• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Una nueva iniciativa de cooperación hemisférica comenzó a tomar forma bajo el nombre de “Escudo de las Américas”, un proyecto impulsado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca articular una alianza regional destinada a enfrentar el crimen organizado y los carteles del narcotráfico. En el marco de la primera cumbre vinculada a esta propuesta, líderes políticos del continente participaron en encuentros y conversaciones destinadas a explorar formas de coordinación en materia de seguridad, inteligencia y cooperación estratégica.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del mandatario estadounidense para reforzar su influencia en el hemisferio occidental. Trump, conocido por su interés en proyectos de defensa y sistemas de protección estratégica, ha planteado el “Escudo de las Américas” como una plataforma para coordinar esfuerzos entre distintos países frente a amenazas transnacionales. Durante la cumbre, el Presidente estadounidense explicó que los gobiernos participantes acordaron avanzar en una alianza orientada a combatir el narcotráfico y las redes criminales que operan en el continente. “Acordamos usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas”, afirmó el mandatario.

Desde el ámbito académico, algunos especialistas plantean que el “Escudo de las Américas” aún carece de una estructura institucional clara. Juan Pablo Sims, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, explica que la iniciativa “parece ser, por ahora, una plataforma ad hoc de coordinación política y de seguridad, más que una organización propiamente tal. No tiene, al menos hasta donde se sabe, una carta fundacional, institucionalidad permanente ni reglas claras de funcionamiento”.

Según el experto, el objetivo oficial es fortalecer la cooperación contra el crimen organizado y mejorar la coordinación entre gobiernos del continente, aunque también puede interpretarse como un intento de Washington por reorganizar políticamente la región bajo su liderazgo.
Sims agrega que el proyecto tiene una dimensión geopolítica más amplia que la simple cooperación en seguridad. “Todo indica que no se trata solo de seguridad, sino también de una iniciativa con contenido geopolítico, en un contexto en que Washington busca reafirmar influencia regional y contener la presencia de actores como China”, señala.

El rol de Chile

En ese escenario, la eventual participación chilena plantea preguntas sobre el papel que el país podría desempeñar dentro de la iniciativa. Sims considera que Chile podría aportar legitimidad institucional a la propuesta. “Chile podría tener un papel relevante como socio políticamente serio, con capacidad institucional y cierta credibilidad diplomática. Desde esa perspectiva, podría ser útil para darle legitimidad a una iniciativa que todavía parece más política que institucional”, explica. No obstante, advierte que acercarse a este esquema no sería una decisión neutral. Según el investigador, fortalecer la relación con Estados Unidos mediante esta plataforma también podría generar tensiones con otros países de la región y con socios estratégicos como China.

Una mirada similar plantea el académico de la Universidad San Sebastián y exasesor en defensa y seguridad Jaime Abedrapo. A su juicio, el objetivo de la iniciativa se relaciona con el interés de Estados Unidos por ampliar su influencia en el continente y coordinar la acción de los Estados frente al crimen organizado transnacional. En ese sentido, explica que el encuentro reciente no constituye un tratado internacional formal, sino más bien una declaración política de intención entre los países participantes. Según Abedrapo, se trata de “un compromiso de palabra” que busca establecer una coordinación más estrecha frente a amenazas como el narcotráfico, la trata de personas y otras redes criminales que operan en la región.

El especialista añade que esta coordinación podría implicar desafíos legales y políticos para Chile, especialmente si se considera la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones contra el crimen organizado. Desde su perspectiva, ese tipo de participación requeriría revisiones constitucionales y cambios importantes antes de poder implementarse. Además, advierte que la iniciativa podría tener efectos en la política exterior chilena más allá del ámbito de la seguridad. A su juicio, un acercamiento más estrecho con Washington podría influir en la relación con otros actores globales, particularmente China, que es uno de los principales socios comerciales del país.

Otra dimensión del debate tiene que ver con el alcance real de la cooperación que se propone. Cristóbal García-Huidobro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago e historiador, explica que la iniciativa busca coordinar estrategias de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico mediante la cooperación entre agencias de distintos países. Según señala, la coordinación internacional podría resultar útil frente al avance de organizaciones criminales que operan en varios territorios del continente.

Escenario difícil

En el caso chileno, García-Huidobro sostiene que el país enfrenta un escenario complejo debido a la presencia de grupos de crimen organizado que han comenzado a operar dentro de sus fronteras. Entre ellos menciona organizaciones como el Tren de Aragua y otros carteles internacionales que podrían tener presencia en la región. En ese contexto, una estrategia coordinada podría aportar herramientas tecnológicas, inteligencia y cooperación policial que hoy resultan limitadas a nivel nacional.

Sin embargo, el académico advierte que participar en una estructura de cooperación de esta magnitud implicaría también importantes desafíos institucionales. Según explica, Chile tendría que invertir recursos significativos en tecnología, capital humano y coordinación entre distintos ministerios y organismos del Estado. Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y otras instituciones tendrían que trabajar de manera articulada para cumplir con eventuales compromisos derivados de la iniciativa.