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Estafas telefónicas y fraudes en medios de pago: La situación en Chile, las cifras y la mirada de los expertos

De acuerdo con una encuesta de Ipsos, uno de cada seis chilenos ha sido víctima de estafas con medios de pago. Conoce los detalles.

“Hemos recibido tu CV, agrega este número en WhatsApp para darte más información”, dice una voz robótica que al terminar el mensaje cuelga la llamada. Este es uno de los nuevos métodos de estafas telefónicas, que con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) ha complejizado el fenómeno. En su momento, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, explicaron que al escribir por la aplicación pueden introducir links fraudulentos a los usuarios y generar situaciones riesgosas.

Ahora bien, existen distintos métodos para la realización de fraude y en ese contexto la empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su segunda edición del estudio anual de Medios de Pago Latam, donde, además de indagar en la percepción de los medios de pago de 14 países latinoamericanos, se incluye una sección sobre fraude y los encuestados señalan si han sido víctimas de fraude o intentos de ello y si han recibido llamadas fraudulentas para obtener información personal.

El estudio de septiembre de este año, preguntó a los encuestados si alguna vez han recibido un intento de fraude en unos de sus medios de pago, el 46% respondió que sí. En este apartado, la tarjeta de débito aparece como el medio más amenazado, seguido del efectivo y luego, las transferencias electrónicas.

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En el grupo de quienes han sufrido intento de fraude en sus medios de pago, el 32% señala haber sido víctima de fraude financiero en el último año, y si se lleva al total de los encuestados en el país, uno de cada seis chilenos (15%) ha sido víctima de fraude en el último año. Estas cifras ubican a Chile por debajo del promedio regional del 17 % y de acuerdo con la encuesta, el país de la región donde más se reportan fraudes es Costa Rica, con un 25 % de los encuestados que asegura haber sufrido fraude en el último año.

Los desafíos y posibles medidas

Kenneth Pugh, senador independiente en la lista de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, señala que “el explosivo aumento de las estafas por medios tecnológicos ha sido la evolución natural del “cuento del tío”, pero que hoy en día con la tecnología actual basada en IA, puede superar el umbral de la capacidad humana de detectarlas”.

Incluso, señala que hasta hace poco era fácil distinguir en un email una estafa al encontrarse errores ortográficos, links extraños o ausencia del formato corporativo, “cosa que hoy se hace muy difícil al existir suplantaciones de correos, en aquellos casos en que los dominios no están con configuración DMARC, o cuando usan caracteres del alfabeto cirílico para suplantar URL, que a la vista se ven iguales”.

Pugh señala que lo mismo pasa en las llamadas telefónicas en las que la voz es exactamente igual a la de la persona que conoces o, si se trata de un video, parece auténtico.

Por ello, señala que desde el Senado han ingresado junto a Luz Ebensperger, Ximena Órdenes, Ximena Rincón y Rodrigo Galilea, un proyecto de ley que modifica el Código Penal, para incorporar, como circunstancia agravante de la responsabilidad, el uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito.

Felipe Harboe, académico del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS) – y ex subsecretario del Interior- señala que existe un aumento exponencial en este tipo de estafas y “desde el punto de vista penal, tienen similar tratamiento las estafas telefónicas que las estafas “físicas” ”. Sin embargo, apunta a que el problema está en los elementos probatorios “para poder identificar el origen de la llamada y el beneficio obtenido a partir de algún tipo de tecleo que implique consentimiento o una acción afirmativa de algún tipo de cobro”.

En cuanto a los desafíos, señala que es clave hacer una campaña de denuncias de este tipo de estafas identificando los números y coordinando las acciones del servicio público entre el Servicio Nacional del Consumidor que tiene un registro de teléfonos y adicionalmente el Ministerio Público -que recibiría las denuncias- con las empresas de telefonía, a objeto de ir bloqueando masivamente los números utilizados para ese tipo de estafa.

Asimismo, puntualiza en cuanto a la penalidad de este tipo de delitos que podría aumentarse, “pero lo más relevante sería la aplicación de sistemas tecnológicos y medidas probatorias para simplificar la prueba ante una investigación de carácter penal o incluso que más allá de establecer sanciones penales existan sanciones de multas administrativas muy elevadas para desincentivar este negocio”.

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