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Derechos sociales aprobados en la Convención Constitucional: Lo que viene y sus implicancias

La Carta Magna vigente, incluye los de seguridad social y salud, por lo que es primera vez que se integraría en la Constitución chilena el derecho a la vivienda.

El pleno de la Convención Constitucional comenzó a votar el pasado martes los denominados derechos sociales, los cuales han sido vistos por algunos sectores como el intento de los constituyentes para fortalecer la opción del Apruebo. Esto se debe a que, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, la opción Rechazo en el plebiscito de salida por una nueva Constitución alcanzó el 46%, superando por primera vez al Apruebo.

Algunos de los derechos sociales que fueron aprobados y serán integrados al borrador de la Carta Magna son:

  • Derecho a la vivienda: En la norma se declara que “toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Además, se explica que es rol del Estado tomar las medidas necesarias para el goce universal de este derecho.
  • Derecho a la seguridad social: La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en casos de enfermedad, vejez, discapacidad, desempleo, y accidentes de trabajo, entre otros. Respecto de su financiamiento, será otorgado por trabajadores y empleadores, “a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación”.
  • Derecho a la salud: Se definió que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”. Además, la norma aprobada menciona que el Sistema Nacional de Salud será de “carácter universal y público”, y será financiado “a través de las rentas de la nación, y adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones” para aportes solidarios al financiamiento del sistema.

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El abogado y director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Verdugo, señala que “de estos tres derechos el único que no está reconocido actualmente en la Constitución es el derecho a la vivienda, los otros dos están reconocidos, pero de un modo diferente”:

  • “(En la actual Constitución) se reconoce el derecho a elegir el sistema en dónde uno se quiere atender, ya sea público o privado. Sin embargo, ese derecho no está reconocido de forma explícita en los artículos que se aprobaron el martes pasado”.
  • “Se prefiere la idea de tener un sistema de seguridad social y de salud público, pero que algo sea público, no significa necesariamente estatal, (…) pero está claro que no va a existir un derecho fundamental a elegir sistema”.

Con la aprobación de las normativas, “se marca una diferencia” dice el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Central, José Ignacio Núñez. Según el experto, a pesar de que los derechos de seguridad social y salud están incorporados en la actual Carta Magna, estos “estaban tratados de manera minusvalorada respecto de otros derechos fundamentales”. En ese sentido, Núñez señala las diferencias:

  • “Menciona qué significa la seguridad social, y dice que es un conjunto de prestaciones que van en ayuda en personas que sufran o padezcan ciertas contingencias y las enumera. (…) Actualmente, eso se completa por la interpretación de académicos y por lo que regulaba la ley, pero ahora como la Constitución especifica las figuras que va a proteger, ese es el mínimo a partir del cual se construye el sistema”.
  • “En materia de salud, lo novedoso es el enfoque comunitario que se le da. Además, que se incorpora el derecho a la salud mental, como un derecho digno de protección, que no estaba mencionado antes”.

Implicancias de la consagración de estos derechos

La aprobación e inclusión en el borrador de la Carta Magna a los derechos sociales, orienta según Núñez, a las políticas públicas y al Estado como un ente que debe “satisfacer estos derechos”. Sin embargo, el experto recalca que “de ninguna manera esto se opone a que existan iniciativas particulares para satisfacer los mismos intereses, sino que el Estado deja de ser espectador”.

En esa misma línea, el director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, afirma que al ser incluidos en la Constitución, estos derechos se pueden generar dos acciones importantes:

1. “La ley tendrá que ajustarse a los estándares que están en los artículos y podría eventualmente darles poder a los tribunales, para que el día de mañana puedan revisar la constitucionalidad de las políticas respectivas, y chequear si se ajusta o no a este derecho”.
2. “Como consecuencia del punto anterior, esto puede dar lugar a la acción que las personas puedan interponer para ser exigibles este derecho y, por lo tanto, judicializar estas políticas de vivienda para que el Estado cumpla con su obligación”.

No obstante, Verdugo enfatiza que “no se está garantizando que las personas van a tener acceso a una vivienda propia, lo que se garantiza es la habitabilidad y la disponibilidad de servicios”.

¿En cuánto tiempo se implementarán si se aprueba la nueva Constitución? Ambos expertos coinciden en que es relativo, ya que dependerá de:

  • El gobierno de turno.
  • El tiempo que se demore el legislador en dictar las leyes complementarias a los derechos.
  • La capacidad financiera del Estado y de la Ley de Presupuesto.

Cambios en las cotizaciones

En el derecho de seguridad social y de salud se menciona la forma en que se utilizarán las cotizaciones. Para el académico de la UDD, “esto podría permitir que el legislador cambie el sistema de salud y de pensiones”, en ese sentido al abogado le llama la atención y explica que “las cotizaciones no son impuestos porque van a financiar cosas específicas, en el caso de la seguridad social; las cotizaciones financian ahorros individuales y, en el caso del sistema de salud, las personas que están en lo privado, van a financiar un seguro privado de salud”. Pero aparentemente la idea de cotización estaría siendo modificada en las normas aprobadas, según Verdugo, y cambiaría:

  • “En materia de salud, las cotizaciones no podrían financiar un seguro privado individual de salud, sino que tendrían que ir a financiar un sistema solidario”.
  • “(En el caso de seguridad social) las cotizaciones van a poder ser utilizadas no sólo para financiamientos de ahorros o seguros individuales, sino que también para seguros solidarios o ahorros colectivos”.

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