• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La seguridad escolar volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública luego de que el municipio de Temuco confirmara la instalación de un pórtico detector de metales en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas (Isett). La medida se enmarca en el plan comunal “Temuco, Educa y Protege” y convierte a este recinto en el segundo establecimiento municipal de la ciudad en contar con este tipo de sistema, tras la experiencia iniciada el año pasado en el Instituto Superior de Comercio.

Desde el municipio, el alcalde Roberto Neira ha insistido en que se trata de una herramienta complementaria y no de una solución total frente a los problemas de convivencia. El objetivo declarado es reducir el ingreso de armas u objetos peligrosos a los establecimientos educacionales, en un contexto donde las comunidades escolares han manifestado preocupación por episodios de violencia, amenazas y conflictos que se han vuelto más frecuentes y visibles. La decisión, sin embargo, abre un debate más amplio sobre la efectividad real de estas medidas, sus impactos en el clima escolar y los límites entre prevención, control y formación.

Las cifras ayudan a dimensionar el escenario. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Educación, durante el último año se registraron a nivel nacional 17.076 denuncias vinculadas al ámbito de la convivencia escolar, que incluyen maltrato a estudiantes, maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, discriminación y otros conflictos. En la Región de La Araucanía, donde se ubica Temuco, se contabilizaron 881 denuncias, lo que representa un aumento de 27,13% en comparación con el año anterior. Estas cifras n evidencian el deterioro de la convivencia.

Para la Dra. Viviana Hojman, directora ejecutiva de Valoras (programa de convivencia) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la adopción de detectores de metales en colegios públicos responde principalmente a la necesidad de entregar una señal clara de acción frente al miedo y la incertidumbre. Según explica, cuando las estrategias preventivas tradicionales parecen insuficientes o lentas en mostrar resultados, las comunidades y las autoridades tienden a optar por dispositivos que simbolizan control inmediato.

Evidencia en otros países

La evidencia internacional respalda esa cautela. La académica señala que revisiones recientes, como el estudio Securing schools, protecting minds (Stilwell et al., 2025), muestran que el aumento del temor a la violencia escolar ha impulsado el uso de medidas de seguridad física —detectores de metales, presencia policial, cámaras— incluso cuando su efectividad no está plenamente demostrada. En ese sentido, los detectores pueden funcionar como una barrera disuasiva inicial y reducir el ingreso de ciertos objetos peligrosos, pero sus alcances son limitados si se considera que la violencia escolar no se reduce únicamente al porte de armas blancas o de fuego, explica.
Otro punto crítico es el impacto subjetivo de estas medidas. Hojman señala que algunos estudios sugieren que el “endurecimiento” del entorno escolar puede afectar la percepción de seguridad de los propios estudiantes, aumentar el estrés y reforzar la sensación de estar en un espacio de vigilancia permanente. Desde una perspectiva pedagógica, agrega que la introducción de pórticos de control tensiona la idea de la escuela como un lugar de cuidado, confianza y formación integral, al incorporar dinámicas más propias de espacios de control que de aprendizaje.

En esa misma línea, Ernesto Treviño, director del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITED), advierte que este tipo de estrategias tiende a ser más bien cortoplacista. A partir de experiencias comparadas en países como México, señala que existen al menos tres factores críticos: la mantención técnica de los detectores, que requiere recursos permanentes; el impacto operativo en el ingreso a clases, debido a filas y retrasos; y la falta de continuidad cuando no se trata de una política pública de largo plazo, sino de decisiones locales sujetas a cambios de administración.

“Parecidos a cárceles”

Agrega que desde el punto de vista pedagógico puede interpretarse que los establecimientos escolares son más parecidos a cárceles que a lugares de aprendizaje y crecimiento personal. “Socialmente las implicaciones son más complejas, pues esta visión carcelaria de la escuela entra en tensión con la sensación de seguridad de esta medida. Sin embargo, es necesario evaluar su eficacia para ponderar con evidencia su impacto”, menciona Treviño.

A nivel operativo, Hojman señala que la implementación de estos sistemas también plantea desafíos prácticos. Requiere personal capacitado, protocolos claros sobre cómo actuar ante una detección y coordinación con otros actores, como equipos de convivencia escolar y redes de apoyo psicosocial.

En este escenario, los expertos coinciden en que el foco debiera estar en estrategias integradas. El fortalecimiento del clima escolar, el apoyo socioemocional, la formación en resolución pacífica de conflictos y el trabajo sostenido con estudiantes, familias y docentes aparecen como componentes clave para prevenir la violencia antes de que se materialice.