El fallecimiento del cabo 1° Marcos Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), volvió a evidenciar la complejidad que enfrentan las policías chilenas en procedimientos de alto riesgo. El funcionario murió este sábado luego de permanecer internado en estado crítico tras recibir un impacto balístico durante un operativo donde se intentaba capturar a Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, prófugo vinculado al homicidio del cabo Eugenio Naín.

Su muerte se suma a otros casos recientes de funcionarios fallecidos o gravemente heridos durante procedimientos policiales, en un contexto donde los expertos coinciden en que el perfil de la delincuencia ha cambiado significativamente y los riesgos operativos son hoy considerablemente mayores que hace una década.

Delincuentes más violentos y preparados

Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, sostiene que el incremento de policías heridos o fallecidos responde principalmente a la transformación del fenómeno delictual en Chile.

“Básicamente se debe a que la delincuencia en Chile cambió. El delincuente tradicional chileno se caracterizaba por delitos contra la propiedad y cuando aparecía Carabineros huía. Hoy tenemos delincuentes mucho más osados, peligrosos, que enfrentan incluso condenas de cadena perpetua y no están dispuestos a ser capturados”, explica.

El académico agrega que el avance del crimen organizado también modificó completamente el escenario operativo. “Tenemos además el fenómeno del crimen organizado, que hace un uso intensivo de armas de fuego y cuyos integrantes están preparados para utilizarlas en cualquier momento. Este cambio en el comportamiento de la delincuencia hace que los procedimientos policiales tengan hoy exigencias mucho más altas”, afirma.

A juicio de Araya, las policías necesitan adaptar sus protocolos a esta nueva realidad. “Ya no se justifica que Carabineros pueda realizar este tipo de operativos con su uniforme tradicional. Cuando se trata de allanamientos, persecuciones o procedimientos de fiscalización de alto riesgo deben contar con equipamiento de mayor protección, como cascos, chalecos balísticos y protección corporal completa para disminuir la vulnerabilidad frente a proyectiles”, señala.

El cabo 1° Marcos Cosme, fallecido tras recibir disparos de un delincuente.

El especialista sostiene que el principal déficit sigue estando en la preparación. “Creo que todavía falta entrenamiento para enfrentar esta delincuencia mucho más peligrosa. No pueden utilizar los mismos protocolos que hace algunos años. Se requieren procedimientos de mayor protección y resguardo para evitar las bajas que hemos visto durante el último tiempo”.

Procedimientos cada vez más complejos

Para Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, lo ocurrido con el cabo Cosme debe entenderse como parte de un cambio estructural y no como un hecho aislado, “esto es una señal de una transformación más profunda del escenario que enfrentan las policías”.

Agrega que “más que concentrarnos únicamente en el número anual de funcionarios heridos o fallecidos, debemos observar que los procedimientos se están desarrollando en contextos más imprevisibles, con una mayor disponibilidad de armas de fuego, delincuentes dispuestos a utilizarlas y organizaciones que cuentan con capacidad para vigilar, anticipar o responder violentamente frente a la acción policial”, sostiene.

Carencia estadística

Toledo advierte además que Chile enfrenta una importante debilidad en materia de información. “No existe todavía una serie pública, homogénea y suficientemente detallada que permita comparar año a año a todos los funcionarios de Carabineros y de la PDI heridos o fallecidos en actos de servicio, distinguiendo además la naturaleza del procedimiento y el tipo de agresión. Esa carencia estadística es, en sí misma, un problema”.

Pese a ello, afirma que la reiteración de ataques evidencia una tendencia clara y demuestra que el riesgo policial no solamente ha aumentado, sino que también ha cambiado cualitativamente. “Hoy una fiscalización, una orden de detención o el ingreso a un domicilio pueden involucrar personas fuertemente armadas, prófugos vinculados con homicidios, redes de narcotráfico o grupos capaces de reaccionar coordinadamente frente a la acción policial”, comenta. Por ello, sostiene que la planificación debe incorporar más variables.

“El estándar de planificación no puede depender únicamente de la peligrosidad aparente del procedimiento. Debe considerar información de inteligencia, antecedentes criminales, posibles rutas de escape, disponibilidad de armas y capacidad de apoyo inmediato”, advierte.

Experiencias internacionales

Araya sostiene que varios países de la región ya han debido modificar sus procedimientos frente al aumento de la violencia criminal. “En otros países se adoptan protocolos de mucho mayor resguardo. Una persecución no puede ser enfrentada por una sola patrulla; necesariamente debe recibir apoyo de otras unidades policiales. Además, los funcionarios no deberían descender del vehículo ni enfrentarse directamente a los delincuentes hasta que estos hayan sido obligados a deponer su resistencia en condiciones que permitan resguardar la seguridad de los policías”.

A su juicio, esos aprendizajes deberían incorporarse progresivamente en Chile. “Hay protocolos que otros países vienen aplicando producto del avance de la delincuencia y de su mayor peligrosidad en todo el continente”, comenta.

Aumento de funcionarios asesinados

Una visión similar plantea Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, exsubdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y exasesor de la Comandancia en Jefe del Ejército. El especialista afirma que la tendencia al aumento de funcionarios asesinados también tiene consecuencias para las propias instituciones.

“Eso impacta el interés por ingresar a las filas policiales y se transforma en un problema para el reclutamiento, especialmente cuando se suma una remuneración que muchas veces no parece acorde con las obligaciones y las exigencias que enfrentan”, comenta.

Abedrapo sostiene que el crimen organizado, el narcotráfico y el mayor acceso a armas explican buena parte del incremento de la violencia contra las policías. “Hoy los delincuentes portan armas de fuego y muchos de los delitos más violentos están asociados al crimen organizado y al narcotráfico. A eso se suman conflictos presentes en algunas zonas del país, lo que genera un escenario mucho más complejo desde el punto de vista del orden y la seguridad”.

Asimismo, advierte que la incorporación cada vez más temprana de adolescentes y jóvenes al mundo delictual representa un desafío adicional.

Respecto de las medidas que podrían fortalecer la protección de los funcionarios, Abedrapo señala que la experiencia comparada ofrece ejemplos relevantes. “Hay que observar lo que ha ocurrido en Colombia, el proceso mexicano y también el caso de Rosario, en Argentina, donde una mayor eficiencia policial, mejor tecnología, una acción más efectiva del Ministerio Público y una mayor voluntad política permitieron revertir parte de la crisis de seguridad”, concluye.