Dicotómicas y antagónicas: Así podrían definirse las primeras normas en materia previsional que fueron votadas este martes por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional (CC). Los convencionales que componen la comisión decidieron rechazar en general la iniciativa popular de norma “Con mi plata no” (60.852 adherentes). En tanto, aprobaron la iniciativa popular “El derecho a la seguridad social” (24.110 adherentes). A raíz de esta votación, ¿cuáles son los posibles escenarios que podría vivir la previsión social en Chile y qué consecuencias podría traer la eliminación de las AFP?

Las normas que fueron discutidas contenían la siguiente información:

• “Con mi plata no”: La iniciativa, ingresada el 15 de diciembre de 2021, tiene como principales objetivos garantizar la propiedad de los fondos actuales y futuros, además de que estos sean heredables. Por otra parte, busca consagrar la libertad de que los afiliados puedan elegir entre instituciones públicas o privadas. En tanto, plantea que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a monto ahorrado. Por último, propone que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales.

• “El derecho a la seguridad social”: La iniciativa popular de norma, que fue presentada el 9 de diciembre de 2021, plantea la consagración del derecho a la seguridad social “de forma tal nunca quedar sujeto al arbitrio de los gobiernos de turno. Derecho que debiera ser garantizado por el Estado, lo que supone que jamás este derecho debiera estar sujeto al lucro”.

“La seguridad social es un derecho fundamental. Las dos propuestas reconocen que estamos frente a un derecho fundamental que le corresponde a todas las personas. Si bien la votación que se evidenció ayer parte de esa base, la iniciativa propuesta por la coordinadora NO + AFP pone mucho énfasis en el ámbito de la gestión, que es uno de los ámbitos de la seguridad social. Si bien es relevante, no es lo esencial que debería incluirse en el nuevo texto de la Constitución”, explica Hugo Cifuentes, profesor de derecho y seguridad social de la Universidad Católica.

Cifuentes agrega que “la iniciativa aprobada especifica que la administración del sistema será pública, y recaerá en entes públicos, autónomos y sin fines de lucro. Sabemos que las únicas entidades estatales que lucran son las empresas del Estado, por ello, pareciera que la iniciativa se opusiera a la creación de una AFP estatal. En tanto, siendo el Estado el principal responsable de la gestión de la seguridad social, no podemos considerar la colaboración de privados, ni las autonomías colectivas, ni las iniciativas de los sectores intermedios en este ámbito”.

La iniciativa popular de norma aprobada indica además que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, de dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.

“La eliminación de las AFP que propone la iniciativa implicaría una serie de desajustes que dependen directamente del mercado de capitales que surge producto de los fondos previsionales. Son aproximadamente 170 mil millones de dólares que financian otro tipo de mercados. Por ejemplo, los créditos hipotecarios a tasas de interés al tres por ciento estaban netamente financiados por el capital disponible en los fondos de pensiones. La eliminación de las administradoras implica que un porcentaje relevante de ese capital, que está invertido en Chile, reformule su destino”, explica Nicolás Starck, profesor de finanzas de la Universidad Finis Terrae y experto en seguridad social.

Starck menciona algunos de los efectos que podrían ser provocados luego de la reformulación del sistema previsional:

• Alza en la tasa de interés en créditos.
• Dificultad en el financiamiento de proyectos económicos.
• Incertidumbre en el mercado.

Finalmente, el académico explica la importancia de generar continuidad en el sistema de seguridad social: “La totalidad de los fondos previsionales representa una fracción relevante de las pensiones que deben ser pagadas en un futuro. Cuando se interrumpe esa equivalencia entre el valor presente de las pensiones que deben ser pagadas y los ahorros, se hace necesario que otro ente financie esa diferencia. Si el Estado no cuenta con los recursos para pagar esa diferencia, se buscan mecanismos de financiamiento como las reformas tributarias y se dificulta mucho más que el Estado se haga cargo de otro tipo de necesidades sociales”.