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¿El robo de madera fortalece la economía mapuche? Afectados responden a declaraciones de Llaitul

Según CORMA, el delito ha tenido un crecimiento exponencial los últimos 4 años.

Un video muestra al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, aseverando que la participación de la organización en el robo de madera “favorece un tipo de economía local, mucho más solidaria, mucho más justa y que beneficia a la mayoría de los pobres del campo y la ciudad también, más allá de las comunidades mapuches que utilizan los recursos para favorecer la soberanía, la autogestión y, en definitiva, la autonomía revolucionaria”.

Llaitul -detenido el miércoles por la PDI- hizo previamente que sus dichos volvieran a poner en la agenda el tema del robo de madera, del cual había asegurado antes que se usaba para comprar “fierros” (armas) y “tener los tiros” (municiones). Según declaraciones entregadas a Emol Social FACTS por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), “el robo de madera es un delito cometido por bandas criminales que atemorizan, angustian a los vecinos y que les permite financiar otras operaciones ilícitas en la macrozona sur. Además, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 4 años tanto en su extensión territorial como en los montos robados”.

Como datos duros delictivos, la agrupación aseguró lo siguiente:

• En el 2019, eran 70 comunas del sur las afectadas por este delito y hoy, al 2022, ya suman 106 comunas desde el sur de la Región de O’Higgins, hasta el norte de la Región de Los Lagos
• En el 2021, el monto respecto al 2018 casi se cuadruplicó. Llegó a 92,5 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 50 mil camiones circulando con madera robada por el país

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A su vez, el crecimiento exponencial del robo de madera en 4 años se representa de la siguiente forma, siempre según la entidad:

• 2018 robo madera: USD$ 20,0 millones
• 2019 robo madera: USD$ 45,2 millones
• 2020 robo madera: USD$ 67,8 millones
• 2021 robo madera: USD$ 92,4 millones. (Esto correspondió a más de 50.000 camiones -140 diarios- con madera robada circulando por las carreteras)

La visión de los afectados

Para René Muñoz, gerente de Acoforag (Asociación de Contratistas Forestales), las declaraciones de Llaitul son confirmar “el robo, pues no puede ser que se utilicen los bienes ajenos y de manera burda como ellos, para hablar de que es en beneficio de las comunidades o que debe ser socialmente aceptable”.

• “Lo que él está planteando es robo”, reiteró, “esto es delito, aunque no esté tipificado por la ley, es robo de madera. Esto está sirviendo para financiar las actividades terroristas, por lo tanto, todo lo que hemos sufrido por más de 20 años se junta en esta actividad delictual, en donde se siguen financiando sus actividades”.

Por último, declaró que “el Estado debe hacerse cargo de este problema, para que, en conjunto del Poder Legislativo, generen los instrumentos legales para perseguir este delito con penas aumentadas como lo que se exige en la actualidad en el proyecto de ley que hay en el Senado”, insistió.

Por otro lado, Michel Esquerre, presidente de Pymemad (Asociación de Pymes Madereras), asegura que “la economía mapuche es mucho más que la violencia, se dedican a la tierra, ganadería, entre otros. Esta no se sustenta por el robo de maderas, no puede decir eso”.

• “Esta “economía”, es una confusión que nace producto de la violencia. Es una guerra casi de pobreza; es la destrucción de la economía. El mundo violento no representa a los pueblos originarios, representa solo a los violentos que ni siquiera son el grupo completo”, comentó.

“Desde el punto de vista de las empresas y pymes, el robo de maderas es competencia desleal, porque nosotros pagamos impuestos y vamos por la forma correcta, desde los contratos formales a pagar imposiciones. Es injusto competir con una industria informal, que vulnera todo el proceso por beneficio propio”, finalizó Esquerre, indicando que estos crímenes se habían salido totalmente de control en los últimos meses.

Las medidas necesarias

Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, dice que “en la medida que veamos un Gobierno débil en la aplicación de seguridad, o que el Poder Judicial no entregue las medidas para ejercer la justicia, así como tengamos un Poder Legislativo tímido en las leyes que se pueden realizar, entonces estos grupos seguirán nutriéndose de la falta de eficiencia del Estado”, espetó.

“Este problema está descontrolado, hacen efectivas sus medidas porque nadie los está fiscalizando, crece día a día, porque mientras el Estado no ataque de raíz este problema, entonces seguirán ejerciendo estos grupos terroristas”, inquirió Arellano, concluyendo que la única medida que puede tomar el Gobierno en la actualidad, consiste en atreverse a enfrentar estos grupos, porque son personas que ejercen la violencia desmedida, hecho que no se está considerando con la seriedad que debiese, sino que se está viendo desde una perspectiva más política que urgente.

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