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Crisis en la educación pública y paros de profesores: Una radiografía de los principales problemas que enfrenta el sector

Retraso en constitución y traspasos municipales, están entre los problemas.

Son 46 las escuelas y liceos en la Región de Atacama los que han quedado sin clases, producto de la paralización del Colegio de Profesores en dicha zona, que este lunes cumplió 57 días consecutivos. Esta situación podría provocar que más de 30 mil estudiantes pierdan el año escolar.

Entre algunas de las demandas de los docentes, se acusaron malas condiciones en los diferentes establecimientos de la región, como problemas de instalaciones eléctricas, vidrios quebrados, filtraciones de agua, plagas de ratones y palomas, casinos insalubres, e incluso, falta de equipamiento o material básico para llevar a cabo las clases.

En medio de las críticas a la gestión del Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), aseguró que existen graves irregularidades, como contrataciones cuestionables y sobreprecios en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama -estos establecimientos operan de manera autónoma al Gobierno- al que le fue traspasado el servicio educativo de cinco municipios.

Esta no es la primera vez que ocurre una paralización docente en el año, pues, en agosto, el Colegio de Profesores hizo un llamado a paro nacional e indefinido, luego de rechazar la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) que respondía a las ocho demandas más urgentes de los profesores y que fue planteada durante los primeros días de administración del ministro Cataldo.

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Además, en 2019, dicho gremio llevó a cabo un paro nacional que se prolongó por 51 días. Esto debido al rechazo de los docentes a una de las propuestas y la falta de acuerdos con el Ejecutivo que, en ese entonces, establecía como condición volver a clases para reanudar el diálogo. Fue la tercera movilización de profesores más extensa que se ha realizado en la última década, donde una de las demandas más fuertes contemplaba la solución a la llamada “deuda histórica”.

El paro docente más largo de los últimos años (incluso desde la vuelta a la democracia) ocurrió en junio de 2015, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, y se extendió 57 días, hasta el 27 de julio.

A esto se le suman los constantes paros estudiantiles que han ocurrido al interior de liceos emblemáticos y establecimientos públicos en los últimos años, como el caso del Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, o el Instituto Nacional, hechos que han generado preocupación en torno al impacto educacional por la falta de clases.

“No hay que confundir la crisis de enseñanza y de los aprendizajes con paros docentes. Estos últimos vienen a agravar una situación crítica producida por la pandemia. Pero las razones de fondo de la crisis son otras: el desbarajuste producido por el cambio de administración desde los municipios a los SLEP; el mal clima interno de muchos de esos establecimientos; los problemas de gestión y dirección; el deterioro de la autoridad docente y la ola de micro, meso y macro violencias que afecta a la sociedad y se expresa también en escuelas y liceos”, menciona el Director del Doctorado en Educación Superior UDP, José Joaquín Brunner.

Los problemas que enfrenta la educación pública en Chile y los SLEP

Para Ernesto Treviño, Director del Centro UC para la Transformación Educativa (CENTRE UC), en la actualidad no es toda la educación pública la que está sufriendo una crisis, y argumenta que hoy el país enfrenta una “falacia de la composición”, debido a que se está haciendo una extrapolación de la situación que vive la Región de Atacama hacia el resto del país.

Entre las principales causas que han alimentado los problemas educacionales, el especialista destaca:

• En primer lugar, el retraso en la constitución y traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública.
• En segundo lugar, menciona que la ley de educación pública generó un conjunto de inflexibilidades financieras que dificultan la gestión de los SLEP. “Esto es algo que debe tratarse en el proyecto de ajuste a la ley actualmente en curso. Los SLEP deberían tener la capacidad de gestionar interanualmente los recursos y más flexibilidad para cambiar su destino según necesidades locales. En este ámbito se requiere la concurrencia de Hacienda y Contraloría para mejorar la normativa que permita más flexibilidad”, asevera.
• En tercer lugar, sostiene que la larga espera para los proyectos de infraestructura no permite acelerar el proceso, y enfatiza en que esto se podría agilizar también para atender necesidades al momento de iniciar el funcionamiento de los SLEP, junto con alguna fórmula transitoria para mejorar la infraestructura.

Por su parte, José Joaquín Brunner señala que “los actores de la crisis en la actual coyuntura son ante todo las autoridades del sector, Mineduc y otros, que parecen haber perdido la conducción y estar desbordadas por los problemas. También las autoridades regionales y locales que aparecen superadas”.

Además, asegura que existe una falta voluntad del Gobierno y el Congreso, y argumenta que estos deberían cambiar de raíz el “mal diseño” de los SLEP. En esa línea, el especialista recalca que el mandato, vocación y responsabilidad profesional y gremial de los docentes debería ser mantener activas las clases y no abandonar a sus alumnos.

El impacto de la pérdida de clases y lo que falta por mejorar

Según Brunner la pérdida de clases genera efectos significativos, como la interrupción de los aprendizajes, el deterioro del clima escolar, el aumento de la deserción, el debilitamiento de los hábitos de estudio, la exposición de los estudiantes a distintos tipos de riesgos y el quiebre en los lazos de confianza al interior de las comunidades escolares.

Toda nuestra educación, estatal y no estatal, pública provista por municipalidades, SLEP, corporaciones y fundaciones privadas, enfrenta problemas de gran calado. Ante todo, la mediocridad y desigualdad de los resultados de aprendizajes según clase social, etnia, región y género. En seguida, los daños causados por la pandemia, la erosión de la autoridad docente, las fallas de dirección y gestión de un gran número de colegios, y la falta de un desarrollo profesional más sólido de los profesores”, manifiesta el académico.

En ese contexto, el Director del Doctorado en Educación Superior UDP sostiene que debería implementarse una mayor descentralización y agilidad del aparato ministerial, así como una participación mayor de la sociedad civil en las responsabilidades educacionales. Y añade que es importante enfocarse seriamente en establecer una estrategia compartida entre actores estatales y no estatales, para a mediano plazo, lograr un mejoramiento sostenido del sistema.

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