• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La evasión de impuestos continúa representando uno de los principales desafíos para las finanzas públicas chilenas. Aunque el país ha fortalecido durante las últimas décadas sus mecanismos de control tributario mediante herramientas como la factura electrónica, la digitalización de procesos y nuevas normas para combatir la elusión, las pérdidas fiscales derivadas del incumplimiento siguen siendo significativas. La dificultad para dimensionar con precisión este fenómeno, sumada a las diferencias metodológicas utilizadas para estimarlo, ha abierto una discusión tanto en el ámbito técnico como en el político respecto del verdadero alcance de la evasión tributaria y de las medidas necesarias para enfrentarla.

En 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó un informe sobre las brechas tributarias que actualizó las estimaciones de evasión del impuesto corporativo. El documento revisó la primera estimación oficial difundida en 2023, que situaba la evasión por sobre el 50% y que generó un amplio debate debido a que superaba con creces los niveles registrados en los países desarrollados. Tras la revisión metodológica, el SII redujo la tasa promedio de evasión desde un 51% a un 46% para el período 2018-2020.

Dos décadas

El mismo reporte incorporó por primera vez una serie histórica que permitió observar la evolución del fenómeno durante casi dos décadas. Según esos antecedentes, la evasión del impuesto corporativo alcanzó un máximo de 60% en 2003, mientras que en 2021 registró su menor nivel con un 29%. En promedio, la evasión durante las últimas dos décadas se ubica en torno al 48%.

El director del Centro de Derecho Regulatorio y de Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, sostiene que la evasión tributaria continúa siendo un problema estructural para el país y “es una pérdida fiscal que afecta directamente la capacidad del Estado para financiar políticas públicas esenciales; sin embargo, existe controversia respecto de la forma en que se calcula la evasión tributaria”, explica.

Más allá de las diferencias técnicas, existe consenso en que el fenómeno tiene efectos concretos sobre la economía nacional. La menor recaudación limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, infraestructura, salud, educación y programas sociales. Al mismo tiempo, genera distorsiones competitivas entre quienes cumplen oportunamente con sus obligaciones tributarias y quienes incumplen parcial o totalmente el pago de impuestos.

Pascuali sostiene que la evasión también produce consecuencias sobre el funcionamiento del mercado. “La evasión no solo reduce la recaudación: distorsiona la competencia, castiga a quienes cumplen y debilita la legitimidad del sistema tributario. Cada punto de evasión es menos inversión pública, menos cohesión social y más presión sobre los contribuyentes formales”, afirma.

Sin embargo, Pascuali asegura que “Chile ha avanzado, pero las medidas aún no son suficientes. La modernización del SII, la factura electrónica y las normas anti-elusión han sido pasos importantes, pero la evasión se mantiene en niveles que muestran que el sistema requiere una actualización más profunda y sostenida”, señala.

Una estimación

Por su parte, Germán Pinto, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, quien sostiene que el problema comienza por la dificultad de determinar con exactitud cuánto se evade realmente. “No es posible dimensionar precisamente la evasión, sino que se estima. El problema es que hay diferencias de criterios para los métodos. Uno muy utilizado es considerar cuánto crece la economía. Por ejemplo, si crece 3%, esto implica que la recaudación debe subir 3% también. Pero si crece 1%, se considera que la diferencia, es decir 2%, es evasión”.

El académico agrega que, pese a la atención que suele recibir el fenómeno, el nivel de cumplimiento voluntario en Chile continúa siendo elevado, lo que significa que en el país hay responsabilidad tributaria, detalla.

Más allá del monto exacto de la evasión, los expertos coinciden en que sus consecuencias afectan directamente el funcionamiento de la economía. Pinto explica que la menor recaudación limita la capacidad del Estado para financiar programas sociales y, además, genera una competencia desigual entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes operan al margen del sistema tributario.

Respecto de los desafíos futuros, Pascuali considera que el país debe avanzar en una estrategia que combine tecnología, simplificación normativa y nuevos incentivos para promover el cumplimiento y añade que el principal reto consiste en adaptar la capacidad fiscalizadora del Estado a una economía que cambia rápidamente.

“El principal desafío es cerrar la brecha entre la economía real y la capacidad del Estado para monitorearla. La informalidad, la digitalización acelerada y las estructuras internacionales complejas exigen un enfoque moderno, preventivo y coordinado con los estándares de la OCDE”, explica.