• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El colegio Eduardo Llano Nava, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, tuvo el lunes, por primera vez, una jornada escolar con horario reducido. Específicamente en el turno de la tarde, que a partir de ahora terminará a las 18:15 horas hasta nuevo aviso, de acuerdo a lo que consigna El Mercurio. ¿Las razones? “Debido a los reiterados asaltos, inseguridad, oscuridad, entre otros”, comunicaron en una circular a los apoderados.

La crisis de seguridad también afecta a los distintos establecimientos escolares, los cuales se han debido adaptar a la nueva realidad del país, llegando a incorporar medidas para el resguardo tanto de los trabajadores como de los estudiantes. Incluso, el Ministerio de Educación (Mineduc) actualizó la Política Nacional de Convivencia Educativa, donde entre los cambios más relevantes, presentaron el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, junto a la Superintendencia, la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Subsecretaría de la Niñez.

“Comunidades Educativas Protegidas” tiene como objetivo prevenir y abordar la violencia en los contextos educativos, tanto al interior del establecimiento educativo como en el entorno inmediato. El plan está dirigido a 50 comunas que fueron seleccionadas por la relación que poseen con hechos delictivos de violencia y situaciones de connotación social pública relacionadas con la violencia. Las zonas que entran en el plan fueron priorizadas con cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación.

Dentro de los ejes principales del programa destacan los siguientes:

• Articulación intersectorial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia de Educación con la finalidad de que “los sostenedores sepan cómo enfrentar situaciones de violencia crítica”.
• Acompañamiento a comunidades educativas de las 50 comunas priorizadas.
• Apoyo especializado para niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia crítica.

Desde la Subsecretaría de Educación señalan a Emol Facts que las comunidades educativas no están ajenas a los hechos de violencia que ocurren en el país, porque lo que pasa en la sociedad permea en la escuela y “nos pone un gran desafío para resguardar que los establecimientos educativos sean espacios protegidos y de resguardo del derecho a la educación”.

Los datos que definen el problema y el papel de la inseguridad en la formación

Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y ex jefe de División de seguridad Pública del Ministerio del Interior, comenta que las condiciones de seguridad de un país, afectan a todos los ámbitos: “Afecta en la economía, en el consumo, la gente se inhibe de salir en la noche, de vacaciones o por el fin de semana, porque teme dejar la casa sola. En el caso de la educación, ocurre lo mismo”.

El experto detalla que lo que podría ocurrir es que los padres se sientan inseguros frente a la situación, “y en algunos casos dejan de mandar a sus hijos al colegio o los mandan para lo estrictamente necesario, y que no participen en taller o actividades deportivas, porque temen que, en horarios de la tarde, la situación sea más peligrosa. Hay una afectación directa e indirecta cuando los propios menores o sus apoderados son víctimas de un delito en el trayecto al colegio”, menciona.

Hasta marzo de este año, de acuerdo con lo que consignó La Tercera, las escuelas, jardines infantiles y liceos de los 15 SLEP que funcionan en todo Chile, existen registros de 202 robos o actos vandálicos en lo que va del 2024. En cuanto al 2023, los 11 SLEP que existían hasta ese momento, registraron 613 robos o actos de vandalismo. Este levantamiento de información fue ordenado por Rodrigo Egaña, director subrogante de la Dirección de Educación Pública (DEP), ante una serie de robos y vandalizaciones que ocurrieron en Atacama.

Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, apunta a que las escuelas son instituciones receptoras y, en ocasiones, reproductoras de la violencia social. “Las teorías cognitivas del aprendizaje han demostrado que cualquier proceso de aprendizaje demanda seguridad y confianza, es decir, el aprendizaje se dificulta en un clima de hostilidad o amenaza. En este sentido la exposición a la violencia en las escuelas ya sea entre alumnos (bullying), por parte de profesores, apoderados u otros actores comunitarios atenta contra los procesos de aprendizaje como a su vez contra el rol cívico de la escuela, es decir, en su rol de preparación para la vida en convivencia y democracia”.

Díaz explica que el alza sostenida de los indicadores de violencia puede tener consecuencias muy graves para el país, “porque puede implicar un aumento sostenido del retraso educativo y la deserción escolar, lo que a la larga se traducirá en un aumento en la tasa de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto a su vez podría ser un factor de riesgo para el inicio de trayectorias delictivas, sobre todo en contextos sociales con fuerte presencia de organizaciones criminales”.

Medidas en los colegios

A juicio del académico, los colegios deben fortalecer sus equipos y las herramientas para la aplicación de su plan de convivencia escolar, fomentando la participación de los estudiantes. Así, como también sugiere que deben reforzar su capacidad para identificar y actuar de forma preventiva sobre factores de riesgo que pudieran conllevar situaciones de violencia, favoreciendo el desarrollo de capacidades para que los actores puedan resolver los conflictos.

Añade que otra acción fundamental es mantener un monitoreo permanente sobre los distintos espacios de interacción que se dan en las escuelas, lo que incluye comunidades virtuales y dinámicas que puedan darse al ingreso o salida de la escuela.