• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Ya en 2022, la Policía de Investigaciones (PDI) había advertido sobre la aparición de los denominados “motochorros”. En esa fecha, la institución había identificado 564 robos bajo esta modalidad en la Región Metropolitana. Según la PDI, se trata de situaciones en las que uno o más sujetos en motocicleta abordan a una persona para despojarla de sus pertenencias, ya sea mediante la sorpresa (lanzazo), la intimidación o la violencia.

En ese momento, el subprefecto Cristian Bracamonte, jefe del Cenacrim, describió este delito como una práctica “importada”, señalando que se ha replicado en Chile desde países como Colombia y México. Añadió que esta técnica no solo se emplea para robos, sino también en la ejecución de otros actos delictivos. Las cifras revelaron que en el 60% de los casos los delitos fueron cometidos por un solo motorista, y en su mayoría bajo la modalidad de robo por sorpresa.

Otro dato relevante para comprender este fenómeno es que, según los testimonios de las víctimas, en el 30% de los casos los delincuentes portaban mochilas de reparto asociadas a empresas de delivery. En cuanto a las comunas más afectadas, Providencia, Santiago, Ñuñoa y San Miguel concentran más del 60% de las denuncias por este tipo de delitos.

Estos robos perpetrados por delincuentes motorizados se han convertido en una de las expresiones más visibles del aumento de la criminalidad en zonas urbanas del país. De hecho, en julio de este año, la comuna de Independencia aprobó una nueva ordenanza que eleva las exigencias para el uso de motocicletas, con el objetivo de enfrentar el alza de este tipo de robos.

La nueva normativa establece requisitos tanto para motociclistas particulares como para empresas de reparto que operen en la comuna. Esta disposición, que busca ordenar el espacio público y fortalecer los controles, exige a las empresas de delivery llevar un registro detallado de sus repartidores, incluyendo la identidad del conductor, la patente del vehículo, el permiso de circulación y la licencia de conducir, entre otros.

Para implementar la medida, se habilitó a inspectores municipales que, con apoyo de Carabineros, realizarán fiscalizaciones activas en la comuna.

Ahora, con cifras más recientes, desde la BICRIM de Providencia señalan que en los últimos años las comunas de Providencia y Ñuñoa han experimentado un incremento en los delitos de robo por sorpresa, especialmente en la modalidad conocida como “motochorro”.

En Providencia, durante el primer semestre de 2024, según datos de la propia municipalidad, se registraron 1.097 casos de delitos de mayor connotación social en el eje comercial que incluye el Costanera Center, con una alta incidencia de robos por sorpresa. Además, se determinó que el 61% de los delitos en la comuna se concentran en cinco de las 15 unidades vecinales, destacando las zonas del Costanera Center, Parque Bustamante y Bellavista.

En Ñuñoa, específicamente en el Barrio Italia, los registros municipales consignan 390 llamados de emergencia relacionados con delitos, que derivaron en siete detenciones exitosas realizadas por inspectores municipales. La Plaza Ñuñoa también se consolidó como un punto crítico, con 872 emergencias registradas en el mismo período, según el mismo informe.

Factores de su expansión

El subprefecto Richard Biernay, jefe de la BICRIM Providencia, señala que existen múltiples elementos que explican este tipo de delitos. Si bien algunos apuntan al factor migratorio, asegura que no es el determinante. A su juicio, el principal atractivo para los delincuentes es el valor de los teléfonos móviles, que hoy superan fácilmente el millón de pesos, convirtiéndose en un botín muy codiciado.

Asimismo, Biernay advierte que los celulares no solo representan un objeto de alto valor, sino también una puerta de acceso a información bancaria. “En muchos casos, los delincuentes revisan las aplicaciones instaladas para sustraer dinero de las cuentas o incluso solicitar créditos en línea”, explica.

El subprefecto agrega que el alto valor de los dispositivos y las posibilidades de acceder a datos financieros hacen que este delito sea especialmente atractivo. Explica además que la PDI ha desarrollado un trabajo sostenido en coordinación con diversos actores: unidades de fiscalización de las comunas de Ñuñoa y Providencia, direcciones de seguridad comunal y Carabineros de Chile, para reforzar los controles y enfrentar esta problemática.

David Jara, investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, sostiene que no se puede confirmar una expansión sistemática del modus operandi sin revisar los datos. Según explica, lo más parecido en las estadísticas oficiales son los robos de o desde vehículos, “los cuales han aumentado desde 2021, aunque se mantienen en niveles similares a los de 2017 y 2018”.

Jara también señala que este tipo de delitos se puede explicar como un “delito de oportunidad”, influido por varios factores:

• Mayor dinamismo, lo que genera más oportunidades circunstanciales para cometer el delito y facilita la huida.
• Dificultades para identificar a los ofensores, lo que desincentiva la denuncia.
• Menor eficacia disuasiva de la vigilancia preventiva, dada la rapidez con que los delincuentes escapan.
• Mayor facilidad de acceso a motocicletas en comparación con otros vehículos.

En tanto, Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, explica que este fenómeno está vinculado a condiciones sociales, económicas y urbanas. A su juicio, la motocicleta ofrece alta movilidad y facilidad de huida en ciudades congestionadas, lo que la convierte en un vehículo ideal para “delitos de oportunidad”. Además, destaca que el aumento de la informalidad laboral, la precarización económica y la pérdida de control territorial en algunos sectores han creado un entorno propicio para la proliferación de estas prácticas delictivas.

Dificultades para la persecución y vacíos legales

Según el académico, una de las principales barreras para la persecución de estos delitos es que muchas de las motocicletas involucradas no cuentan con patente visible, o bien circulan con placas adulteradas o robadas, dificultando así su trazabilidad.

También, explica que las cámaras de vigilancia urbana no siempre permiten una identificación efectiva debido a la velocidad con que ocurren los hechos y al uso de cascos, que dificultan el reconocimiento facial. A esto se suma la falta de coordinación entre las policías y el Ministerio Público, especialmente en el levantamiento de evidencia útil y en la implementación de tecnologías que permitan una respuesta más eficiente.

Desde la misma perspectiva, Jara comenta que uno de los mayores obstáculos es la dificultad para identificar a los autores de los delitos, ya sea porque estos actúan con rapidez o porque no portan elementos de identificación como placas. Además, advierte que cuando se trata de personas sin registro de identificación en el país, la persecución penal se vuelve aún más compleja.

Respecto a los vacíos normativos, el experto menciona que si bien se han presentado proyectos de ley y ordenanzas municipales para combatir esta modalidad delictiva, muchas de estas iniciativas no consideran el carácter dinámico y cambiante de los delitos. En 2023, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que buscaba tipificar el delito de “motochorro” y establecer agravantes, como la inhabilidad para obtener licencias de conducir. Sin embargo, Jara advierte que abordar los delitos desde el modus operandi podría no ser eficaz a largo plazo, ya que los delincuentes pueden modificar sus prácticas para evadir la legislación. En su lugar, propone fortalecer la fiscalización municipal, el trabajo de las policías y los sistemas que están desarrollando Carabineros, la PDI y Gendarmería para identificar a personas extranjeras sin registro en el país.