• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El Servicio de Impuestos Internos (SII), en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC), habilitó un canal de denuncias anónimas y seguras para reportar sociedades sospechosas de operar como empresas de fachada. La medida busca fortalecer la detección de estructuras utilizadas para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, en medio de una creciente preocupación por el avance del crimen organizado en el país.

La iniciativa surge en un escenario donde la percepción ciudadana sobre este fenómeno va en aumento. De acuerdo con una encuesta del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, aplicada entre junio y julio a 872 personas, el 70% de los consultados afirma percibir, al menos ocasionalmente, negocios que podrían funcionar como empresas de fachada. Un porcentaje similar los asocia directamente al crimen organizado y al lavado de dinero.

Cómo operan las empresas de fachada

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y exfiscal, explica que estas sociedades cumplen un doble objetivo dentro de las organizaciones criminales. “Por una parte, permiten introducir recursos ilícitos en la economía formal, simulándolos como ventas, servicios, préstamos, aumentos de capital o utilidades legítimas. Por otra, entregan cobertura logística a la organización criminal, facilitando la contratación de personas, el arriendo de inmuebles, la adquisición de vehículos y la circulación de dinero sin exponer directamente a sus líderes”, señala.

El especialista agrega que algunas compañías desarrollan actividades comerciales reales y mezclan esos ingresos con dinero ilícito, mientras que otras existen solo en el papel, sin una operación efectiva.

Imagen referencial

Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, coincide en que estos negocios pueden aparentar absoluta normalidad. Explica que suelen aprovechar rubros donde resulta difícil verificar el volumen real de ventas o servicios, utilizando además testaferros, sociedades relacionadas y operaciones simuladas para ocultar al verdadero beneficiario de los recursos.

Entre las principales señales de alerta, Toledo menciona ventas incompatibles con el tamaño del negocio, movimientos bancarios que no coinciden con el giro comercial, reiterados aumentos de capital sin explicación, administradores sin capacidad económica y adquisiciones repentinas de bienes de alto valor.

Los rubros con mayor riesgo

Los expertos advierten que ningún sector económico es sospechoso por definición. Sin embargo, existen actividades que presentan mayores vulnerabilidades debido al alto manejo de efectivo o a la dificultad para verificar cada operación. Toledo sostiene que bares, restaurantes, discotecas, comercio minorista, estacionamientos, talleres mecánicos, compraventa de vehículos, construcción, inmobiliarias y empresas de importación y exportación son algunos de los rubros más utilizados para este tipo de delitos.

Alveal agrega que el factor determinante no es la actividad económica en sí, sino la posibilidad de introducir recursos ilícitos sin generar sospechas, mezclándolos con ingresos aparentemente legítimos.

La ruta para detectar el dinero

La identificación de estas estructuras requiere un trabajo coordinado entre distintas instituciones. Según Toledo, las investigaciones consideran el cruce de información financiera, tributaria, societaria, aduanera y patrimonial, además de los reportes de operaciones sospechosas enviados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). A ello se suman análisis de cuentas bancarias, declaraciones tributarias, facturación, identificación de beneficiarios finales y la evolución patrimonial de los investigados.

No obstante, advierte que la investigación enfrenta importantes obstáculos. “La dificultad es que estas estructuras suelen utilizar testaferros, sociedades sucesivas, operaciones aparentemente regulares y dinero distribuido entre múltiples cuentas y bienes”, afirma.

Alveal añade que también resulta clave el levantamiento del secreto bancario, la cooperación internacional y el intercambio permanente de información entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y las policías.

Un impacto que trasciende el delito económico

El lavado de activos no solo permite ocultar ganancias ilegales. También altera el funcionamiento de la economía formal. Toledo explica que una empresa financiada con dinero del crimen organizado no necesita obtener utilidades para mantenerse operativa. Puede vender bajo el precio de mercado, pagar arriendos superiores o absorber pérdidas durante largos períodos, desplazando a los comerciantes que sí dependen de ingresos legítimos.

“El lavado no es la etapa final del crimen organizado, sino el mecanismo que permite su permanencia y expansión“, sostiene el exfiscal, al advertir que estas estructuras transforman las ganancias del delito en patrimonio, capacidad económica e influencia para financiar nuevas actividades criminales.

En la misma línea, Alveal afirma que estas empresas generan competencia desleal, reducen la recaudación tributaria y fortalecen financieramente a las organizaciones criminales. Recuerda, además, lo señalado por el fiscal Héctor Barros respecto de que mientras no se afecte el patrimonio de estas bandas, seguirán teniendo la capacidad de reemplazar integrantes y mantener sus operaciones.

El desafío de seguir la ruta del dinero

Para ambos especialistas, el principal reto está en fortalecer la persecución patrimonial del crimen organizado. Toledo plantea que toda investigación relevante debería incorporar desde sus primeras etapas una línea financiera, con acceso oportuno a información, identificación efectiva de los beneficiarios finales y medidas cautelares tempranas sobre bienes y activos.

Alveal coincide en que es necesario robustecer las capacidades técnicas de la UAF, mejorar la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras e incrementar la cooperación internacional. Asimismo, sostiene que también resulta indispensable impedir que los líderes de estas organizaciones continúen administrando recursos y dirigiendo operaciones desde los recintos penitenciarios.