• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El acelerado envejecimiento de la población chilena se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales del país, generando una presión creciente sobre el sistema de pensiones, el mercado laboral y los costos sociales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el promedio de edad de la población aumentó de 28,8 años en 1992 a 38,1 años en 2024. Este fenómeno, que es global, avanza en Chile a un ritmo particularmente rápido, con impactos más intensos en regiones como Valparaíso, Ñuble y Los Ríos.

Según datos del INE, la proporción de personas mayores de 65 años pasó de 6,5% en 1992 a 14% en 2024, mientras que la población menor de 15 años disminuyó de 29,5% a 17,7%. Esta transformación demográfica tensiona lo que se conoce como la tasa de dependencia, indicador que mide la relación entre la población económicamente activa y quienes se encuentran fuera del mercado laboral.

Desigualdad territorial

El proceso de envejecimiento no se distribuye de manera homogénea en el país. De acuerdo con el “índice de envejecimiento” del Censo, se observa que por cada 100 habitantes de hasta 15 años, los mayores de 65 aumentaron exponencialmente desde 22,2 personas en 1992 hasta 79 en el último sondeo.

La Región de Valparaíso encabeza el ranking nacional con un índice de envejecimiento de 98,6 habitantes por cada 100 menores de 15, lo que implica una relación casi equivalente entre personas mayores y población infantil. Le siguen Ñuble, con 97,6, y Los Ríos, con 89,2, todas por sobre el promedio nacional. Más atrás aparecen Magallanes, Biobío, Maule y O’Higgins.

Para la doctora Agnieszka Bozanic Leal, presidenta de la Fundación GeroActivismo y doctora en medicina e investigación traslacional y máster en psicogerontología de la Universidad de Barcelona, este fenómeno responde a una combinación de factores estructurales. “Chile envejeció en tiempo récord, sin haber construido antes los sistemas de protección necesarios. El problema no es que vivamos más, eso es un logro social, sino que envejecemos sin planificación adecuada”, explica.

La experta agrega que regiones como Valparaíso concentran trayectorias de envejecimiento marcadas por la desigualdad, la migración de población joven hacia otros territorios y la permanencia de personas mayores con pensiones insuficientes, redes de apoyo debilitadas y mayor carga de enfermedades crónicas.

Impacto en el mercado laboral

El envejecimiento acelerado también tiene consecuencias directas en la disponibilidad de mano de obra, especialmente en zonas rurales e intermedias. La reducción de población joven en edad de trabajar profundiza la escasez laboral, afecta la productividad local y dificulta el relevo generacional en actividades económicas tradicionales.

Bozanic advierte que el problema no es únicamente la falta de personas jóvenes, sino la exclusión sistemática de las personas mayores del mundo del trabajo. “Seguimos expulsando a personas mayores que podrían seguir aportando si existieran condiciones laborales flexibles, capacitación y si se combatiera el viejismo laboral”, señala. A su juicio, el envejecimiento mal gestionado genera abandono territorial y pérdida de capital humano.

Presión sobre pensiones y gasto social

El sistema de pensiones enfrenta uno de los mayores desafíos de esta transición demográfica. El director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Jorge Acosta, sostiene que el actual modelo no fue diseñado para una población envejecida como la actual. “Hoy tenemos la tasa de fecundidad más baja de la historia, con 1,03 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). Esto implica menos trabajadores activos financiando un gasto social creciente en pensiones y salud”, afirma.

Acosta agrega que, si bien existe la Pensión Garantizada Universal, su financiamiento dependerá de los impuestos que pagarán cada vez menos trabajadores, lo que trasladará la carga a las generaciones futuras.

Desafíos estructurales

Desde el ámbito académico, Claudia Rodríguez, coordinadora del Centro de Envejecimiento de la Universidad de los Andes, subraya que Chile se ha convertido en el país más envejecido de América Latina en un periodo muy corto. “Regiones como Valparaíso presentan una relación casi uno a uno entre personas jóvenes y mayores, lo que impacta directamente en el desarrollo económico, la disponibilidad de servicios y la capacidad productiva del territorio”, explica.

Los especialistas coinciden en que enfrentar este escenario requiere políticas públicas integrales y de largo plazo. Entre las medidas prioritarias se encuentran una reforma estructural al sistema de pensiones, el fortalecimiento del sistema nacional de cuidados, la generación de incentivos laborales para integrar a personas mayores y estrategias territoriales que eviten la migración forzada de jóvenes desde regiones envejecidas. A ello se suma la necesidad de combatir la discriminación por edad y avanzar hacia un cambio cultural que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos y actores activos del desarrollo.