapo detalla que el resultado de las Fuerzas Armadas en estos países no son tan efectivos, ya que “básicamente al estar usando la última capacidad del Estado en el uso de la fuerza para atenuar, mitigar o contrarrestar la amenaza del crimen organizado o en materias de orden público, ciertamente te lleva a un límite, después de las Fuerzas Armadas, ¿qué? Las Fuerzas Armadas no están capacitadas, ordenadas ni alistadas para este tipo de dificultades o desafíos en el país en materia de seguridad pública”.