• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Pasadas las 11:00 horas del martes, en calle Rengo —específicamente en el paradero ubicado entre Barros Arana y O’Higgins, en el centro de Concepción, región del Biobío— se registró una detención ciudadana. Transeúntes detuvieron a un delincuente que le había robado un bolso a una mujer, quien, entre gritos, pidió ayuda. Las personas presentes intervinieron y lo retuvieron. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con la información disponible, el delincuente logró huir, pero posteriormente fue seguido y alcanzado por un funcionario de la Armada, quien lo retuvo hasta entregarlo a Carabineros. Este tipo de situaciones ha ido en aumento. En noviembre del año pasado, durante una mañana de domingo en La Florida, un hombre fue encontrado muerto tras haber recibido golpes por parte de un grupo de personas. Según la información entregada por la PDI en ese momento, el sujeto fue agredido luego de presuntamente haber cometido un delito.

Para ese momento, el entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero, hizo un llamado a no hacer “justicia por mano propia”, señalando incluso que este tipo de hechos podría convertir a los vecinos en criminales. “La justicia por propia mano siempre es una pésima estrategia, no solo porque es violencia contra violencia, sino porque fundamentalmente transforma a buenos vecinos en criminales”, sostuvo.

Si bien el hecho ocurrido en Concepción no tuvo consecuencias tan graves como la muerte registrada en La Florida, ambos apuntan al mismo fenómeno: las detenciones ciudadanas y los riesgos que conllevan.

Juan Ignacio Nicolossi, experto en seguridad y profesor de la Universidad de los Andes, comenta que medir con precisión la frecuencia de las detenciones ciudadanas en Chile presenta desafíos metodológicos importantes.

“Los sistemas oficiales de estadísticas criminales, administrados por instituciones como Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el INE, habitualmente no utilizan una categoría específica para ‘detenciones ciudadanas’ o ‘detenciones por particulares’. Cuando la policía interviene tras la aprehensión realizada por un ciudadano, el evento se registra típicamente según la naturaleza del delito y las acciones policiales posteriores, lo que frecuentemente oculta el rol inicial del particular. En consecuencia, estos incidentes quedan subsumidos en categorías estadísticas más generales”, explica.

No obstante, señala que las encuestas de opinión pública revelan un importante nivel de apoyo a estas acciones, incluso cuando implican violencia. “Una investigación de 2017 del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social identificó que el 76 % de los encuestados justificaba las detenciones ciudadanas y las agresiones físicas a presuntos delincuentes. Esta actitud parece originarse en una profunda frustración con las ineficiencias percibidas del sistema de justicia formal, simbolizadas por la metáfora de la ‘puerta giratoria’”.

Por ello, advierte que este sentimiento público puede contribuir a la normalización de la violencia en este contexto, llevando a que acciones que exceden los límites legales —como el vigilantismo o el linchamiento— obtengan cierto grado de aceptación social.

Factores que influyen

El académico señala que diversos factores interconectados probablemente impulsan este fenómeno:

• La percepción de impunidad.
• La desconfianza institucional.
• Elevados niveles de temor al delito, que a menudo exceden las tasas objetivas de victimización.
• Narrativas mediáticas, “cuya cobertura puede moldear la opinión pública; y, potencialmente, la fragmentación social y el debilitamiento de los lazos comunitarios”.

“La convergencia de estos factores sugiere una crisis percibida en el contrato social, donde los ciudadanos sienten que el Estado no cumple adecuadamente su función de proveer seguridad y justicia, sintiéndose legitimados u obligados a asumir dichas funciones”, afirma.

Consecuencias y riesgos

Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, comenta que si bien, conforme a la legislación chilena, cualquier persona puede detener a otra que se encuentra cometiendo un delito —en flagrancia, como se indica técnicamente—, esto tiene límites. “Quien está deteniendo podría también transformarse en imputado por otro delito. Así, podría ser acusado de homicidio, secuestro, lesiones o mutilación. El uso excesivo de la fuerza, un error en la detención o el intento de hacer justicia por mano propia ponen en riesgo a quien la ejecuta”, advierte.

Asimismo, comenta que aunque estas acciones están permitidas en ciertos casos, siempre deben generar una alerta en las autoridades. “Cuando las personas sienten la necesidad de ejercer medidas de autotutela, como venganza por los hechos u otras acciones similares, ante el vacío del orden público, eso suele provocar que otros llenen ese vacío, ya sean particulares o grupos organizados. Aunque es materia de guiones de películas o cómics, los vigilantes que actúan como juez sin juicio previo no son aceptables en un Estado de Derecho”.

Por su parte, Nicolossi enfatiza los riesgos físicos como una preocupación primordial, debido a la posibilidad de que estos actos escalen hacia una violencia incontrolada, incluyendo agresiones, ataques colectivos y humillación pública, que pueden culminar en linchamientos.

También advierte sobre la responsabilidad legal de los ciudadanos: “Los individuos que exceden las estrictas limitaciones de la ley se exponen a severas consecuencias legales. La protección legal es específica y se aplica solo al acto de detener a alguien sorprendido in fraganti y entregarlo inmediatamente a la autoridad. Cualquier uso de fuerza excesiva, detención prolongada, castigo o humillación queda fuera de esta protección y puede derivar en imputaciones penales —como lesiones, secuestro u homicidio— y en demandas civiles. La acción colectiva no confiere inmunidad”.