• Rosario Acevedo Castillo, equipo de facts
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La semana pasada, el martes, ocurrió un dramático caso en la comuna de La Florida. Un joven de 22 años, tras ser confundido con un delincuente, fue asesinado a golpes por vecinos del sector, tras sufrir asfixia. Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre se había refugiado en una de las viviendas del sector tras un intento de robo.

De acuerdo a la ley 19.696 que se establece en el Código Procesal Penal, “ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley”. Sin embargo, la legislación detalla que si el individuo fue sorprendido en un delito flagrante, solo se puede retener “para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere”.

El jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública (DPP), Alejandro Gómez, explica que “el delito flagrante es el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer, por lo que se faculta a los ciudadanos para detener a una persona, pero con el solo objeto de ponerlo a disposición de la autoridad. (…) Por lo tanto, toda conducta que exceda de eso, es una conducta ilegal, antijurídica y que eventualmente puede constituir en un delito”.

En el caso del joven de 22 años, no solo fue retenido. El prefecto de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, señaló que los detenidos tuvieron contacto con la víctima y que falleció por compresión toraco abdominal (asfixia traumática).

¿Aumento de casos? “No tenemos estadísticas respecto a esto (aumento de detenciones ciudadanas), pero la sensación es que sí. (…) De que existen comunidades que están más organizadas, y eventualmente responden de esa manera”, menciona Gómez.

En diciembre de 2020, otra detención ciudadana con resultado de muerte, dejó a once vecinos de la comuna de Puente Alto en prisión preventiva. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, los agresores se comunicaban por WhatsApp y no prestaron asistencia a la víctima tras la golpiza, dejándola morir en el lugar.

Para el abogado de la DPP, que las comunidades se organicen no es una dificultad, y enfatiza que: “El problema son los niveles de violencia y cómo se controlan, además que se alimentan con la percepción que se va generando en las personas sobre las instituciones. Cuando se instala en la percepción de la gente que la policía y la justicia no funcionan, se promueve la autotutela. Es decir, que las personas se protejan o intenten hacerlo por su cuenta y no recurran a la policía”.

Necesidad de sensación de seguridad: En esa misma línea, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, mencionó “como sociedad no podemos permanecer con los brazos cruzados, tenemos que hacernos cargo desde el Estado en generar una sensación de mayor seguridad para las comunidades”.

Según la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), sobre la confianza en las instituciones, la Policía de Investigaciones lidera con un 53%. Sin embargo, Carabineros, Gobierno y Ministerio Público, apenas alcanzan un 30%, 9% y 11%, respectivamente.

“Hay una deslegitimidad de los sistemas tanto de los policías como de los juzgados y los fiscales, en la capacidad de hacer una buena investigación y que esos antecedentes se usen para sancionar correctamente”, dice Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana.

Una encuesta realizada por la organización que dirige Johnson, determinó que un 30% de las personas consultadas considera aceptable tomar la justicia por sus propias manos. Esto ocurre, según el director ejecutivo, porque la ciudadanía percibe que el sistema “no opera de manera justa, y tiene más voluntad de establecer la justicia por su cuenta”.

Según mencionó el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Víctor Ruiz, sobre la detención ciudadana ocurrida el martes, “hay cuatro personas que se encuentran en calidad de detenidas por una orden del Ministerio Público. El fiscal a cargo de la investigación nos otorgó una investigación de largo aliento, estamos recién iniciando diligencias puntuales”.

Las medidas: Con el inicio de la investigación, el abogado de la DPP, Alejandro Gómez, explica que en el transcurso de ella se pueden tomar medidas cautelares con el fin de que “la persona cumpla la condena si se dicta o no”. Algunas de ellas son: arraigo nacional, firma mensual, arresto domiciliario o prisión preventiva, una de las “más extremas”, agrega Gómez.

Dependiendo del curso del procedimiento, si la Fiscalía decide acusar a los agresores del caso de La Florida e ir a juicio, eventualmente esas personas podrían ser condenadas, asegura Alejandro Gómez, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la DPP. Sin embargo, el jueves la Fiscalía decretó prisión preventiva para los cuatro detenidos, y se les imputó por el delito de homicidio calificado, arriesgando desde 15 años y un día.