• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Cada vez son más los retos que tienen las autoridades en la materia de crimen organizado, no solo por su rápido avance e instalación, sino por la complejidad de los delitos y la realización de los distintos juicios de quienes son imputados por la ley. Uno de los casos más esperados era el de 12 integrantes de la primera célula del Tren de Aragua, sin embargo, el juicio que debió comenzar el lunes de esta semana, se ha aplazado hasta el 11 de marzo de 2025, luego que el abogado defensor de seis de los acusados, incluido el líder de la organización, renunciara.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el abogado defensor, Claudio Cofré, había intentado aplazar el juicio en otras oportunidades, debido a que estaba en el juicio de la banda de Los Gallegos, a quienes también defiende.

En cuanto a los acusados, Carlos González Vaca, alias “Estrella”; y Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, son algunos de los 12 miembros de la organización del Tren de Aragua que estarán a la espera del juicio, de acuerdo a la información de las autoridades, “Estrella” es el líder de la agrupación en Chile, y en su caso, la Fiscalía solicita dos penas de presidio perpetuo calificado, lo que significa una pena perpetua y 125 años de presidio por los distintos delitos que ha cometido.

Fallas del sistema de justicia y la capacidad de respuesta

Germán Klug, Fiscal (s) de Casablanca, en la Región de Valparaíso, explica que el sistema penal se encuentra sobrecargado de causas y esto afecta tanto al Poder Judicial, la defensoría penal pública y el Ministerio Público. “El volumen de causas ha crecido sostenidamente desde el inicio de la reforma penal, por lo que el agendamiento de causas en plazos más extensos se vuelve cada vez más común. Esto, en caso alguno, implica una disminución en la rigurosidad de la persecución penal o el juzgamiento de las mismas”, detalla.

De acuerdo con lo que explica el experto, la sobrecarga de causas podría ser una explicación de los extensos tiempos de espera para los juicios orales que están pendientes.

El fiscal señala que el sistema penal tiene un estándar muy alto, lo que implica investigaciones que requieren múltiples diligencias. Klug detalla que lo anterior, sumado al volumen de nuevas causas, “provoca dilaciones que lamentablemente son necesarias, pues de lo contrario implicaría bajar el estándar de investigación, lo que evidentemente es inaceptable. El refuerzo de las policías y del Ministerio Público, sin duda, ayudaría a descongestionar el sistema y con ello agilizar la tramitación de las causas”.

En tanto, Gonzalo Hoyl, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, comenta que en el 2017 se modificó el Código Procesal Penal, precisamente para evitar la dilación injustificada de los procesos. Incluso, Hoyl señala que en el “artículo 106 se establece que el abogado defensor no puede renunciar en los 10 días previos a la audiencia de juicio oral y tampoco 7 días antes de la audiencia de preparación de juicio y se pone como sanción que, si renuncia a su cargo en esos plazos o no asista la audiencia, se aplica la suspensión de la profesión, pero en un plazo de hasta 60 días”.

Asimismo, el experto señala que, en este tipo de casos, como el del Tren de Aragua y los que contienen “muchísima información”, es muy difícil, ya que los tiempos de una nueva defensa son cortos para la preparación de enfrentar un juicio oral con la garantía que posee todo imputado: “Esto produce una dilación, que la única manera que tiene el sistema procesal de poder controlarlo es a través de la sanción, porque igualmente hay que respetar los derechos y garantías que tiene todo imputado de contar con el tiempo de una defensa adecuada para poder tener una defensa técnica”.