• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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No solo es el problema de sobrepoblación lo que afecta al sistema penitenciario en Chile, el aumento de la violencia por parte de los reos y una nueva delincuencia también forman parte de ellos. Y ahora, a este escenario ya complejo, se agregan las protestas de gendarmes, quienes demandan mejoras laborales ante el Ministerio de Justicia a propósito del marco de la tramitación del Presupuesto 2025.

En la cárcel de Rancagua, donde llegó como primer destino el exsubsecretario Manuel Monsalve cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual, los funcionarios del recinto se manifestaron, ya que solicitan distintas mejoras en las condiciones laborales y en el caso específico de este plantel, existen peticiones focalizadas de mayor seguridad para el lugar.

Sin embargo, en la madrugada del viernes, y tras varias jornadas de conversaciones, desde Gendarmería señalaron que se “logró un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, agrupadas en el denominado Frente de Trabajadores Penitenciarios, orientado al mejoramiento de las condiciones laborales del personal uniformado de la institución”.

Desde la institución señalan que debido a las conversaciones con distintas autoridades y los gremios asociados se permitió alcanzar puntos de acuerdo con los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), y la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG).

Entre los puntos del acuerdo, resolvieron 3.900 ascensos para el personal de la planta II de suboficiales y gendarmes – que se harán efectivos a partir del 1 de marzo de 2025 -; “y establece una bonificación por incentivo al retiro, con 300 cupos en un plazo de tres años, que se tramitará en el periodo legislativo 2025”, entre otros puntos.

Una paralización de Gendarmería

Camila Astrain, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, explica que la movilización de Gendarmería que recientemente finalizó no corresponde a un hecho aislado. En los últimos años, son variadas las oportunidades donde se ha observado a los funcionarios demandando mejores condiciones laborales, “lo cual podría no ser diferente a lo que ocurre en otros servicios públicos, sin embargo, hay que reconocer que esta institución posee características que vuelven aún más complicada la situación”.

La investigadora señala que en primer lugar esta institución cumple un rol central en materia de seguridad, tanto en garantizar el cumplimiento efectivo de las penas como ser los responsables de la reinserción social de las personas privadas de libertad, “por lo que su movilización o paralización puede perjudicar el cumplimiento efectivo de estos objetivos, afectando así la seguridad nacional”.

Por otro lado, detalla como segundo punto que Gendarmería es el único servicio público autorizado a la utilización de armas de fuego, además de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas, “lo que eventualmente podría significar un riesgo inminente”.

Debido a estas razones, Astrain considera que es “un buen momento para discutir sobre la pertinencia de pensar en la transformación de la institución en miras a la creación de la policía penitenciaria”. Lo cual, a su parecer, podría ayudar a separar las funciones administrativas y operativas, especialmente “considerando los demás problemas que han tomado a la institución y que imposibilitan su óptimo funcionamiento, por ejemplo, los temas de corrupción”.

En tanto, Pedro Valdivia, experto en seguridad, detalla que esta es una problemática que Gendarmería ha tenido históricamente, donde existen dos factores a considerar:

• Las condiciones laborales: “Las cárceles en Chile están sobrepobladas (…) y esta sobrepoblación hace que las condiciones de carácter material sean bastante precarias con respecto a los gendarmes”.
• La exposición a la delincuencia: Los funcionarios de Gendarmería tienen “una función de alto riesgo tanto emocional como físicamente”, ya que están en constante contacto con personas vinculadas a la delincuencia. Asimismo, señala que las remuneraciones siempre han sido “precarias, no hay un equilibrio justo entre lo que se le paga a un gendarme con la labor que debe cumplir”.

Para Valdivia, este tipo de manifestaciones es una “mala señal” para la seguridad del país. “La delincuencia en Chile y sobre todo en las poblaciones penales de los últimos cinco años han cambiado radicalmente. En prácticamente todos (los recintos) existen personas que están cumpliendo pena y están vinculadas al crimen organizado. La delincuencia común tiene una visión muy diferente a las personas que pertenecen al crimen organizado sobre los funcionarios de Gendarmería”.