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Gabinete Pro Seguridad: En qué consiste la instancia y las implicancias en el país

La iniciativa es parte de un nuevo paquete de medidas del Gobierno para enfrentar el crimen organizado. Especialistas abordan la factibilidad de estas.

En la mañana del miércoles, el Presidente Gabriel Boric encabezó la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad, el cual busca plantear mejoras en la crisis de seguridad que afecta al país. En la reunión participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el subrogante de Justicia, Jaime Gajardo y los subsecretarios Manuel Monsalve, Eduardo Vergara y Ricardo Montero.

El Gabinete Pro Seguridad posee distintos ejes de estrategia y, de acuerdo con la información del sitio web del Gobierno, este plan posee los siguientes objetivos:

• Mejorar la respuesta interministerial en materia de seguridad.
• Evaluar continuamente las medidas de seguridad en ejecución, resolviendo nudos críticos.
• Reforzar la presencia del Estado con actividades preventivas en lugares de alta vulnerabilidad a la influencia del delito y cultura del narcotráfico.
• Reforzar la complementariedad con los gobiernos regionales y municipalidades.

Sin embargo, esta primera sesión tuvo como finalidad solicitar e instruir al gabinete del Gobierno dos acciones específicas: Presentar una propuesta para el control de armas en el espacio público y el desarrollo de un plan de intervención en comunas con mayores índices de delincuencia, donde el riesgo sea elevado debido al narcotráfico y a la violencia constante, realizando énfasis en medidas preventivas para los jóvenes.

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Con relación al control de armas, la iniciativa tendrá tres ejes principales que buscan establecer mayores restricciones tanto para el mercado formal e ilegal, así como también instalar medidas para controlar armas ilegales en el espacio público, donde en lugares de mayor afluencia de personas se instalen portales de control de armas. Como tercer punto, se desarrollará un programa de acción, el cual se dedicará al control del microtráfico de drogas, realizando énfasis en zonas residenciales.

Por otro lado, está la segunda petición del presidente: un plan de intervención en comunas de alto riesgo, el cual está enfocado en medidas preventivas, especialmente para los jóvenes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló en una entrevista en 24Horas, que todo esto se acompañará con actividades donde se trabajen “con los jóvenes individualmente que están en riesgo, pero lo que falta es una prevención en el barrio, llevando deporte, cultura y de alguna manera fortaleciendo la comunidad para que sea un factor de protección contra el narco que trata de reclutar a sus soldados precisamente en esos lugares”.

La mirada de los especialistas

Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, señala que estas medidas “apuntan a los delitos que mayor impacto causan en las personas, y que están asociados al crimen organizado, peros su verdadero efecto solo lo conoceremos en la medida que persistan en el tiempo”. Sin embargo, comenta que el Gabinete Pro Seguridad “apunta correctamente a frenar las frecuentes balaceras que afectan a varias comunas. La duda es la verdadera capacidad de lograr esos objetivos y de asumir las consecuencias políticas de potenciales enfrentamientos”.

Con relación a las implicancias para la ciudadanía, Müller señala que el orden y la seguridad es una prioridad, “eso explica en parte la mala evolución del Gobierno, por lo mismo toda medida que aumente la sensación de seguridad será bien recibida”.

En tanto, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, señala que este tipo de instancia colocan “en evidencia la necesidad de tener un ente coordinador en un nivel jerárquico superior a los ministerios que funcione de manera permanente para que guíe la conducción política, y también para que genere las coordinaciones intersectoriales que se necesita para responder a la seguridad y así poder tener un sistema de seguridad nacional”.

Asimismo, se refiere a la medida sobre el control de armas y explica que “el Estado tiene que tener un registro de las personas que cuentan con armas en sus casas y de aquellos privados que cuentan con armamento. Además, debe existir una fiscalización importante en cuanto a armería”, ya que la experta señala que existe una arista que posee poca visibilidad y explica que las armerías deberían contar con un registro de las personas que van a comprar, “para evitar que estas que poseen algún tipo de antecedente compren esas armas”.

Por otro lado, Lizana comenta que estas medidas no solo deberían apuntar a los civiles que posean armamento, ya que no “soluciona el problema de fondo, porque el tráfico de armas que se da en Chile, tiene que ver con lo que viene desde el exterior que pasan por Chile y se dirigen a otros lugares. Tenemos corredores en el norte que se han identificado”.

En cuanto a la militarización de zonas de alto riesgo, la especialista menciona que las Fuerzas Armadas “no están preparadas para cumplir un rol dentro del Estado en materia de orden público, estas tienen una formación militar para cumplir en amenazas que vienen desde el exterior”. Sin embargo, señala que las Fuerzas Armadas sí tienen una función en las fronteras “que pueden contribuir en la labor de seguridad pública y lo hacen integrándose en ella al momento de tener información de alguna amenaza”.

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