• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La reducción de hechos de violencia en la macrozona sur durante los primeros meses de 2026 ha marcado un punto de inflexión en la discusión sobre el futuro del estado de excepción constitucional. De acuerdo con el “Informe de violencia” de la Multigremial de La Araucanía, en este período se registraron solo cinco atentados, la cifra más baja desde que se implementó esta medida extraordinaria. El contraste es significativo si se compara con los 72 episodios del primer trimestre de 2021 o los 60 ocurridos en igual período de 2022, antes de la reinstalación del estado de excepción el 17 de mayo de ese año.

Este escenario ha coincidido con la apertura del debate político respecto de un eventual desescalamiento de la presencia militar en la zona, planteado por el ministro de Defensa. Sin embargo, la discusión no es lineal. Mientras algunos sectores ven en la disminución de los ataques una señal de avance hacia la normalización institucional, otros advierten que aún no existen condiciones suficientes para retirar o reducir el despliegue de las Fuerzas Armadas sin comprometer la seguridad.

Desde el mundo gremial, la evaluación es cautelosa. El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, plantea que, si bien existe una baja relevante en los atentados, el problema está lejos de resolverse. “Primero que nada, todos deseamos que el Estado de Excepción termine, pero en nuestro caso que el término ocurra porque no existen atentados o hechos graves de violencia. Hay una reducción importante, pero aún mantener 4 o 5 hechos graves sigue siendo una situación mala, que afecta a trabajadores y empresas, y también en forma muy importante las expectativas de trabajo e inversión”, afirma.

El dirigente agrega que la persistencia de estos hechos impide hablar de una normalización real. “Los grupos que aún operan deben ser desarticulados y lograr varios meses con cero atentados. Mantener un promedio cercano a 4 atentados por mes sigue siendo muy malo. Esto no ocurre en ninguna otra región o países similares a Chile”, sostiene.

Santibáñez también advierte sobre los riesgos políticos de anunciar un eventual repliegue. “La promesa del gobierno fue más seguridad y no menos. Por otra parte, es muy malo o riesgoso anunciar este tipo de medidas. ¿Qué pasa con la imagen del gobierno y del Estado si después del anuncio ocurre un atentado grande?”, cuestiona.

Factores detrás de la disminución

Diversos elementos explican la baja en los ataques registrada en los últimos años. Entre ellos, destaca el propio estado de excepción, que ha permitido reforzar la presencia militar en rutas estratégicas y zonas rurales, actuando como un factor disuasivo frente a acciones violentas.

A esto se suman avances legislativos y operativos. Según Santibáñez, “la disminución de los ataques se debe a un trabajo integrado del Estado, donde la herramienta del estado de excepción ha sido fundamental. Ha permitido disuadir, pero también ha sido muy importante en dar protección a policías y fiscalía para hacer el trabajo y gestiones que permitan avanzar en hacer justicia y desarticular los grupos extremistas”. Asimismo, menciona que iniciativas como la ley de robo de madera y las normativas contra usurpaciones han contribuido a debilitar ciertas economías ilícitas vinculadas a estos grupos.

Desde la mirada académica y estratégica, el diagnóstico es similar, aunque con matices. Jaime Abedrapo, exsubdirector de la ANEPE, exasesor de la comandancia en jefe del ejército y académico de la Universidad San Sebastián, considera que la reducción de la violencia responde, en parte, a la presencia sostenida de fuerzas militares y al debilitamiento de algunas organizaciones tras la captura de sus líderes.

Sin embargo, advierte que este escenario no necesariamente es estable. A su juicio, “la retirada de las fuerzas podría ser un punto de inflexión” que facilite la rearticulación de grupos violentos o el surgimiento de nuevas organizaciones. En ese sentido, plantea que, aunque algunas estructuras han perdido capacidad operativa, también se ha observado una diversificación de actores en la zona, con agrupaciones emergentes que aún no tienen la fuerza para generar ataques de gran magnitud, pero que podrían evolucionar rápidamente.

Riesgos en la materia

El principal dilema que enfrentan las autoridades radica en cómo avanzar hacia una normalización institucional sin generar un retroceso en materia de seguridad. Para Abedrapo, la respuesta pasa por una estrategia gradual y focalizada. Sostiene que, si bien el estado de excepción no resuelve el problema de fondo, en el escenario actual sigue siendo una herramienta necesaria.

En esa línea, enfatiza que aún no están dadas las condiciones para prescindir de las Fuerzas Armadas, especialmente considerando la posibilidad de que nuevos grupos intenten ocupar los espacios que podrían quedar vacantes. La experiencia reciente, marcada por ciclos de alza y baja en la violencia, refuerza la idea de que cualquier cambio debe ser cuidadosamente planificado y reversible.

Abedrapo señala que una de las principales deudas en esta materia ha sido precisamente el desarrollo de capacidades de inteligencia más robustas. A su juicio, avanzar en esta línea permitiría identificar y desarticular de manera más eficiente a las organizaciones que aún operan en la zona, reduciendo la dependencia del despliegue militar.