• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Durante las próximas semanas comenzará a operar en Santiago la nueva estrategia de la Fiscalía Nacional, focalizada y especializada en la investigación de los homicidios cometidos en contexto de crimen organizado en determinadas regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana. Esta medida se ejecutará a disposición del plan “Calles sin Violencia” que anunció el Gobierno.

La Jefa de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, explica que el objetivo central de este plan consiste en fortalecer la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos en que ocurren los homicidios, con la finalidad de que el Sistema de Justicia Penal pueda entregar una respuesta, tanto a las víctimas como a la ciudadanía en general, respecto de los asesinatos perpetrados en el contexto antes señalado.

La abogada precisa que el plan funcionará en la Región Metropolitana bajo la lógica de trabajo de focos investigativos interregionales, promoviéndose la investigación desde una “perspectiva integrada”, en la que, además de investigar el caso en concreto, se permita abordar a las organizaciones criminales que están detrás de ellos y los delitos conexos que se identifiquen dentro de su programa delictual.

Además, la estrategia contempla la promoción de una pronta diligencia de actividades, la uniformidad de criterios y el tratamiento del delito desde el primer momento de su comisión, fortaleciéndose la coordinación entre todos los actores involucrados.

“En especial, hemos trabajado esto de manera muy cercana con las fiscalías regionales de la Región Metropolitana, para incorporar las mejores prácticas y experiencias de todas ellas y fortalecer así el trabajo coordinado en toda la región. Se trata, en este sentido, de una experiencia inédita que no se habría podido lograr sin el trabajo con todos los fiscales regionales”, manifiesta Morales.

Indicadores, protocolos y zonas de acción

La Jefa de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional recalca la labor de trabajo y coordinación con las diferentes fiscalías regionales para establecer directrices y protocolos unificados.

A modo de ejemplo, Morales señala que se establecerán criterios de inclusión, cuya concurrencia servirá de fundamento para abordar el delito de homicidio a través de este plan, y entre ellos, destaca entre otros:

• El uso de armas de fuego
• La multiplicidad de disparos
• La nacionalidad de la víctima o del presunto agresor
• El lugar de comisión del delito
• La relación con bandas criminales
• Marcas de tortura
• Disparo a quema ropa

Según explica la experta, los equipos se concentrarán en las comunas y regiones con mayores niveles de homicidios, donde se trabajará junto a fiscales especializados en estos delitos, con un equipo experto en materia de análisis delictual y manejo de información, además de personal policial especializado y con una intervención focalizada en los sitios del suceso.

De acuerdo a un informe realizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los homicidios cometidos en 2022 sumaron 482 casos en dichas zonas de la capital, de los cuales, 259 fueron consumados y 223 frustrados. Estos datos suponen un aumento del 32% en relación con el año 2021. Además, casi el 40% de los asesinatos ocurridos en aquella jurisdicción, en primera instancia, están vinculados a bandas de crimen organizado.

“En la Región Metropolitana, un fiscal regional hará las veces de coordinador, articulándose y trabajando conjuntamente con el resto de los fiscales regionales. En el resto de las regiones asignadas a este plan, como es obvio, ese trabajo recaerá en cada fiscal regional. En la Fiscalía Nacional esto será coordinado por el Director de la Unidad de Crimen organizado, Ignacio Castillo Val, y por la Jefa de la División de Estudios”, afirma Morales.

Lo que se espera en la desarticulación de bandas organizadas

La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, enfatiza en que los esfuerzos que se están dando a nivel regional tienen que llevarse a cabo en todo el país. Ante esto, recalca en que esta estrategia no se puede focalizar únicamente en comunas determinadas, y señala que, más que planes y acciones específicas, se requiere implementar una “arquitectura de seguridad” que permita enfrentar este problema.

“Una arquitectura de seguridad que genere la institucionalidad especializada necesaria, que incorpore una mirada sistémica para que esa institucionalidad especializada pueda avanzar y tener un trabajo eficiente. Que el Ministerio Público tenga un trabajo eficiente y eficaz, que la legislación sea parte en el fondo de un proceso de formulación de leyes que permita revisión constante para poder ir adaptándose a las realidades criminales que estamos viviendo hoy día”, expresa la experta.

En esa línea, la investigadora sostiene que debe existir una mirada sistémica a nivel Estado para enfrentar el problema de seguridad, y que, a su vez, haya una coordinación del gobierno nacional, regional y local, a modo de que cualquier medida que se pueda diseñar y aplicar en focos específicos, responda a esta arquitectura de seguridad para llevar a cabo una estrategia mucho más efectiva.

“Lo más eficiente en ese caso para combatir este tipo de amenaza es la fortaleza de las instituciones del Estado, disminuir la corrupción que pueda existir y poder ir generando medidas en ese sentido para que se vayan cerrando los espacios que puedan ser llenados por este tipo de organizaciones”, agrega Pilar Lizana.