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“La ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto en todo este tiempo, y no solo en Chile (…) Ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso tenemos que prepararnos”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una rueda de prensa el día miércoles 31 de julio, refiriéndose a la crítica situación política que atraviesa Venezuela luego de las elecciones el pasado domingo 28 de julio, donde a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo, son señaladas como un fraude electoral, lo que ha provocado una serie de manifestaciones que preocupa a los países vecinos, no solo por la situación política, sino por las repercusiones sociales que podría generar.

Países como Perú, Brasil y Panamá ya anunciaron mayores controles en sus pasos fronterizos con el objetivo de evitar un nuevo éxodo de venezolanos, argumentando que, luego de años de inmigración del país, no tienen la capacidad para recibir a más personas. “Nosotros ya habíamos previsto y tomado medidas preventivas hace unos 10 días con las autoridades para reforzar los controles migratorios terrestres, de los puertos y aeropuertos”, puntualizó el canciller Javier González-Olaechea a la prensa peruana. Incluso, mencionó que el país “no puede acoger en las magnitudes del anterior éxodo”.

En la misma línea, Panamá y Brasil tomaron medidas para evitar la llegada masiva de la diáspora venezolana, que de acuerdo con datos oficiales son 7,77 millones de venezolanos que han salido de su país y se encuentran en distintas partes del mundo, concentrándose mayormente en países de América Latina y el Caribe, según información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La situación en Chile

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), hasta el 31 de diciembre del 2022 en Chile se estiman que habían 1.625.074 personas extranjeras, de estas, 532.715 son venezolanos, esta cifra posiciona al país como uno de los que más venezolanos ha recibido junto con Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil y España, según ACNUR.

De esta forma se distribuye el ingreso de venezolanos en Chile, de acuerdo con la información del Sermig.

• 2018: 342.355 venezolanos.
• 2019: 464.717 venezolanos.
• 2020: 471.871 venezolanos.
• 2021: 492.061 venezolanos.
• 2022: 532.715 venezolanos.

Estas cifras han llevado a las autoridades a implementar medidas para contener la crisis migratoria, por ejemplo, una de ellas, fue la militarización de los límites fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de entregar apoyo de control y orden público. Este despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta buscaba frenar el tránsito de personas que querían ingresar de forma ilegal. En el caso de los venezolanos, antes del anuncio de esta medida, estos representaban el 80% de las llegadas, sin embargo, hasta marzo de 2023, representan solo el 36%.

Asimismo, de acuerdo con el Boletín Demográfico Anual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con datos de las bases del control fronterizo y administrado por la Policía de Investigaciones (PDI), durante 2022, los ingresos de forma legal incrementaron en 11.900 casos de todas las nacionalidades. Sin embargo, en el caso de los venezolanos, se registra que 12.000 personas dejaron Chile a pesar de ser residentes en el país, esto, consolidando así un nuevo fenómeno: la salida masiva de migrantes venezolanos. No obstante, debido a la situación de Venezuela, las autoridades pronostican una nueva ola de migrantes.

Los expertos

Byron Duhalde, académico del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y magíster en Estudios Internacionales, señala que “las cifras oficiales dan cuenta de un aumento sostenido de personas provenientes de Venezuela en los últimos siete años. Junto a ello, el proceso de empadronamiento que registró de forma biométrica a 182.119 personas en situación irregular, de las cuales el 90.8% eran provenientes de Venezuela. Este último dato resulta de relevancia, al considerar que la cantidad de personas en situación irregular es una cifra muy compleja de determinar; por ende, los resultados del empadronamiento permiten plantear hipótesis respecto de donde provienen estas personas”.

El experto señala que, ante este escenario, Chile ha venido desarrollando múltiples medidas en materia de seguridad y control fronterizo, “abordando desde una perspectiva de seguridad el desplazamiento de personas en situación de vulnerabilidad y mezclando en el discurso, a esta población con el crimen organizado. El levantamiento de restricciones a procesos de movilidad humana caracterizado por personas que se desplazan de manera forzada, no hace más que profundizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes a pie han cruzado diversos países de América del Sur escapando de un contexto social, político y económico muy complejo, donde han perdido documentos, pertenencias e incluso seres queridos”.

Por ello, Duhalde aclara que este tipo de procesos se deben abordar desde una perspectiva de derechos humanos, en coordinación con los países vecinos de la región y las agencias internacionales como el ACNUR, “con el propósito de proteger los derechos esenciales de las personas y los intereses soberanos de los países, un balance entre estos elementos son necesarios en la formulación de medidas que, por una parte, velen por el adecuado control fronterizo, pero que a su vez reconozca la vulnerabilidad de estos grupos”.

Por su parte, Carolina Stefoni, académica en temas migratorios del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señala que el escenario “es muy confuso y, mientras eso no se aclare, es muy difícil prever”. Sin embargo, puntualiza que son factores estructurales los que han gatillado las salidas de la población venezolana en los últimos años, que tienen relación con una crisis económica, de seguridad, política y social.

“Hay que separar las cosas, una situación es la transición democrática que se logre, pero por sí misma eso no genera que la migración se vaya a detener, en el caso, por ejemplo, de que Maduro no quedara como presidente y se logra una transición democrática es necesario también que el Estado sea capaz de dar garantías básicas de estabilidad política, económica y derechos a las personas para que los flujos realmente empiecen a detenerse y exista un retorno más sostenido en el tiempo (…) No basta con resolver la situación política actual”, asegura.

La experta señala que es “esperable que de quedarse Maduro en el poder” siga existiendo un flujo de salida de venezolanos como se ha registrado desde 2018, pero asegura que no toda esta población se va a dirigir a Chile, “se reparten en todos los países de América Latina, porque Chile no es el principal país de la migración venezolana”.

Por otro lado, puntualiza que el país debería prepararse, “pero no en el sentido que lo está haciendo, porque es muy probable que personas necesiten protección especial en Venezuela, sobre todo los líderes de la oposición, frente a todas esas persecuciones que puede empezar a ver, los países de la región debiesen ser solidarios y entregar asilo político a esas personas, lamentablemente no estamos viendo una propuesta en ese sentido”. Por último, agrega que el país no debe prepararse para el cierre de frontera, sino más bien en enfocarse en “poder recibir a esas personas y generar mecanismos de regularización”.

Catalina del Real, diputada por el 11º Distrito, Región Metropolitana en representación de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, dice que ante la posibilidad de un nuevo éxodo de venezolanos, “es crucial que Chile refuerce el control de sus fronteras para proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Un control fronterizo más riguroso es esencial para prevenir el ingreso irregular y asegurar que los procesos migratorios sean ordenados y legales. La protección de nuestras fronteras debe ser una prioridad para evitar la sobrecarga de los servicios públicos y mantener el orden interno”.