• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Además de la saturación de algunos establecimientos educacionales en el norte del país, como escuelas y liceos que han visto sobrepasadas sus capacidades matriculares, el aumento sostenido de la población migrante en Chile ha generado debate ante el acceso y los recursos de los servicios que otorga el Estado, como la salud y la vivienda.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), al 31 de diciembre de 2021 (último balance, según distribución regional y comunal) la población extranjera que reside en Chile corresponde a 1.482.390 personas, lo que equivale al 7,5% de la población total del país. Esta cifra implica un alza del 1,5% en comparación con 2020, y del 14,1% en relación con 2018. Los datos están basados en trámites migratorios iniciados, por lo que sólo se incluyen personas en situación de regularidad.

Según los números que registra el SERMIG, entre enero y diciembre de 2022 se realizaron 53.875 denuncias ligadas a ingresos por pasos no habilitados al país. Sólo en enero de este año, la cantidad de este tipo de denuncias corresponde a 3.390.

Salud

En marzo de 2016 se publicó el Decreto Supremo (DS) Nº67 del Ministerio de Salud, que fija la circunstancia y mecanismo para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiarios de FONASA. Además, este DS agregó la circunstancia de personas inmigrantes carentes de recursos, sin documentos o sin permisos de residencia. Con esto se da cobertura al inmigrante, dejándolos en iguales condiciones que a los connacionales.

Los extranjeros (incluso en situación de irregularidad) pasan así a estar cubiertos por el sistema de salud pública (FONASA) en su tramo A, lo que otorga derecho a acudir a centros de salud primaria, servicios de urgencia, postas y hospitales públicos (por lo tanto, se excluyen clínicas, centros médicos, laboratorios y consultas médicas privadas).

De acuerdo con el Ministerio de Salud, todas las personas migrantes tienen derecho a acceder a prestaciones de salud pública, como: métodos de regulación de fertilidad, controles nutricionales, vacunas, mamografías, Papanicolaou, aplicación de Test de Elisa, atención de enfermedades transmisibles (TBC, VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual), entre otras.

Así, si un extranjero requiere atención de salud, puede optar a estos servicios públicos, aunque se encuentre en las siguientes condiciones:

• No tiene visa o permiso de residencia y, por tanto, no tiene Rol Único Nacional (RUN).
• No es beneficiario de ningún convenio que le dé derecho a asistencia médica.
• No posee ningún seguro médico (FONASA, ISAPRES o seguro de viaje).

Además, tienen acceso a recibir los complementos alimentarios (leche) y medicamentos que se les indiquen, junto con la posibilidad de integrarse al Plan Auge, que les da acceso garantizado en FONASA o ISAPRES a prestaciones de salud para un conjunto de enfermedades que están en la lista AUGE.

La diputada RN e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, asegura que la llegada de inmigrantes ha afectado principalmente el área de salud y de servicios básicos.

“En mi zona (Región de O’Higgins), por ejemplo, nuestro sistema de salud, como hospitales y CESFAM, se ven colapsados por el alto número de extranjeros que llegan a atenderse, y estos lugares no tienen ni los insumos, ni la capacidad de atención para responder a esa demanda. Y en los servicios básicos, resalta el área de la educación, donde vemos a muchos niños sin matrículas. Todo lo anterior, se ve potenciado en la ruralidad, que se colapsa al no tener los servicios mínimos para que los inmigrantes puedan vivir”, añade la parlamentaria.

Educación

De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, el año pasado se evidenciaban 116.142 alumnos extranjeros en Chile, además de 124.444 estudiantes migrantes con Identificador Provisorio de Estudiante (IPE), debido a que aún no tenían el Rol Único Nacional (RUN). La cifra más alta de escolares con registro IPE la lideraban las regiones de Tarapacá (10,0%), Antofagasta (7,8%), y Arica y Parinacota (6,7%).

Esta situación llevó al colapso matricular de algunos establecimientos educacionales de la Macrozona Norte.

“El tema migratorio en la región de Antofagasta se refleja, por ejemplo, en el tema de las matrículas, que superan el 50% y hasta el 70% de establecimientos de alumnos que son migrantes irregulares, esto también se refleja en la atención pública. Lo otro que ha afectado mucho es a los jardines JUNJI, que tienen prácticamente al 100% sus cupos. Eso es una tremenda implicancia. Hay que entender además que no hay un recurso adicional puesto para estos ítems”, asevera la diputada de Avancemos Chile y ex PDG, Yovana Ahumada.

Vivienda

Adriana Palomera, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACh, señala que la vivienda constituye uno de los accesos más complejos para la población inmigrante, argumentando que esta es una de las principales causas de la precarización y hacinamiento de muchos extranjeros en el país, y el aumento de ellos en situación de calle.

El Decreto Supremo N°1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que establece el acceso al subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta 2.200 UF, requiere en el caso de las personas extranjeras, presentar cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva emitido después del 1 de enero de 2021.

Además, este beneficio establece que las personas deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares, ser mayores de edad, contar con cédula de identidad vigente, acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses, y contar con ahorro mínimo de 80 UF.

El año pasado, el Minvu aumentó los montos para postular a un beneficio habitacional (DS19 o Programa de Integración Social), por lo que las familias que pertenezcan a sectores medios pueden postular a subsidios de 1.400 hasta 2.800 UF, dependiendo de la región y comuna.

La resolución exenta N°510 del Minvu (28 de febrero de 2023), en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, indica que se dispone un total de 13.479.450 UF por región para 21.900 cupos regionales a lo largo del país.

De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización TECHO-Chile, hasta febrero del presente año se registró una nueva alza de familias viviendo en campamentos, llegando a 113.887 hogares. Esto equivale a un 39,5% más que en el periodo anterior (2020-2021). Además, el estudio evidenció que existen 1.290 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021.

El catastro detectó que actualmente existen 39.567 familias inmigrantes viviendo en campamentos, lo que corresponde a un 34,7% del total de hogares en estos asentamientos e implica un aumento neto de 14.603 hogares desde el catastro 2020-2021. A pesar de su relevancia a nivel nacional, al consultar la trayectoria habitacional de las familias, el sondeo constata que sólo en un 6,2% de los campamentos, la mayoría de las familias provienen directamente desde otro país previo a su llegada.

En una entrevista con El Mercurio, el alcalde de la comuna de Mejillones (Región de Antofagasta), Marcelino Carvajal, aseguró que en el campamento Villa Internacional, conformado en su mayoría por migrantes, habita casi el 50% de la población de la ciudad.

“Nosotros no damos abasto y no podemos hacernos cargo de las necesidades de otros si no resolvemos las nuestras. Eso es un tema que se ha discutido, no tenemos la capacidad de resolver la problemática, ni de salud, ni de educación, ni de vivienda”, agrega la diputada Yovana Ahumada.