• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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De acuerdo con la base de datos de Fonasa, en 2023, la población extranjera beneficiaria del sistema público era 1.553.465. De estos, 533.142 son carentes, es decir, no perciben ingresos y pertenecen a un hogar económicamente vulnerable, por tanto, no cotizan en el sistema, en cuanto a las otras cifras, 12.035 son pensionados, 923.649 trabajan como dependientes, 84.622 son trabajadores independientes y 17 son desconocidos.

Del total, el 34,32% pertenece al tramo A, que se refiere a personas carentes de recursos, el 27,04% al tramo B, que son aquellos que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a $440.000, el 18,08% se encuentra en el tramo C, que son personas que reciben un ingreso mayor a $440.000 y menor o igual a $642.4000. Y el restante, el 20,55% pertenece al tramo D, que son los extranjeros que perciben un ingreso mayor a $642.400.

Estos son los números oficiales de la institución, sin embargo, tal como cita El Mercurio al académico analista en procesamiento de datos, Ernesto Laval, quien realizó un análisis de las cifras desde el 2018 a 2023, basándose en la información de Fonasa, de los 2.3 millones de nuevos beneficiarios que han entrado al sistema público, el 39% corresponde a extranjeros que ingresaron a Fonasa.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (UNAB), explica que Fonasa, por definición, afilia a todas las personas que ingresan al mundo laboral, a excepción de aquellas que declaran estar en una Isapre en particular. Por lo tanto, “es lógico que los inmigrantes ingresen a Fonasa como primera opción”.

“Los inmigrantes legales, quienes pueden afiliarse regularmente a Fonasa, generalmente comienzan su vida laboral con bajos ingresos. Además, suelen ser jóvenes y estar en edad reproductiva, lo que implica que, en general, son sanos. Con base en estos antecedentes, sus aportes financieros al sistema serán menores que los costos que generan por atención de problemas de salud aguda, embarazo y parto”, explica el especialista.

Las implicancias

En cuanto a las implicancias para Chile, Sánchez plantea que la primera que se puede considerar, es la parte financiera, ya que representa un mayor costo fiscal, “sin embargo, esta situación es consustancial a un proceso de inmigración regulado. El verdadero problema surge cuando el proceso de inmigración no está regulado y los sistemas de seguridad social deben asumir demandas muy por encima de su capacidad, lo que resulta en la congestión de los servicios de urgencia y atención primaria”.

Sánchez señala como otra consecuencia el hacerse cargo de “un perfil epidemiológico exógeno del cual el país debe desarrollar competencias para hacerse cargo de nuevas patologías que pudieran no haber estado en el país”.

En consecuencia, el especialista comenta que, “no hay que echarle la culpa a la inmigración de las deficiencias del sistema de salud chileno. En efecto, el que existan 2,5 millones en espera por una atención médica y más de 350.000 por una cirugía claramente no es responsabilidad de los inmigrantes que, como son algunos miles, lo podrían agravar, pero es injusto achacárselos. El problema radica en situaciones estructurales del sistema de salud que le han imposibilitado cerrar la brecha entre oferta y demanda”.

Las cotizaciones y la densidad poblacional

Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo (UDD), explica que “el número total de personas extranjeras en Chile ha ido en un aumento importante año tras año en los últimos 15 a 20 años, cosa que no ocurría hasta hace un siglo, o sea, ha habido un giro en el flujo migratorio hacia Chile (…) Esto dado por distintas razones, porque el país se vuelve un factor de atracción por su estabilidad económica, política y social en distintos tiempos de estos 20 años, además, esos países de donde salen no están cumpliendo con suplir necesidades básicas”.

La experta señala que dada esa lógica ha habido un aumento en la base de datos de forma paulatina y las personas que ingresan han ocupado las posiciones de los cuatro tipos de tramos que existen en Fonasa. Por ejemplo, “los tramos B, C y D están teniendo cotizaciones con pago, es decir, están pagando por su pertenencia a Fonasa (…) Es muy importante conocer a qué tramo de Fonasa pertenece la población extranjera para no solo decir que son cargas, sino que incluso son beneficiarios que aportan al sistema”.

Cabieses explica que es muy importante separar el uso del sistema de salud (público o privado) respecto a la densidad poblacional de cada territorio, “cada centro de salud primario, Cesfam, hospital y clínica va a funcionar con su población beneficiaria sobre todo en el público del territorio, y hay comunas de Chile que tienen alta densidad migratoria, por lo que el uso del sistema de salud en centros de atención primaria, postas rurales y hospitales también depende de la densidad de población del territorio en general y de población extranjera en el territorio particular”. Por ello, la especialista menciona que se debe entender bajo una lógica de un contexto del territorio y su población.