Extorsión a dueños de locales de comida: La práctica delictual que enciende las alarmas
- Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Chile se enfrenta a una profunda crisis de seguridad, donde nuevas prácticas delictuales se han instalado en el país y amenazan contra la integridad de los ciudadanos. Secuestros, homicidios, robos con intimidación, tráfico de armas y extorsión son los nuevos crímenes que alertan a las autoridades, las cuales han implementado una serie de medidas para disminuir el aumento de las cifras. Sin embargo, el crimen organizado y las bandas criminales siguen avanzando en sus métodos. De acuerdo con el Ministerio Público, hasta julio de este año, existían al menos 15 denuncias por extorsiones violentas a dueños de locales de comida a cambio de una supuesta protección en la Región Metropolitana.
Según consignó un reportaje de T13, estos actos corresponden a la banda criminal denominada “Tren de Aragua”, y piden a los dueños de locales de comida de distintas comunas de Santiago, entregar una suma de dinero que empieza desde los $10 millones y puede ascender a $250 millones por local a cambio de protegerlos; de lo contrario, los atacarían a ellos, a sus espacios y familiares.
Esta nueva práctica delictual corresponde a una expresión del crimen organizado. Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab explica que la extorsión “es una manera de poder generar control territorial, porque al final los hacen trabajar para ellos o buscaban sacarlos del sector y esto tiene que ver con dos cosas: el control territorial que buscan este tipo de grupos y con la obtención de dinero. Esto es algo que se dará cada vez más en Chile, porque estos delitos son el signo del avance de una criminalidad más compleja y, en ese sentido, aquí hay que empezar a diseñar acciones para poder enfrentarla”, comenta la experta.
Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago en la Facultad de Humanidades y ex jefe División de Seguridad Pública Ministerio del Interior, explica que este tipo de acciones se dan cuando una banda criminal siente que tiene el control de un territorio, y por eso, se enfrentan a los dueños de los locales, ya que “ejercen el poder y la influencia que les da el uso de las armas. Es un delito grave por todo lo que implica y el peligro que genera en la población”, menciona.
De acuerdo con lo explicado por Lizana, las medidas implementadas por el Gobierno, si bien representan un avance, responden a un delito en particular y no al fenómeno completo. “El crimen organizado en sí mismo no sería el problema de fondo que tiene Chile, sino que más bien el tema de Chile con respecto a la crisis de seguridad tiene que ver con algo estructural del Estado y sus debilidades que son aprovechadas por el crimen organizado”, comenta.
Por lo tanto, las medidas de seguridad responden a cada expresión del crimen organizado y no al problema estructural que detalla la experta. Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), en lo que va de año, existe registro de 29.592 casos de amenazas donde entra la extorsión, lo que refleja el complejo panorama al que se enfrentan las autoridades, ya que este dato solo corresponde a un delito de todo el universo nuevo que se ha instalado en el país.
Según Lizana, este tipo de delitos demuestra el avance y la complejización del escenario criminal, que además de expresarse en extorsiones, lo realiza mediante homicidios, secuestros y una larga lista de prácticas que colocan en entredicho la capacidad de respuesta del Estado. Asimismo, detalla que dentro de las consecuencias destacan:
• Mayor avance de las bandas criminales.
• Mayor consolidación del crimen organizado.
• La complejización del escenario criminal.
Por su parte, Araya menciona que dentro de las consecuencias, también destaca que los locatarios van a preferir mudarse del lugar por la inseguridad. “Esto implica que esos barrios van quedando cada vez más abandonados en manos de estos sujetos del crimen organizado (…) Finalmente, todo esto empodera más a las bandas criminales y en la medida que reúnen más dinero pueden subcontratar gente y empoderarse más e instalarse con más fuerza en estos territorios. Por lo tanto, hay que actuar rápido en la vía de destinar unidades especiales a investigar estos delitos”, asevera el especialista.
Posibles medidas a tomar
Para Araya es fundamental que todos los locatarios puedan contar con modalidades de denuncias anónimas que protejan su identidad, además, menciona la importancia de que este tipo de caso los resuelva una brigada específica de la Policía de Investigaciones (PDI), ya que debiese ser un trabajo en conjunto con la Fiscalía para que exista una investigación “que permita esclarecer quiénes están detrás de esto y empezar a reunir pruebas para luego armar un caso. Ya no basta con la denuncia, porque la denuncia no va a constituir por sí sola un buen medio de prueba. Por lo tanto, es clave que cuenten con un canal donde hacer la denuncia que le permita a la policía investigar con tiempo y acumular pruebas para luego desbaratar la banda criminal”, detalla el experto.
Por su parte, Lizana menciona que las medidas deben responder al problema de fondo que enfrenta Chile, porque desarrollar trabajos específicos para cada delito no logrará enfrentar la crisis de seguridad. Esto “va más allá de fuerzas de tarea puntuales para un delito en particular. Se tiene que enfrentar con un esfuerzo integral e intersectorial de todo el Estado, y ahí es donde nos está faltando avanzar en eso y donde nos está faltando una estructura que realmente coordine y tenga el poder para coordinar a todas las agencias”, asevera.
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