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Delito de encerronas en Chile: Lo que dicen las cifras actuales y efectos de los planes en curso

De acuerdo con los especialistas, las modalidades de acción contemplan grupos armados y organizados.

Pasadas las 22:00 horas del jueves, un hombre de 54 años -identificado como Roberto González Acevedo- falleció a tiros durante una encerrona fallida en contra suya y de su esposa. El asesinato fue llevado a cabo por cinco delincuentes, quienes dispararon al menos tres tiros que impactaron en el tórax de la víctima. El hecho ocurrió en el enlace entre la Costanera Norte y la Ruta 5.

De acuerdo con los registros de Carabineros a nivel nacional en torno a “Robo Violento de Vehículo”, entre el 1 de enero y el 13 de agosto (desde la institución informaron que sólo hay datos hasta esa fecha, debido a la contingencia marcada por las inundaciones) se contabilizaron 6.561 casos, lo que corresponde a un 16,9% menos que el año pasado.

Las tres comunas con la mayor cantidad de casos –que representan un 18,4% del total-, son:

• Maipú (436 casos)
• Puente Alto (408)
• San Bernardo (365)

Según la institución, el último trimestre móvil mantiene los registros más bajos del período analizado, y comparado con el mismo trimestre del año 2022, los casos han disminuido un 31,7%.

Además, Carabineros realizó 332 detenciones por este delito en dicho periodo, de las cuales, el 25% se concentraron en cinco comunas: Maipú (24), San Bernardo (20), Alto Hospicio (15), Quilpué (13) y Los Ángeles (12).

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El 38% de los detenidos por “Robo Violento de Vehículo” eran menores de edad (125), y el 91% del total fueron chilenos. Cinco de cada diez detenidos cometieron el delito en la misma comuna donde vive.

La evolución del delito y la efectividad de los planes

Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, señala que el aumento en la violencia del robo de vehículos ha pasado de los famosos “portonazos” en las casas, hasta las encerronas en carreteras, donde grupos de delincuentes armados interceptan y roban los vehículos.

“Son grupos de personas que están siendo, por decirlo de alguna manera, administrados por un tercero. Se ha visto que, en general, hay menores de edad involucrados en esto, por ejemplo, menores de 17 años que realizan estos delitos de encerrona y que están administrados por un adulto que finalmente ocupa a los menores de edad para realizar el delito, porque, por supuesto, las penas son distintas”, asevera.

En esa línea, la experta hace alusión al plan de seguridad en autopistas del Gobierno, asegurando que este ha permitido disminuir la cantidad de delitos. Más allá de las cifras, la investigadora enfatiza en la modalidad de las encerronas, argumentando que estas son realizadas por grupos organizados, pero no asociados a redes de crimen organizado (como las vinculadas al tráfico de drogas, personas, armas, etcétera).

Según Lizana, el gran riesgo es que estas personas pueden integrarse en algún momento a organizaciones criminales mayores, afirmando que esa situación se ha visto en otros países, donde bandas delictuales locales se han integrado a grupos de criminalidad organizada que los utilizan.

La investigadora detalla que los sectores más afectados por las encerronas tienden a ser las entradas y las salidas de las autopistas, debido a que son los lugares en donde se generan mejores vías de escape para los delincuentes.

En agosto de 2022, las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea lanzaron el plan “Autopista Segura”, que busca reducir las encerronas en carreteras. Ante esto, la investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), Pía Greene, destaca la implementación de la medida.

Además, la especialista recalca la importancia de entregarles mayores facultades a los municipios, a modo de poder enfrentar la delincuencia en este momento.

A finales de mayo, el Gobierno ingresó el proyecto de ley que fortalece rol de los municipios en prevención del delito y seguridad pública, que crea la figura de los inspectores de seguridad municipal y agrava penas para quienes atenten en su contra en el ejercicio de su cargo.

“Los municipios son quienes conocen mejor dónde ocurren estas situaciones, cómo ocurren, y las denuncias que ellos hacen en las comisarías tienen mucha información que pueden entregarle para que se pueda manejar de mejor forma esto, tanto prevenir como, después de la denuncia, hacer un control del delito por parte de las policías. (…) Si los municipios siguen siendo espectadores en este tema, nosotros no vamos a avanzar en materia de seguridad y sobre todo en materia de delito violento”, expresa Pía Greene.

Según datos de la Fiscalía, entre enero y junio de 2023 (en relación con el mismo periodo del año pasado), la comuna de Vitacura redujo en un 51% los delitos de encerrona y portonazo, como también en un 44,4% los robos con intimidación y un 47,5% los robos con violencia. La alcaldesa de dicha comuna, Camila Merino, atribuyó estos resultados al Plan Integral de Seguridad Pública, orientado a la actuación en flagrancia -en el momento que suceden los hechos o hasta 12 horas después-.

Greene sostiene que, para poder hacer frente a la seguridad pública y combatir situaciones como los casos de encerronas, se debe reunir y analizar toda la información disponible que se encuentra dispersa en diferentes instituciones y autoridades (como la Fiscalía, Policías y el Gobierno), además de fomentar la colaboración público-privada para abordar el problema en profundidad.

“Tenemos que darle un mayor enfoque y una real importancia a los números, y saber tener análisis de información, o sea, observatorios de seguridad de dónde están pasando estas cosas, cómo están pasando; caracterizarla para poder enfrentarla de la manera adecuada”, agrega la investigadora del CESCRO.

Por su parte, Pilar Lizana destaca la importancia del uso de cámaras de seguridad para poder detectar los vehículos y las personas o bandas que estén realizando los delitos de encerronas y, de este modo, la información que pueda ser recibida a través de esas cámaras sea transmitida en tiempo real a las agencias del Estado, quienes tienen que responder ante los hechos, así como detener y sancionar a los delincuentes.

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