• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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Un total de 703 funcionarios de Carabineros, entre oficiales y suboficiales, se acogieron a retiro voluntario entre el 1 de enero y el 20 de julio de este año, según consignó La Tercera. Tras la dimisión de estos policías, los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Serbio Bobadilla y Henry Leal emplazaron al Gobierno a darle máxima urgencia a un conjunto de proyectos de ley que buscan brindar una mayor seguridad y protección a los funcionarios.

Los parlamentarios a través de un comunicado alertaron que la actual situación es “extremadamente crítica”, por lo que junto con llamar al Gobierno a adoptar de inmediato un plan que permita fomentar la permanencia de los funcionarios en la institución, emplazaron a las actuales autoridades a “terminar con la permanente incertidumbre que han generado sobre Carabineros”, asegurando que si no, “cada día serán más los efectivos policiales que ya no estarán dispuestos a sacrificar sus vidas por no sentirse respaldados”.

Las razones por las cuales los policías estarían dimitiendo de la institución, según el exsubsecretario de Carabineros en el gobierno de Lagos, Neftalí Carabantes, se debe a lo siguiente:

• Carga laboral excesiva: “Con jornadas extenuantes que van más de allá 12 horas cronológicas al día, y prácticamente sin fines de semana libres para dedicárselos a la familia. (…) Existe mucha presión por los turnos y los servicios que se hacen incompatible con la vida familiar, lo cual es sumamente complejo, desmotivante y estresante”.
• Cultura: “El trato excesivamente riguroso y normativista con el personal. En efecto, existe una cultura de control muy fuerte, lo que acarrea una verdadera propensión a la sanción ante la falta más mínima y de menor entidad. Esto genera un clima de crispación que es desgastante en lo psicológico para su personal”.
• “Todo lo anterior, contribuye a que el funcionario policial se interese por incorporarse al mundo laboral privado, pues no olvidemos que un carabinero que se va con 20 años de servicio a retiro, egresa con una pensión, y se torna en un profesional altamente calificado, lo cual le permite ser un recurso muy atractivo para el mundo privado”. De esta manera, el policía podrá tener, según Carabantes, un “ambiente laboral más distendido, sin servicios en la noche los fines de semana, sin grandes riesgos, con horarios definidos y con un mejor trato”.

El ex jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito en el segundo gobierno de Bachelet, Jorge Araya, añade y complementa los factores que influyen en estas bajas:

• Pérdida de imagen pública: “Carabineros ha sufrido una pérdida de imagen que termina repercutiendo en la legitimidad, pero por sobre todo en el prestigio, entonces para muchas familias que su hijo forme parte de una institución que está siendo muy cuestionada públicamente, lo ven como un peligro de ese punto de vista”.
• Alza de la criminalidad: “Lo anterior se junta con una criminalidad mucho más violenta con el uso de armas. (…) El peligro es cada vez más real y la probabilidad de que su hijo pierda la vida, o de que tenga que estar metido en una balacera influye”.

Frente a los hechos, los diputados Fuenzalida, Bobadilla y Leal mencionaron que “es fundamental que el Gobierno no se mantenga de brazos cruzados y adopte en los próximos días una decisión al respecto”, porque de lo contrario el porcentaje de deserción va a seguir en aumento, perjudicando directamente a las familias: “hay 700 funcionarios menos en las poblaciones y calles”, añadieron.

Algunos de los proyectos que enfatizaron los diputados y van en línea con proteger social y económicamente a los funcionarios policiales, son:

• Extensión del ascenso por invalidez al escalafón de suboficiales.
• Ampliación de la asistencia psicológica para el círculo más cercano.
• Aumento del seguro de vida con el que actualmente cuentan.
• Garantizar que el Estado se haga cargo de la educación escolar y universitaria de los hijos en caso de que sus padres fallezcan durante algún procedimiento.

Actualmente el Gobierno anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública que tiene dentro de sus ejes el “fortalecimiento Institucional y Gobernanza”, el cual plantea:

• Una nueva política nacional de Seguridad Pública para los próximos 10 años.
• La creación del Ministerio de Seguridad.
• Y una reforma a Carabineros, pero aún no se conocen sus detalles.

El secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, plantea las siguientes medidas para que la deserción no siga en aumento, y que deben “dar señales claras a la institución”:

• “Ratificar que Carabineros seguirá siendo una institución permanente de la República en caso de aprobarse el nuevo texto constitucional”. Además, el experto señala que el General Director debe profundizar “su naturaleza de policía preventiva y comunitaria, con pleno respeto a los Derechos Humanos”.
• “Establecer un sistema de incentivos a la permanencia en Carabineros pasados los 30 años de servicios, (…) por lo que soy partidario de evaluar que el sistema de bonos que está contemplado a partir de los 30 años de servicio en adelante, se imputen al sueldo, al desahucio y a la pensión, es decir se transforme en un bono imponible, para que este sea un incentivo real a la permanencia en la institución”.

En el caso de Araya, la reforma debe avanzar hacia “una fundación de una nueva policía nacional, que se derive de Carabineros, pero que sea disciplinada, jerarquizada, uniformada y no militarizada”. De esta manera, el experto dice que “ofrece mayores garantías a la gente y también sobre el respeto de sus derechos, ya que la condición de policía militar se traduce a que el ciudadano pasa a pertenecer a la institución (…) y se dan una serie de condiciones que interpone esa disciplina militar y no son adecuadas para la instituciones modernas”.